La transición democrática en 1985 implicó un gran desafío para las autoridades económicas del gobierno entrante, que debió enfrentar una grave situación económica y financiera, con múltiples frentes abiertos. Uno de los más importantes era el de la deuda interna.
En forma similar a lo logrado por la actual coalición multicolor, los partidos políticos de la época se habían puesto de acuerdo en un programa conjunto: la Concertación Nacional Programática, más conocido como CONAPRO.
Sin tiempo que perder, el equipo económico encaró rápidamente la resolución del problema de la deuda interna. El 26 de abril de 1985 concurrieron a la Comisión de Hacienda del Senado los contadores Zerbino (MEF), Pascale (BCU) y Davrieux (OPP). Del análisis de la versión taquigráfica, se pueden extraer lecciones muy importantes y relevantes incluso al día de hoy, 35 años después.
El Cr. Pascale comenzó explicando los principios de la CONAPRO en torno al problema de la deuda interna. “El primer elemento que señala la CONAPRO es que no habrá transferencia gratuita a los deudores. Esta es una forma diferente de decir que no habrá grandes licuaciones de pasivos. En segundo lugar, se marca claramente que la aproximación al problema del endeudamiento será selectiva, con sectores prioritarios y con empresas viables”, decía el presidente del BCU, marcando claramente los principios de intervención del Estado.
Más adelante, Pascale identificaba que la solución al problema debía tener en cuenta la grave situación social por la que atravesaba la población: “La primera restricción con que nos encontramos es el nivel de vida de la población, que ha caído a niveles que todos conocen y que nos preocupan. Quiere decir que el peso de la solución de este problema de la deuda tiene por delante la restricción del nivel de vida de la población”.
Preocupaba al equipo económico el problema del sobreendeudamiento como instrumento de la reactivación económica, intentando evitar un círculo vicioso de ejecuciones, ventas de activos y deterioro en la cartera de los bancos. Continuaba Pascale: “La reactivación económica del país tiene un problema o una restricción en el endeudamiento. Pero en este caso tenemos dos grandes aspectos. Uno es el que se refiere al impresionante sobreendeudamiento que arrastran todos los sectores. El otro tema es que por causa de este endeudamiento y la caída de los valores reales de las garantías que tienen los bancos, todo el sistema financiero no funciona, está trabado”.
Más adelante el presidente del BCU explicaba cómo un concepto supuestamente sencillo como el de insolvencia se podía volver en una trampa en situaciones excepcionales como la que enfrentaba el país en aquella época. “En cuanto a la insolvencia, debemos decir que este tema es un poco más jabonoso. Si repasamos la doctrina tradicional en materia de insolvencia, nos encontramos con que son insolventes aquellas empresas cuyas deudas son mayores a su activo, es decir, que tienen un capital negativo. Sin perjuicio de ello, el mundo actual ha dejado un poco de lado los viejos principios de solvencia no solo con respecto a nuestro país, sino en relación a otros donde existen empresas que, si se sigue el concepto original de solvencia, estarían muertas, clínicamente muertas. Sin embargo, están vivas, compran mercadería, pagan sueldos, ocupan gente. Es decir que, reitero, esta situación no solo se plantea en el Uruguay sino que, por ejemplo, en los Estados Unidos existen importantes fábricas de camiones que tienen USD 2.300 millones de patrimonio negativo. Por lo tanto cabe preguntarse si bajo este panorama de tremendo endeudamiento sigue vigente aquel viejo principio de solvencia siendo que en la actualidad el mundo es otro”.
Finalizando la exposición, Pascale recalcaba a los legisladores la importancia de actuar con celeridad y determinación. “Es evidente que el país no puede esperar más; tenemos que ser lo más impactantes posible. No podemos crear un mecanismo que requiera diez años para la solución del problema. Hay que ser lo más automático posible en función de los criterios que se impartan y dejar el análisis de caso por caso para aquellas empresas que tengan intereses especiales definidos políticamente, es decir, empresas prioritarias y viables que requieran un “traje de medida” en cuanto a su reestructuración financiera. Al equipo económico le preocupa mucho que una oficina de estas características reúna a una cantidad grande de empresas cuya ansiada recuperación se vea demorada, a pesar de nuestra buena voluntad”, concluía el presidente del BCU.
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