Cuando se escuchan las declaraciones de los dirigentes del FAPIT, la curiosidad invade nuestros pensamientos.
Si bien entendemos que no es excusa para incurrir en los abusos de los manejos políticos, la innegable circunstancia de que se hayan practicado con entusiasmo y descaro en los 15 años de gobiernos frenteamplistas, por lo menos esperamos que los severos catones de entrecasa tengan una cierta credibilidad como consecuencia de un accionar político honesto y eficaz.
No obstante, nada de eso sucede y nos asalta la curiosidad de saber si se trata de una absoluta carencia de autocrítica o de una gigantesca capacidad para el olvido.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dice que “la gente nos pide que se cambie el Gobierno” y Yamandú Orsi que se ve a Lacalle Pou “desmarcándose de los problemas como estrategia permanente”. A ello se suma que los frentistas anuncian como uno de los ejes de la campaña “la corrupción generalizada” que impera en la Administración.
Por encima del entuerto que está enredando las relaciones entre el PIT-CNT y el FA debido a la convocatoria del plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social, sobrevuela sobre las pasadas gestiones de la coalición de izquierda el ominoso recuerdo del procesamiento penal de los tres funcionarios políticos de mayor importancia de cualquier gobierno, como lo son el vicepresidente de la República, el ministro del Interior y el presidente del BROU.
Con ese pasado tan reciente, parece una aventura colosal hablar de una corrupción generalizada y vertebrarla en tres casos: el de Marset y Astesiano, el de la Comisión Mixta Grande y el “espionaje” contra los senadores Carrera y Bergara. ¡Menuda diferencia!
Los desastres de gestión y despilfarros, por cientos de millones de dólares, los acomodos y trapisondas, los nepotismos designando a notorios incapaces, la creación de cargos innecesarios en clara superfetación de funciones, las inmensas pérdidas de los parques eólicos que bajo el rótulo del cambio de la matriz energética condena a UTE a perder US$ 500 millones por año, o las renuncias fiscales millonarias para las inversiones extranjeras, entre otras muchas muestras del manejo irresponsable de los dineros públicos, marcan la diferencia abismal de transparencia y probidad en la comparación entre ambas gestiones de gobierno.
Esa permanente doble faz, con explicaciones turbias y contradictorias, es una característica inalienable de la conducta frentista que se exhibe día a día.
Y es lo que ocurre con los Archivos de la Memoria, que ahora el Gobierno se dispone a librar al conocimiento público y los frentistas se oponen. ¿Pero cómo? ¿No hay acaso un colectivo Verdad y Justicia? ¿No existe CRYSOL que busca la verdad con una eficacia comprobada para lograr el pago de sumas de millones de dólares de resarcimiento a las víctimas del terrorismo de Estado?
Entonces, ¿a qué se teme? ¿Pueden quedar en evidencia delaciones, apropiaciones de dinero, complicidades en entregas, rapacidad en los arreglos, traiciones insospechadas? Y si están seguros de que nada de eso existe, ¿por qué negarse?
Es parte de nuestra historia y nunca podrán quedar ocultos, por más que existan resoluciones de los años 2011 y 2012 que los declaren reservados o confidenciales, porque saber su contenido lo exige de forma imperiosa la conciencia colectiva.
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