“¿Hasta dónde debe ir la prensa? ¿Cuál es el límite entre el interés público, lo que debe ser informado, y la privacidad de una persona o una organización?”. Con esas preguntas disparadoras un periodista radial abrió, días atrás, una de las secciones de su programa.
La inquietud estaba planteada por dos acontecimientos ocurridos los últimos días: la agresión a una movilera de televisión por parte de un grupo de mujeres en la marcha del 8 de marzo, que motivó un polémico comentario de la presentadora del informativo cuando dijo “no tenemos que estar donde no nos quieren”. Y el segundo episodio fue la publicación en un semanario de una conversación privada entre un jerarca de ASSE y un particular, que detonó la renuncia del primero.
Fue una atinada iniciativa de la producción de ese programa poner el foco en un debate de fondo sobre situaciones que generaron reacciones e intercambios muy fuertes entre periodistas en las redes sociales. Es importante procurar dar un paso más en el análisis cuando se trata de un asunto tan vital para la democracia, como es la función del periodismo, el interés público y las garantías de las personas.
¿Interés público u operación política?
El primero de los asuntos que se puso a consideración fue la publicación por el semanario Búsqueda de una conversación privada del entonces director de ASSE, Enrique Montagno. Para ello, invitaron a una persona directamente involucrada, como es el director periodístico del medio, Andrés Danza.
El presentador introdujo el tema cometiendo un error que se repitió en muchos de sus colegas. Habló de las “declaraciones” de Montagno, cuando técnicamente no se trata de declaraciones, sino de meras expresiones. Una de las definiciones de ‘declaración’ según la RAE es: “manifestación formal que realiza una persona con efectos jurídicos”. Claramente en este caso no hay formalidad y se entiende que hay declaración cuando, por ejemplo, se da voluntariamente una entrevista o se está frente a una conferencia de prensa, pero nunca cuando se habla en un ámbito de reserva e intimidad.
“¿Qué criterios utilizaron en Búsqueda para entender que esta era información digna de ser publicada?”, interrogó el periodista a Danza. “Yo creo que el interés público es evidente al punto que el presidente, junto con Manini, deciden pedirle la renuncia”, respondió. “Es un material que llega a Búsqueda porque está circulando entre dirigentes de Cabildo Abierto y en el cual, en una oficina pública, en el despacho de este vocal de ASSE, participa un jerarca del Estado y se refieren a cuestiones de interés público”, sostuvo.
En primer lugar, vale decir que el audio nunca circuló ni circula actualmente entre dirigentes de Cabildo Abierto. Bastó una llamada a sus referentes para desmentir esa afirmación, dado que todos aseguran desconocer el famoso audio. “La grabación es muy larga, es una hora y media”, agregó Danza. Pero entonces, si ya circula en las redes, ¿por qué no lo publicaron íntegramente?
Por otra parte, el interlocutor de Montagno dijo al medio “desconocer la existencia de un registro de la charla”. Si no la grabó Montagno ni su interlocutor, ¿quién fue? ¿Cabe la posibilidad de que los despachos de una oficina pública estén intervenidos por micrófonos? Esto sería gravísimo y amerita una investigación de oficio de Fiscalía.
Danza considera como principal argumento que la información publicada es de interés público, lo cual justificaría la difusión de una conversación privada. Entiende que es de interés público por tratarse de un funcionario público hablando sobre temas relativos a la gestión y al Estado. Vamos a interpretar que eso es correcto. Pero hay un problema. Búsqueda no resiste el archivo.
El 11 de noviembre de 2020, ese semanario publicó una conversación privada entre el diputado Eduardo Lust y un grupo de personas que lo grabaron sin su consentimiento. En la charla se contaban muchas intimidades sobre la interna partidaria de Cabildo Abierto. ¿Es esto también interés público? Claramente no, y aquí se hace pedazos el argumento de Danza. Más bien el denominador común en ambos casos es que se trata del mismo partido.
Esto sin mencionar cuando el semanario publicó un extenso artículo sobre un zoom interno del senador Guido Manini con sus agrupaciones, o la revisación exhaustiva de las cuentas de Facebook y Twitter de los integrantes de Cabildo Abierto.
Mucho más que una cuestión de procedimientos
“¡Como les molesta a algunos el periodismo independiente! En Búsqueda no compramos, ni operamos, ni traficamos. Informamos, que es lo que mejor sabemos. Las estupideces y presiones, que bordean amenazas, nos dan más fuerza todavía”, escribió Danza en su Twitter. En realidad, el único trabajo del medio fue desgrabar el audio que les llegó, según dicen, casi de casualidad. No fue el trabajo de un periodista o de una investigación.
Ni siquiera realizaron la tarea de chequear la información a partir de las expresiones vertidas en la conversación privada. Desde luego, que no preguntaron a Montagno si era auténtico el audio o si tenía algo para decir en su defensa. Ni preguntaron en ASSE sobre el tema de los cargos. Ni a Cipriani si, efectivamente, había sido amenazado alguna vez.
Queda en el aire la duda, ¿y si el audio estaba adulterado? ¿Si estaba editado? ¿Si el día de mañana les llega un audio de un imitador? ¿Cómo lo chequean? ¿Pasó por algún peritaje? ¿O simplemente ponen toda su confianza en un material dado por un extraño así nomás?
¿Significa que debió descartarse el audio por parte del medio? De ninguna manera. Lo que corresponde a una publicación seria es utilizarlo como materia prima para una investigación de rigor, en lugar de buscar el puro efectismo que podría conducir a una verdadera guerra de espionaje cruzado. ¿Cuál es el límite?
Por otra parte, parece que el contexto en que se dan las conversaciones privadas no importa en absoluto. Basta que haya sido en el despacho y que el funcionario no sea amigo de su interlocutor para suponer que todo lo que se dice es cierto, lo cual es ridículo.
La redactora responsable de Brecha, Mariana Contreras, que también participó del espacio radial dijo: “si un día tengo una grabación de cualquier presidente de la República conversando con su señora esposa y, por hablar en términos extremos, está diciendo que va a dar un golpe de Estado ¿tengo que decir que es una conversación privada?”. El ejemplo elegido es apropiado, pues entre sábanas y en una elucubración erótica del poder, las personas son capaces de decir ese tipo de cosas y mucho más, incluso podría manifestar un deseo muy reprimido de enviar a la guillotina a sus traidores o aduladores, y nadie podría tomarlo en serio. El punto es que se reitera la idea de que el contexto no importa, y esto es grave para el periodismo.
Principios y ética en la profesión periodística
Lo cierto es que el contexto sí es importante. La Society of Professional Journalists (SPJ) es, desde 1909, la principal asociación de periodistas de Estados Unidos. En su código de ética da algunas pautas que es bueno refrescar, y entre ellas dice que el periodista debe:
– Proveer contexto. Debe tomar un
cuidado especial en no tergiversar o sobre-simplificar al promover, dar un
avance o al resumir un reporte.
– Identificar sus fuentes claramente. El público tiene derecho a cuanta
información sea posible para así juzgar la confiabilidad y motivaciones de las
fuentes.
– Tener en cuenta los motivos de la fuente antes de prometerle anonimato.
Reservar el anonimato para fuentes que puedan encontrarse en peligro, estén en
cara a la venganza o algún otro perjuicio, y de las cuales el anonimato sea el
último recurso para obtener la información.
– Buscar diligentemente a personas que son objeto de noticias para que puedan
responder a críticas o alegaciones de fechoría.
– Evitar métodos de reportaje encubiertos u otro tipo de recopilación de
información sigilosa, a menos que los métodos tradicionales y abiertos no den
resultado en dar al público información vital.
El Código de Ética periodística de CAInfo (Uruguay) en su capítulo III “Principios de actuación”, señala en el punto 14 que:
– Los periodistas deberán utilizar métodos honestos para obtener la información y, por lo tanto, evitarán hacerse pasar por otra persona, grabar de manera clandestina llamadas telefónicas, utilizar cámaras o micrófonos ocultos, o sobornar testigos. Estas recomendaciones son de cumplimiento estricto, y su no observancia solo es justificable en aquellos casos en los que estén en riesgo derechos básicos fundamentales consagrados por la legislación nacional e internacional de Derechos Humanos como los relacionados a la vida, la salud o la seguridad.
Esta semana, el senador Manini dijo: “estamos entrando en una especie de amarillismo político que creo que nos va a llevar por mal camino a todos”. En tanto, el presidente Lacalle Pou aseguró que le parece “bastante vergonzoso las grabaciones que se dan en el ámbito privado y después se difunden”.
Nuestro país, que se ha nutrido de grandes redacciones y periodistas de fuste, no se merece caer en una decadencia tan miserable que pauperiza la noble y fundamental función del periodismo.
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