En este 18 de Julio, más allá de la pompa que todo aniversario patrio implica, y sobre todo considerando el tema del Diálogo Social que ha generado tanto chisporroteo, nos parece fundamental recordar –con la muerte reciente de otro policía que cumplía con su deber– que el sentido esencial del contrato social es el de consagrar la seguridad y el orden por medio del cumplimiento de las leyes. Porque la verdadera cohesión de una república descansa esencialmente, en el deber de proteger vidas, derechos y obligaciones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en su artículo 3º: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Sin seguridad no hay libertad efectiva; sin orden no hay ejercicio real de derechos. Esta verdad básica, asumida ya por filósofos como John Locke o Jean-Jacques Rousseau, no puede ser ignorada por el Uruguay del siglo XXI. Porque cuando un policía muere sin respaldo institucional y social ese contrato queda herido. Y, en paralelo, el Estado pierde su legitimidad si no puede proteger a quienes están encargados de protegernos.
El sargento Joel Rodríguez, miembro de la Guardia Republicana, fue asesinado en una rapiña en Punta Gorda, un episodio que conmovió al país. Las críticas hacia el Ministerio del Interior –por Carlos Piedra, líder del sindicato de la Guardia Republicana– mostraron un Estado desconectado del dolor de sus propios agentes. Piedra reclamó respaldo real, no meras palabras, y consideró que el responsable directo, el ministro Negro, carece del liderazgo necesario. La herida no solo es física, sino que, institucionalmente, cada muerte policial debilita la confianza colectiva en el deber de proteger.
“Esto fue un crimen cobarde. Necesitamos respaldo real. La gente no sabe las carencias que tenemos. Cascos vencidos, chalecos de baja calidad, vehículos en mal estado. No queremos honores en el cajón; queremos volver vivos a casa”, declaró a El Observador Carlos Piedra tras la muerte de Joel Rodríguez.
Por su parte, Lorena Arregui, madre de un policía asesinado en 2023 en un procedimiento en Pando, dijo a Telemundo: “Cada vez que otro policía muere es revivir mi propio dolor. ¿Qué espera el Estado? ¿Cuántos más tienen que morir para que cambien las leyes y nos protejan?”.
De hecho, hace apenas una semana, el operativo policial en el Centenario –en el clásico entre Nacional y Peñarol– exhibió falencias graves. Según Carlos Piedra, hubo errores técnicos evidentes: pésima planificación, equipos en mal estado (“cascos vencidos”) y mandos cuestionados. Un oficial fue herido por una bengala y casi pierde la vida. A pesar de la gravedad, el ministro Negro lo calificó de “operativo perfecto”. De “ineptitud extrema” lo catalogaron desde la Unión de Policías. El contraste revela el quiebre entre el relato institucional y la realidad del trabajo policial cotidiano. El contrato social exige claridad y coherencia, no contradicciones.
En Latinoamérica, Uruguay se destaca por su institucionalidad y estabilidad política, sin embargo, enfrenta desafíos ocasionados por una creciente influencia del narcotráfico, rutas de contrabando y violencia organizada. Y aunque las cifras oficiales presentan una reducción general delictiva en Uruguay: en el primer semestre de 2024 los homicidios bajaron un 5,8%, las rapiñas cayeron un 25%, y hurtos un 7,5%. El total de homicidios en el año 2024 fue de 377, casi el mismo nivel que en 2023 (-1 %). Registrando una tasa de casi 11 homicidios por 100 mil habitantes, más del doble del promedio mundial, que ronda los 5 homicidios cada 100 mil habitantes, aunque inferior a otros países regionales como Brasil o México. Países vecinos como Chile y Argentina manejan tasas de homicidios significativamente menores.
Según el sociólogo argentino Gabriel Kessler, “la percepción de inseguridad no siempre coincide con la estadística, pero ambos elementos deben ser abordados políticamente como realidades complementarias”. El relato oficial de la “baja del delito” no alcanza si los ciudadanos ven morir a un policía o si un clásico de fútbol se convierte en un campo de batalla.
Uruguay enfrenta desafíos profundos en materia de seguridad que no siempre aparecen en los discursos oficiales. Si bien en números la Policía Nacional cuenta con unos 25.000 efectivos, la realidad operativa es otra: apenas alrededor de un tercio está realmente en las calles, patrullando, interviniendo, previniendo delitos. Los demás cumplen funciones administrativas, tareas técnicas, custodia en sedes judiciales o penitenciarias. Esto significa que de cada tres policías solo uno enfrenta directamente la violencia diaria. El déficit es evidente y se siente en los barrios donde la presencia policial es reclamada como un bien escaso.
La infraestructura es otro síntoma de un sistema en crisis. Muchas comisarías se han cerrado o lucen deterioradas, sin el mantenimiento mínimo. Los patrulleros, en su mayoría, han superado los años de vida útil, acumulando desperfectos que complican la respuesta rápida ante emergencias. Y los chalecos antibalas, que deberían ser garantía de vida para quien enfrenta el delito armado, en muchos casos están vencidos o no cumplen con los estándares de seguridad internacional. Cada vez que un policía sale a la calle con un chaleco vencido, la sociedad está enviando un mensaje: su vida no vale tanto como el presupuesto de otras áreas menos urgentes.
A esta precariedad material se suma una debilidad estratégica, la baja inversión en tecnología de punta e inteligencia criminal. La prevención de delitos complejos, como el narcotráfico o el crimen organizado, requiere tecnología avanzada, equipos de análisis, formación continua y planificación interinstitucional. Uruguay está lejos de esos estándares. La inteligencia se hace, muchas veces, con el ingenio y la experiencia de los investigadores, pero sin el soporte tecnológico que multiplica resultados.
Todo esto recae, finalmente, sobre los hombros de los propios policías. El estrés emocional, la presión permanente, el miedo a ser asesinados o procesados por su accionar están generando cuadros de depresión, ansiedad y trastornos psicológicos cada vez más frecuentes. Según datos de este año, los niveles de desgaste psíquico y físico entre policías de primera línea alcanzan cifras preocupantes, y sin un sistema de contención integral, el riesgo de colapso personal y profesional es alto.
Mientras tanto, otros países han desarrollado modelos de respaldo que muestran un camino posible. En Chile, por ejemplo, Carabineros cuentan con seguro de vida y una cobertura psicológica integral, además de un protocolo político que exige al ministro del Interior acompañar públicamente cada agresión grave o muerte en servicio, como gesto de respaldo institucional.
En Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal disponen de asesoramiento legal gratuito para los procesos por uso de arma reglamentaria, un derecho básico para quienes portan armas por mandato del Estado.
España, en tanto, implementó un protocolo de “respaldo institucional y contención emocional” que incluye atención psicológica inmediata, acompañamiento familiar y cobertura judicial integral para cada efectivo agredido o sometido a investigación por su labor.
Uruguay, en cambio, carece de protocolos formales con estos estándares. Por eso, los sindicatos policiales reclaman desde hace años un sistema integral de defensa y apoyo para las familias de policías caídos, que dignifique su entrega y devuelva al pacto social su sentido esencial: proteger a quienes nos protegen.
En definitiva, para que el pacto social vuelva a tener sentido real en la vida de los uruguayos, se necesita más que declaraciones de buenas intenciones. Se requiere un liderazgo político que inspire y un plan de acción que trascienda la actual coyuntura. Este 18 de Julio no es solo una evocación histórica. Es un llamado urgente a reconstruir el pacto social desde su piedra basal: la seguridad como derecho y deber de todos. El Estado uruguayo debe proteger a quienes nos protegen. Cada policía muerto sin justicia es un quiebre en la legitimidad estatal. Cada operativo fallido sin autocrítica es otro eslabón roto en la confianza ciudadana. Al final de cuentas, el diálogo social que propone el presidente Yamandú Orsi podría ser estéril si se limita a la jubilación y al sistema de cuidados. Porque sin seguridad pública, no hay contrato social viable.
