La reciente acción unilateral estadounidense en Venezuela ha reavivado un debate antiguo y crucial: el de los fundamentos de la convivencia entre naciones. Algunas voces celebran la eficacia de la fuerza ante el fracaso de las instituciones, presentándola como un mal necesario. Otras, con alarma, ven la demolición de un orden basado en reglas. Para comprender la verdadera envergadura de este momento debemos remontarnos a dos ideas gemelas que forjaron el mundo moderno: la república y el sistema internacional que de ella nació.
El Estado republicano, cuya esencia es la res publica o “cosa pública”, se construye sobre la soberanía popular, el imperio de la ley y la separación de poderes. No es solo una forma de gobierno; es una declaración de que los asuntos comunes deben regirse por normas y no por el capricho de un monarca. Este concepto, al proyectarse al exterior, engendra el principio cardinal del orden internacional contemporáneo: la soberanía estatal y el respeto recíproco entre iguales. Un Estado republicano, por su propia naturaleza, reconoce la legitimidad de otros Estados que emanan de la voluntad de sus pueblos. La paz y el desarrollo sin precedentes de la segunda mitad del siglo XX no fueron un accidente, sino en gran medida el fruto de este ecosistema de repúblicas que intentaron regular sus relaciones mediante el derecho, no solo la fuerza.
Sin embargo, es un error considerar este orden como una realidad pacífica y siempre respetada. La historia muestra que el principio de no intervención ha sido desafiado una y otra vez. De hecho, el orden posterior a 1945, aunque más institucionalizado, estuvo marcado por la Guerra Fría, donde la seguridad nacional primó con frecuencia sobre el derecho. Lo que hoy vemos no es, pues, una novedad absoluta, sino la reaparición en un nuevo contexto de una tensión permanente entre soberanía e injerencia.
¿Por qué entonces la crisis venezolana resuena como un punto de quiebre? Porque expone un doble fracaso en un momento de transición geopolítica crítica.
Primero, el fracaso regional. Los mecanismos de control y salvaguardia democrática en América Latina fueron inoperantes. Esto no es un fallo casual, sino sintomático de “líneas de falla” estructurales de la región. Segundo, el fracaso del contexto global. La acción sobre Venezuela ocurre en el ocaso del orden liberal internacional que rigió tras la Guerra Fría. Estamos en una transición hacia un mundo multipolar, más competitivo y menos cooperativo, donde las grandes potencias privilegian la seguridad nacional y los acuerdos transaccionales sobre las instituciones multilaterales. El derecho internacional y organismos como la ONU se perciben, con razón o sin ella, como paralizados o selectivos. En este escenario, la tentación del unilateralismo crece y las acciones se enmarcan menos en un ideal de comunidad de naciones y más en una cruda realidad de esferas de influencia y competencias estratégicas.
Aquí reside la encrucijada. La salida fácil es cínica: concluir que, dado que las reglas siempre se han violado y ahora están en crisis, carecen de valor y debemos aceptar la ley del más fuerte. Es la postura que, con criolla picardía, denunciaba José Hernández al decir que “La ley es tela de araña […] no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos”. La salida difícil, pero indispensable, es la socrática: reconocer que la ley, incluso imperfecta o injustamente aplicada, es el único dique que tienen los débiles contra la arbitrariedad del poder. Destruirla porque hoy nos favorece contra un tirano es dejar sin defensa mañana a cualquiera que sea incómodo para una potencia.
Frente a la tragedia venezolana y la acción unilateral, el camino no es la resignación cínica ni el elogio de la fuerza. Es la reconstrucción. Exige, en primer lugar, que América Latina mire de frente su propio fracaso. La inacción y la complicidad ideológica dejaron un vacío de autoridad que otros llenaron. La soberanía regional solo se defenderá con una responsabilidad colectiva genuina, forjando instituciones regionales sólidas e imparciales, comprometidas sin ambages con la democracia y la dignidad humana.
Este esfuerzo debe ser el pilar de un reclamo mayor a la comunidad global. El momento actual de competencia geopolítica no puede clausurar la idea de un orden común. Por el contrario, lo hace más necesario que nunca.
Esto nos lleva a recordar la importancia que ha tenido, desde muy temprano en Hispanoamérica, el derecho internacional. Nuestra región no fue una mera receptora pasiva de normas foráneas; fue un laboratorio activo donde, en el fragor mismo de las guerras de independencia (1808-1826), se forjó una práctica concreta del ius gentium. Lejos de la anarquía que suele atribuírsele a aquellos años, beligerantes de ambos bandos –patriotas y realistas– suscribieron un complejo entramado de treguas, armisticios y capitulaciones. Inspirados por el pensamiento de figuras como el venezolano Andrés Bello, estos acuerdos, como el seminal Tratado de Regularización de la Guerra de Trujillo (1820), buscaban precisamente eso: regularizar el conflicto, estableciendo protocolos para el canje humanitario de prisioneros, el trato a los heridos y la protección de la población civil. En esta paradoja fundacional reside una lección profunda: en el instante mismo en que las nacientes repúblicas luchaban con máxima intensidad por su soberanía, estaban ya, de hecho, reconociendo que el ejercicio de la fuerza debía tener límites y someterse a normas de civilidad compartidas. Olvidar este legado, escrito en actas y tratados entre el humo de la pólvora, sería ignorar que el compromiso con un orden jurídico superior es parte constitutiva de nuestra propia historia y una de las respuestas más civilizadas que hemos dado, como comunidad de naciones, a la inevitable existencia del conflicto.
En definitiva, aplaudir el derribo de un dictador es comprensible. Pero aplaudir que se haga pisoteando las únicas reglas que, en teoría, protegen a los pequeños de los grandes, es un triunfo pírrico. La solución al fracaso de las reglas no es el salvajismo, sino construir mejores reglas. De lo contrario, habremos cambiado una tiranía local por la tiranía inestable y aún más peligrosa de un mundo sin ley. La verdadera “cosa pública” hoy es global, y abandonar su construcción sería la mayor de las derrotas.
