Lo fácil: no llueve, falta agua, caen los resultados económicos, falta materia prima en la industria, menores exportaciones, se tensa la situación laboral en molinos, lácteos y frigoríficos, incendios, miramos el cielo, pedimos apoyo (mínimo frente a lo que el sector entrega a la sociedad) y escondemos la real falta que no es el agua sino las políticas agrarias. ¡Claro que 3 años de baja pluviosidad son demasiados! Baja y mal distribuida rindiendo aún menos. Mientras hubo que resembrar cultivos por no nacer, incurrir en mayores costos en cada rubro del agro, proporcionar concentrados crecientes a vacas lecheras y ganados de carne, tolerar menores rendimientos en kg de carne, terneros nacidos o litros de leche y kg de grano. Obtener producciones menores al potencial y a los recursos invertidos teniendo, además, menores efectos beneficiosos hacia la sociedad que incluye desde fletes a consumo de gasoil, de actividad portuaria a talleres y comercios del interior, desde impuestos a.… trabajo y bienestar.
“El agua es de todos”
Los actores, a través de sus gremiales y el gobierno desde su ministerio especializado, buscan soluciones financieras, algunas casi risueñas como postergar un mes un vencimiento impositivo, otras más importantes como otorgar un mayor plazo a los créditos o inclusive otorgar algún crédito nuevo a baja tasa de interés. Como siempre, el BROU constituyéndose en la única herramienta potente de política sectorial.
Pero eso no ataca el problema de fondo, del cual casi nadie se acuerda: el del agua en el país desde que la fatídica reforma constitucional del 2004 y sus reglamentos incluyendo la Ley que declara pública toda agua salvo “las aguas pluviales que son recogidas por techos y tanques apoyados sobre la superficie de la tierra”. En otras palabras, corre medio metro por el suelo y ya, para utilizarla, se necesita permiso del Estado. Claro, reforma corporativista (FFOSE) votada capciosamente por 1:4 millones de uruguayos bajo el estribillo que “el agua es de todos”. ¿Para usarla? Permisos, trámites, contratación de geólogos, ingenieros agrónomos, escribanos, pasos en el MGAP, en Medio Ambiente, permisos hasta de UTE en algunos casos desconociendo que ya las represas son secundarias en la generación frente a paneles, biomasa y generadores eólicos. El cambio tecnológico se comió a la hidroelectricidad, pero el agua sigue siendo imprescindible para la vida y la producción agraria; priorizar su uso con ese fin y terminar la tutela de la UTE sobre los lagos debe hacerse ya. Es lo que se hizo en beneficio de UPM2 y se está planificando para los grandiosos proyectos de hidrógeno verde de Ancap y el MIEM: agua en abundancia mientras que para la producción agraria se dificulta y retacea.
Pero volvamos a las medidas en curso, se habla de facilitar la importación de ración y forrajes cuando, en un país abierto al mundo, esa apertura debiera ser permanente y debería permitírsele a cualquier productor la compra e importación (casi sin tramites) de los insumos que necesite. Eso aumentaría la competitividad de la producción agraria nacional en todos los tiempos: con o sin sequía, y no debe estar fuera del paquete de herramientas a adoptarse. Así como debiera exonerarse de IVA a todos los insumos y servicios relacionados con inversiones en aguadas, conducción de agua, desarrollo de sistemas de riego, etc. y a fardos y su flete. Cierto es que hay formas de conseguir su devolución (mil tramites y 1 año después), pero el desestimulo que causa desestimula la inversión.
Complementariamente debería incrementarse la faena renegociando urgente con China la permanencia de 90 días en predio para exportar y restringiendo el seguro de paro parcial de la industria, son herramientas no descartables para mejorar la competitividad y aumentar la extracción de ganado antes del invierno. También reformular la política láctea especialmente la laboral, facilitando la formación de cuencas y la subsistencia de las empresas menores quizás a través de proyectos en los que se vinculen obras multiprediales con la industria y bajo su administración en tanto la leche sea producida con ese destino.
Asimismo, bajar los combustibles a valores que permitan amortiguar costos de producción agraria y de las obligadas inversiones en curso. Terminar al respecto con la injusticia de que los productores agropecuarios pagan $ 4,98 por litro de gasoil con destino al subsidio de las empresas de transporte de pasajeros además de las ineficiencias generales de ANCAP incluido el portland y la enorme porción de distribuidoras y agencieros que, como se dice habitualmente: tienen la vaca atada ante la tolerancia del MIEM y de la URSEA.
También liberalizar urgente los mercados de insumos incluyendo semillas; debe comenzar a sembrarse verdeos ya, no se trata de hacer un relevamiento de disponibilidad de semilla forrajera como anuncio el ministro a las gremiales, se trata de liberalizar su importación.
Y mil cosas podrían decirse de un ministerio que ha olvidado que su objeto último es analizar y diseñar políticas agrarias adecuadas para que los productores, en ese marco, desarrollen su saber.
Mientras, el agro se sigue despoblando nada hacemos por dar condiciones de vida, explotación y persistencia. En Europa la tesorería les paga por quedarse en el campo, aquí la tesorería les cobra por producir. Claro, mientras no sean inversión extranjera, allí opera todo diferente. Y el Estado se preocupa por importar ración o repartirla entre los productores familiares, en lugar de fijar políticas públicas adecuadas.
*Ing. Agrónomo. M. Sc. Agricultural Economics (University of California, Davis)
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