Las limitantes de nuestro país para hacer política monetaria y fiscal son ampliamente conocidas. Podríamos discutir y argumentar acerca de dónde se encuentra el límite de la sostenibilidad de la deuda, pero todos somos conscientes que ese límite no se encuentra muy lejos de los niveles actuales de deuda. Esto naturalmente acota las posibilidades del gobierno de realizar una política fiscal procíclica, la receta económica para combatir una recesión, particularmente la provocada por la pandemia.
En la coyuntura actual, esto deja a la política crediticia como quizás la única herramienta de estímulo con margen suficiente como para estimular la economía.
Sin embargo, el BCU no tiene una política crediticia explícita, con lo cual el nivel de crédito agregado al sector privado queda supeditado a los vaivenes del mercado. Muy probablemente esto sea lo adecuado en momentos normales, pero en la extraordinaria situación actual parecería ser una variable a monitorear. Esto no significa de ningún modo que se deba retornar a prácticas pasadas, canalizando el crédito a sectores determinados, mucho menos a empresas específicas. Pero sí sería conveniente que el regulador monetario tuviera instrumentos para evitar que el crédito a nivel agregado se contrajera más allá de determinados niveles, profundizando las tendencias recesivas.
Con ese objetivo en cuenta, el SIGA se ha convertido en un buen instrumento que en parte ha permitido compensar esta contracción. Desde que se puso en funcionamiento en abril del año pasado, se desembolsaron en 2020 créditos por USD 655 millones, aproximadamente 1,25% del PBI. Pero a pesar de este esfuerzo, el crédito se contrajo el año pasado. Según surge del informe que CERES publicó la semana pasada, el crédito al sector privado no financiero alcanzó a fines de noviembre de 2020 la cifra de USD 14.171 millones de dólares, un 4,1% por debajo del nivel de 2019. Si bien esta contracción en parte refleja el efecto de la apreciación del dólar en los créditos en pesos, la contracción hubiera sido aún mayor si el Estado no hubiera estructurado el mecanismo SIGA.
Indudablemente, una contracción crediticia no es un escenario deseable en este momento. Pero tampoco el Estado puede convertirse en proveedor de última instancia de créditos y garantías cuando el país cuenta con un sistema bancario sólidamente capitalizado y líquido, resultado de las prudentes políticas implementadas luego de la crisis bancaria del 2002.
Hoy el desafío es diferente al de hace veinte años atrás y quizás sea momento de realizar reformas estructurales que permitan una mayor competencia en el mercado de intermediación financiera. Esto no implica necesariamente que se deban aflojar las regulaciones bancarias, ya que las mismas están diseñadas para proteger a los depositantes. Pero una mayor liberalización en el mercado de créditos, permitiendo y fomentando la entrada de nuevos jugadores, introduciría una mayor competencia, lo que debería redundar en una mejor oferta crediticia, tanto en términos de volumen y condiciones.
La actual situación ofrece una oportunidad de emerger de la crisis con un sistema financiero más moderno, con Fintechs que compitan entre sí sin que ninguna de ellas tenga un nivel de riesgo tal que pueda poner en riesgo al sistema. Debemos tener presente que el objetivo principal de la regulación es proteger los ahorros de la economía, no proteger a instituciones o empresas, ni tampoco garantizar que los inversionistas no pierdan dinero.
Un normal fluir del crédito es fundamental para una economía dinámica y ello requiere reformas estructurales que habría que empezar a encarar, introduciendo figuras jurídicas concretas y viables. Una externalidad positiva de una liberalización sería la creación de nuevas empresas y empleos que podrían desarrollar plataformas y modelos de negocios que el día de mañana se puedan exportar a la región y al resto del mundo, apoyándose en la excelente performance que han demostrado las empresas nacionales de software. Por el contrario, si las regulaciones hacen que estos potenciales emprendedores no puedan aplicar sus ideas y modelos en su propio país, la innovación y los buenos empleos continuarán migrando hacia tierras más fértiles.
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