Nuestro propósito, lejos de pretender hacer un balance político del año que finaliza, es presentar un breve e incompleto resumen de los temas que ocuparon el interés general durante el 2021.
Comenzamos por la aprobación y el veto de la Ley Forestal. En toda esa discusión nos ha llamado la atención un olvido o una omisión de la que nadie se ocupó: el origen legislativo de la preocupación por el tema forestal. No es de Sanguinetti ni de Lacalle Herrera; la primera ley orgánica sobre ese tema es anterior y se sancionó, como tantas otras cosas importantes que obtuvo el país, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. A través de la ley N° 13.723 del 16 de diciembre de 1968 se declaró de interés nacional el fomento a la forestación, los beneficios tributarios, la forestación obligatoria, la protección de los bosques y el patrimonio forestal del Estado, entre otras cosas. Y el sorprendente olvido del partido que veta y sus acompañantes colorados, es que el miembro informante fue nada menos que Wilson Ferreira Aldunate.
¿Olvido intencional de dos caudillos formidables, cuyo peso hasta el momento nadie ha podido igualar?
Otras menciones merecen los proyectos de Cabildo Abierto que están en el “debe” de nuestro sistema: la ley de usura, que los prestamistas y los bancos salieron ferozmente a combatir; la iniciativa sobre el delito de “enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos”, olvidada como si no fuera un vacío inadmisible de nuestro sistema penal; la búsqueda de la paz, con fundamentos de claro humanismo que no comparten los que desataron la guerra interna y cometieron crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo sedicioso, pero que hoy reciben muy jugosas reparaciones en dinero; la derogación de las leyes abiertamente inconstitucionales, como la que otorga al Instituto Nacional de DD.HH. atribuciones privativas del Poder Judicial como la Ley N° 19.822, o falsean con descaro y en forma fraudulenta la historia, como hace la Ley 18.596 que retrotrae la fecha del golpe militar al mes de junio de 1968, respecto de las cuales existe tibieza o falta de decisión para derogar.
También se suma al “debe” la impostergable sustitución del actual proceso, obra inconstitucional de una Fiscalía de Corte que fue totalmente funcional al Frente Amplio, que rompe los ojos con procesamientos sin prisión de desfalcos inmensos, o de complacientes fiscales como Diego Pérez, que asumió el papel ridículo de “perder el pendrive” para no acusar al Arq. Arana y la Dra. Julia Muñoz, con el mismo argumento con el que se procesó a Juan Carlos Blanco y a los jefes militares. O sea el dominio del hecho, el autor mediato o el hombre de atrás, como responsables de todos los actos del servicio a su cargo, aplicable según la teoría de Claus Roxin.
En el “haber” de la gestión, aparte de los aciertos en el manejo de la pandemia, la economía y la educación, en lo interno, y la nueva y firme posición en lo internacional, coincidente con el nacionalismo soberano propugnado siempre de Cabildo, destacamos la aprobación de la Ley Sindical que, lejos de ser una intromisión en los fueros de los sindicatos –como pretende interpretarlo el PIT-CNT (que nuclea solo alrededor del 60% de la masa trabajadora)– consagra una mayor garantías para todos los trabajadores y transparenta el manejo de los ingentes recursos, que hasta ahora se mantenían en un secreto tan guardado, según dijeron por ahí , como el de la fórmula de la Coca-Cola.
Entre otros hechos salientes, la decisión judicial del cese de Casa de Galicia nos merece un contundente rechazo. Si bien en el manejo de su reciente período, las autoridades de las mutualistas fueron desplazadas por decisión del MSP, el juez no puede ignorar el endémico déficit de todas las mutualistas del país. Y tampoco puede ignorar el Magistrado el inconmensurable servicio que el mutualismo presta a la Salud Pública, y del vínculo de pertenencia que existe entre los afiliados y los nosocomios que mantienen -en muchos casos por más de medio siglo-, y al ordenar el cierre como si se tratara de una carnicería o un boliche.
Al estar obsesionado solamente por el pago a los acreedores, en descarnado materialismo favorecedor de préstamos generalmente usurarios, el juez olvida que la misma ley que invoca (la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial) es de concursos y también de reorganización empresarial, por lo que desconoce de forma criticable la parte más importante respecto de una infraestructura sanitaria de altísimo valor y que hoy es insustituible. Lo que es peor, olvida o ignora que Casa de Galicia –por la posición geográfica que ocupa su Sanatorio– le da toda la asistencia de primeros auxilios a una inmensa zona de Montevideo y aún más, sin cobrarle nada al Ministerio de Salud Pública ni al Estado, lo que significa anualmente una cifra millonaria de proporciones, que nadie ha tenido en cuenta.
La Liga de Defensa Comercial será muy funcional a los acreedores y prestamistas de pingües beneficios, pero una centenaria institución sin fines de lucro –lo que ennoblece su gestión– merece la contemplación y el análisis por parte de la Justicia que ha tenido por el señor Juez disolvente que ha priorizado el interés económico de algunos, frente a otros bienes de mayor importancia como la salud y la vida. Lo que urge corregir sin duda alguna y de inmediato, revocando la absurda e injusta medida del cese de actividades.
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