La última suba en el precio de los combustibles provocó una inflexión en la discusión acerca del futuro de ANCAP. El aumento anunciado el viernes pasado fue el tercero en menos de dos meses, algo a que los consumidores no estaban acostumbrados, y que resulta de la nueva política energética plasmada en la LUC. Keynes ya observaba que la gente tiene normas de vida establecidas y esto les dificulta aceptar cambios, por más que estos sean beneficiosos en el mediano o largo plazo. “Nada les molestará más que estar sometidos a la presión de hacerlos cambiar constantemente hacia arriba y hacia abajo”, observaba el economista británico.
El elevado costo de los combustibles respecto a la región fue tema central en la última campaña nacional, y todos los partidos que hoy integran el gobierno fueron críticos de la gestión de la petrolera estatal durante los quince años de gobierno frenteamplista. Sin embargo, al momento de proponer soluciones sostenibles al problema, surgieron las primeras diferencias. Por un lado, reaparecieron viejos reclamos para liberar la importación de combustibles, algo que hubiera sido equivalente a decretar la muerte de ANCAP. La propuesta era de una simpleza palmaria, y partía del supuesto que rápidamente se formaría –mano invisible mediante– un mercado competitivo que permitiría bajar los precios al consumidor. Por supuesto que hasta el día de hoy nadie ha siquiera intentando explicar cómo se hubiera materializado en la práctica. ¿Construirían los futuros competidores su propia infraestructura de logística y almacenamiento? ¿ANCAP iba a quedar obligada a compartir sus activos estratégicos para “facilitar” la competencia? ¿Qué pensaban hacer con los cañeros de Artigas? ¿Es creíble pensar que de un día para el otro se iba a discontinuar la producción de biocombustibles, la principal fuente de ineficiencias de ANCAP? ¿Quién garantizaría que no se forme un cartel privado que tenga por efecto un precio aún mayor para los consumidores? Si los organismos del Estado que deben velar por la libre competencia no pueden controlar las altas tasas de interés, o peor aún, los precios del papel higiénico y la pasta de dientes –muy por fuera de la “paridad de importación” –, ¿por qué les debería ir mejor con la industria petrolera mundial? No se puede insistir seriamente con la libre importación sin antes tener respuestas a estas preguntas.
Al momento de discutir la LUC, afortunadamente prevalecieron posiciones más firmemente asentadas en la realidad. Y si bien concordaban con el objetivo de exigirle a ANCAP todas las eficiencias a su alcance, no estaban de acuerdo con abrir el camino a su desaparición y sustitución por un oligopolio privado, dando un giro de 180 grados para regresar al país a la situación previa a la creación de la administración estatal. Con el objetivo de brindar mayor transparencia a la ciudadanía, la LUC incorporó una regla para la fijación de los precios de combustibles. Los mismos pasarían a reajustarse periódicamente –cada dos meses como máximo– de acuerdo al Precio de Paridad de Importación (PPI) calculado por la URSEA, índice que intenta reflejar las fluctuaciones en el costo de importar los derivados de petróleo producidos por ANCAP. Naturalmente, el PPI recoge inmediatamente cualquier variación en el tipo de cambio, o en el precio del petróleo, como ocurrió ahora.
A la diferencia entre el costo efectivo de los combustibles y el PPI se le pasó a denominar “factor X”, que refleja esa diferencia que una buena gestión de ANCAP debería tender a reducir. Con esta metodología, los factores de variación sistemáticos –no controlables por ANCAP– quedarían reflejados en el PPI, mientras que los factores específicos –estos sí controlables por la empresa– se verían reflejados en el “factor X”. Es, en consecuencia, sobre este último factor que deberían concentrarse todos los esfuerzos de gestión tendientes a lograr combustibles competitivos en la región.
Pero a pesar del apego que los fundamentalistas profesan por las reglas rígidas, esta no está exenta de problemas. Uno de ellos es que el PPI no es un precio puro de importación, ya que recoge los costos locales de producción de los biocombustibles, que en algunos casos es altamente ineficiente. Y si el cálculo del PPI está distorsionado, también lo estará como consecuencia el “factor X”. Resulta difícil corregir lo que no se puede medir con precisión. Sin embargo, esto es un aspecto del problema que es mejorable.
Pero de poco sirve clarificar criterios objetivos, si desde algunos púlpitos y mostradores de poder, algunos agentes intentan confundir a la población, adormeciendo a los desprevenidos con su canto de sirenas a favor de la libre importación. No hacen el más mínimo intento por fundamentar sus reclamos, mucho menos son capaces de exhibir estudios que demuestren las ventajas de su planteo. Un estudio mínimamente serio analizaría la estructura de la industria y el cluster regional del cual forma parte. Salvo, claro está, que ya tengan identificado un proveedor en el vecindario, ávido por entrar en un mercado uruguayo “competitivo”, digno del sello de certificación de Adam Smith.
En las últimas semanas se han sumado a este hostigamiento figuras importantes de la coalición de gobierno, que intentan construir un falaz silogismo para desprevenidos e incautos. Según estos “neopopulistas”, si en la LUC se hubiera aprobado la libre importación, hoy no tendríamos este problema. ¿Será que más de uno quedó preocupado con que Cabildo Abierto fuera el primero en salir a defender decididamente la LUC? ¿Cuál será el próximo conejo que saldrá de la galera del experto navegante que maneja las comunicaciones?
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