Los años de la posguerra vieron el fortalecimiento y expansión de las clases medias en Europa y Estados Unidos. Atrás habían quedado los horrores de la guerra. De vuelta en sus hogares, los soldados se convertían rápidamente en obreros, al mismo tiempo que los oficiales engrosaban los cuadros gerenciales de las fábricas en pleno proceso de reconversión. El sistema financiero recirculaba el ahorro nacional hacia la inversión productiva y la generación de empleo. Un sistema impositivo progresivo permitía generar recursos para elevar el nivel de vida de los más frágiles en la sociedad, permitiéndoles ingresar en las crecientes clases medias. La concentración de empresas era controlada y el abuso a las posiciones dominantes fuertemente penalizado por Estados que fomentaban el desarrollo de pymes, todo lo opuesto a fomentar la inserción de “enclaves extraterritoriales” del tipo que caracterizaban a las explotaciones agropecuarias centroamericanas; lo mismo que al actual duopolio celulósico nacional.
Los controles de precios en productos esenciales aseguraban el acceso de toda la población a productos buenos y baratos, limando los efectos de la volatilidad de los mercados y acotando la especulación. Los controles de capitales, paradigma del FMI hasta la década de los ´80, reducían las posibilidades de especulación financiera, protegiendo a los países de la acción desestabilizadora que años después algunos agentes del sistema financiero global aplicarían sin remordimientos en países como el Reino Unido y luego en Malasia e Indonesia; y así, toda una serie de medidas tendientes a fortalecer una clase media hija en gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo no existe mayor factor de cohesión nacional que la igualdad y solidaridad que se genera en el campo de batalla.
El ápice de este proceso proclive al fortalecimiento de las clases medias se dio a fines de la década de los ´40, durante el gobierno de Dwight Eisenhower en Estados Unidos, que coincidieron con los “años felices” de la presidencia de Luis Batlle Berres en Uruguay. Luego vendría Vietnam, las guerras entre Israel y los países árabes y el consecuente embargo petrolero de la OPEP, factores desencadenantes del rebrote inflacionario que afectó al mundo del dólar durante la década del ´70. Esto ofreció una ventana de oportunidad a los grupos de poder que, saliendo de las gateras, lograron introducir el paradigma neoliberal. Un cuerpo de pensamiento altamente teórico basado en un principio como el de la mano invisible, que a esta altura no es más creíble que la historia de Papá Noel bajando por la chimenea. Pero que terminaría favoreciendo los intereses de la banca internacional y de la elites costeras y bien conectadas del mundo. En pocas décadas, aquellos que habitaban en zonas mediterráneas, alejados de los puertos y a los que la globalización les había pasado por el costado, pasaron a ser llamados “deplorables” por las mismas elites que habían concebido la doctrina neoliberal.
Como siempre tratando de “hacer punta” en los titulares internacionales, Uruguay se embarcó en su temprana improvisación neoliberal a comienzos de los años ´60, proceso que no culminó bien. Esto obligó al presidente Pacheco Areco, hacia fines de la década, a dar un fuerte golpe de timón, logrando –junto a su ministro Charlone– sacar al país del tirabuzón social y económico en el que lo habían dejado. Con ello logró poner un freno a la fuerte pérdida de poder adquisitivo que venía sufriendo la clase media y que alimentaba el discurso de la sedición. Frente a la incomprensión interesada de la gran mayoría de las elites económicas, Pacheco instauró los controles de precios y salarios que a la postre lograron estabilizar la economía. Pero a pesar de las serias limitantes financieras –hoy, en comparación, el MEF nada en la abundancia -, el gobierno de Pacheco se aprestó a acelerar los planes de vivienda social, al mismo tiempo que construyó silos por todo el país, permitiendo al Estado acopiar granos y poner coto a la especulación. En efecto, en 1969 comenzaba en Montevideo la construcción del Parque Posadas, complejo de más de 2.000 apartamentos y con una capacidad habitacional para 10.000 personas. Y siguieron muchos proyectos más, en un proceso que se extendió hasta bien entrado el gobierno de facto.
Pero a mediados de la década del ´70 el proceso neoliberal retornaría al país de la mano del ministro Alejandro Végh Villegas, con la liberalización del mercado de cambios y capitales. A partir de ese momento se instalaría definitivamente en Colonia y Paraguay un modelo económico que gradual e inexorablemente fue conduciendo a la desaparición de la industria nacional, transformando en el camino la geografía urbana del país, que vio emerger barrios marginales donde antes existían populosos barrios obreros. En efecto, en estos casi 50 años, resulta difícil recordar un año en que no haya desparecido una gran industria. Baste con transitar por la calle Veracierto para constatar un cementerio de otrora importantes industrias hoy transformadas en taperas.
Pero esto empieza a cambiar. La crisis provocada por la pandemia obligó a la profesión económica a reevaluar sus doctrinas, las que en muchos casos han quedado enraizadas en los marcos jurídicos y regulatorios de los países, por no decir en lo que es el “pensamiento permitido” a las elites gobernantes. Este retorno al empirismo ha permitido revalorizar conceptos y expresiones que parecían prohibidas en el léxico de los doctos en la ciencia lúgubre, como es el caso de las políticas industriales, los subsidios –en lugar de impuestos– al trabajo o la protección a la industria nacional.
Lo cierto es que nuestro país se enfrenta hoy a un problema que no sufríamos desde hace muchos años. Nos referimos al sostenido aumento en el precio de los alimentos que debe solventar la población y que supera ampliamente los aumentos nominales de salarios. Esto va a requerir desempolvar viejas herramientas que en el pasado contribuyeron a mitigar situaciones de emergencia, como fue el caso de los controles de precios y salarios implementados por Pacheco en el´68. No debemos tener miedo a que el Estado subsidie la canasta básica. El país no violaría ninguna norma internacional. Mucho menos algún principio de manejo económico o social. Simplemente estaríamos haciendo lo que ya supimos hacer y podemos volver a hacer nuevamente. Pacheco dixit. El costo para el Estado sería solo una mínima fracción del subsidio que todos los años captura el complejo celulósico-forestal. No es ni más ni menos que señalizar a la población donde es que se encuentran las prioridades del Estado respecto a los más vulnerables.
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