Un sistema financiero eficaz que permita destinar el crédito a sus usos más productivos es un requisito esencial para el desarrollo económico. La función principal del sistema financiero, por lo tanto, es canalizar los fondos de agentes con excedentes de ahorro a los agentes con necesidad de crédito.
La característica que distingue a los bancos con respecto a otras instituciones es la combinación de las actividades de captación de depósitos y de otorgamiento de créditos a familias y empresas. De esta manera, un banco que capte depósitos para colocarlos en bonos u otros instrumentos líquidos se parece más a un fondo de inversión.
La crisis bancaria del 2002 trajo como consecuencia un fortalecimiento del marco regulatorio tendiente a asegurar la solidez del sistema bancario. El resultado ha sido bancos que están mejor capitalizados y más líquidos para ofrecer mayor seguridad a los depositantes y reducir la probabilidad de onerosos rescates por parte del Estado.
La experiencia de la crisis bancaria fue traumática para el país, por lo que resulta natural y lógico que los reguladores se hayan inclinado por un alto grado de conservadurismo al momento de graduar los prudenciales bancarios.
Habiendo ya transcurrido casi veinte años, la situación actual presenta otro tipo de desafíos. Hoy encontramos un sistema bancario muy sólido y líquido, pero que va perdiendo peso relativo en la economía y destina menos de la mitad de sus activos a la fundamental actividad de crédito.
Lo anterior no sería un gran problema si Uruguay contara con un mercado de capitales desarrollado que permitiera a las empresas un financiamiento adecuado a sus necesidades. La ausencia de un mecanismo de emisiones adecuado a la realidad de las empresas uruguayas, deja al crédito bancario como único mecanismo de financiamiento formal disponible.
En los hechos, resulta difícil comprender cómo hace nuestra economía para crecer sin un aumento en la disponibilidad del crédito. Este es un tema que no recibe suficiente atención por parte de los analistas.
Uno de los problemas que se presentan es que son pocas las empresas uruguayas que cumplen con los requisitos para acceder al crédito bancario. Con los años las normas se han ido acumulando en placas tectónicas que no permiten el ingreso de la mayoría de las empresas. Estas empresas entonces se ven forzadas a financiarse con proveedores, lo que resulta más ineficiente. Y cuando agotan este recurso, deben recurrir al crédito informal a tasas exorbitantes.
La paradoja de la regulación es que hace que el sistema financiero sea más seguro, pero a costa de expulsar riesgos y fomentar un sistema parabancario no regulado. Como el dinero se mueve por vasos comunicantes, cuanto más grande sea este sistema paralelo, mayor será la probabilidad que termine contaminando al sistema formal.
Uno de los desafíos actuales es la creciente concentración bancaria en nuestra plaza. Esta concentración por una parte es el resultado natural de las economías de escala de la actividad y por otra parte es consecuencia de la crisis del 2002. Esto redunda en menor competencia en la oferta de servicios y créditos, lo que se ve reflejado en altas tasas de interés y elevados costos de operación bancaria. Otro efecto es que las empresas se vuelven más dependientes de una institución en particular, ya que ante una interrupción de la relación crediticia por parte de un banco, resulta más difícil sustituirlo.
El otro desafío es que bancos y reguladores se han vuelto muy conservadores. Les resulta más conveniente conservar un gran colchón de liquidez en sus casas matrices y colocar una parte menor de su cartera en créditos al consumo, cuya atomización, estandarización y altas tasas de interés les ofrecen una mejor combinación de riesgo-retorno que los créditos a empresas.
El aumento en la concentración bancaria coincide también con una creciente importancia relativa del BROU, representando aproximadamente la mitad del mercado. De esto se desprende que cualquier iniciativa para asistir a la recuperación de la empresa nacional debe contar con el banco nacional como pilar fundamental.
El BROU no solo fue creado hace más de 100 años como banco de fomento, sino que hasta hace relativamente poco intentaba mantener un perfil a tono con su génesis. La Ley No. 18.716 del 2010 estableció la Carta Orgánica del BROU, que en su artículo 12 dice que los cometidos del banco serán “procurar que los servicios financieros resulten accesibles a la población, estimular el ahorro como instrumento de desarrollo personal y fomentar la producción de bienes y servicios de forma de contribuir al crecimiento económico y social del país”.
A pesar de lo que indica su Carta Orgánica, los indicadores del balance se parecen poco a los de un banco de fomento. A fines de agosto, solo 23% de sus activos se encontraban colocados en crédito al sector privado, al mismo tiempo que mantenía aproximadamente el doble del capital requerido y elevados niveles de liquidez colocados en Nueva York.
El Estado uruguayo cuenta con el BROU como un instrumento muy válido que podría permitir un mayor grado de apoyo crediticio a la empresa nacional, colaborando en el esfuerzo por mantener las unidades productivas vivas mientras tanto no se corrija el problema de los costos que las aquejan. Esto no debe confundirse con una vuelta a viejas prácticas que dirigían el crédito. Las autoridades deben mantener siempre presente que el BROU es más que un banco, es nuestro banco de fomento. Y como tal, en las condiciones actuales del país, como mínimo debería mantener niveles de crédito adecuados que permitan la subsistencia de los sectores en problemas.
