En estos últimos cuatro años el Frente Amplio ha demostrado una oposición sistemática al gobierno y una debilidad uniforme en todas sus argumentaciones.
Comenzando por su reciente oposición a la ley que dispuso la apertura de los archivos de la dictadura, a pesar del trabajo infatigable del grupo o colectivo de “Memoria, Verdad y Justicia”. Han salido los senadores Brenta y Mahía a justificar la negativa de aprobar el texto legal alegando que se había omitido la intervención de quienes debían participar en su redacción y no habían sido escuchados. Textualmente dijeron que no votaron el proyecto “porque carece de un elemento fundamental que es la ausencia de participación de actores sociales importantes en el tema”.
Asoma en ese rechazo el temor de que la opinión pública conozca las declaraciones, que pudieren haber sido arrancadas por apremios a los que fueron sometidos los sediciosos imputados.
Si estamos en busca de la verdad, a la que tienen derecho todos los ciudadanos, no puede ocultarse el contenido de esos archivos porque son documentos históricos de un período oscuro de nuestra historia, desatado por los crímenes de la sedición y seguidos por el desborde represivo de los militares golpistas.
Del mismo modo se han opuesto a la “reparación de las víctimas de la guerrilla” aduciendo que el Estado no debe reparar lo que no causó, que es un argumento inmoral de quienes cometieron “Delitos contra la Patria” (art. 132 inciso 6 que regula el Atentado contra la Constitución), agrediendo a un sistema democrático en forma tal que obligó a una declaración del estado de guerra interna, aprobado por amplia mayoría legislativa.
En estos mismos días de conmemora por parte del frenteamplismo y sus integrantes tupamaros el día de los desaparecidos víctimas de los actos de la dictadura. También podemos señalar que el 18 de mayo de 1972 se recuerda hoy como la fecha de la ejecución, cobarde y alevosa de cuatro soldados que estaban de custodia frente a la casa del comandante en jefe del Ejército de aquel entonces.
Si hablamos de “Crímenes de Lesa Humanidad”, recordemos todos y no solo los de la represión o del llamado terrorismo de Estado cuando es innegable que hubo un terrorismo sedicioso, negado por historiadores de pacotilla que más que historiadores son operadores embozados que han creado un relato mentiroso al servicio de sus preferencias ideológicas.
O acaso no lo son el asesinato de Pascasio Báez, las torturas de la Cárcel del Pueblo, los crímenes de aquel fatídico 14 de abril de 1972, la toma de Pando con la muerte de inocentes, la bomba del bowling de Carrasco, el secuestro de Sergio Molaguero, que todavía está esperando su reparación, a la que tiene todo el derecho después de haber sido encerrado en un sótano maloliente por 69 días, comiendo bazofia y durmiendo con alambre en sus muñecas, de donde salió pagando diez millones de pesos de aquella época y con treinta kilos menos de peso corporal.
Preguntamos: ¿a esa gente ajena al conflicto y atacada sin piedad es a la que se niega la reparación?
¿Y los que la niegan son los mismos que ya llevan quince leyes en su beneficio en reparación por ser víctimas de la dictadura? ¿Son los que en el programa de gobierno que hoy presentan a la ciudadanía, han previsto continuar expoliando al pobre y sufrido contribuyente, después de haber logrado 15 leyes de reparación para sus víctimas y ahora proponen “revisar las leyes reparadoras de víctimas de la actuación ilegítima del Estado incluyendo situaciones que no fueron contempladas o que no fueron reparadas debidamente”?
Estos son los temas que la prensa oficialista debería abordar, en cambio observamos perplejos cómo el diario El País en lugar de denunciar las debilidades del Frente Amplio se distrae en atacar a Cabildo Abierto, a su conductor y líder Gral. Manini aludiendo al menor y superado problema de la Dra. Moreira, que lejos de ser un tema judicializable solo constituye un par de actos aislados de favorecimiento a personas o grupos familiares necesitados de vivienda, dentro del marco de los actos discrecionales que la normativa autorizaba (aunque los informes jurídicos nunca destacaron ese aspecto) y por eso se cambió.
No es este el único ataque que ha recibido Cabildo Abierto del matutino, pues siempre ha estado en contra de las iniciativas en favor y consideración a las necesidades populares, como es el caso de la lucha contra la usura que no acompañó, por la indudable presión del sistema financiero. Tampoco en el caso de las limitaciones a la ley forestal que lejos de afectarla, solo aspiraba a que las mejores tierras se emplearan en la producción de alimentos y no a sufrir el expolio de la plantación de pinos o eucaliptos. Claro que también afectaba poderosos intereses.
Es decir, consideramos que sería más adecuado que en lugar de atacar a un partido que es miembro insustituible de la coalición que gobierna y piedra de toque para su triunfo, optara por dedicarse al enjuiciamiento crítico del verdadero adversario.
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