En su edición de este viernes 26 el New York Times publica la condena a 45 años de prisión al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Durante ocho años de gobierno, Honduras fue refugio y tránsito de narcotraficantes y toneladas de cocaína rumbo a Estados Unidos. Su hermano, Juan Antonio, exdiputado, también acusado de recibir sobornos en su nombre, cumple cadena perpetua.
Enumera el artículo, también, una larga lista de altos funcionarios y narcotraficantes que convirtieron a Honduras en una verdadera empresa/estado narcotraficante. La droga pagó las campañas electorales, sostuvo sus gobiernos, compró jueces, políticos, Policía y todo lo que fuera necesario para asegurar el control del tráfico hacia Estados Unidos.
Honduras se declaraba fiel aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero la realidad fue bien diferente. Hasta aquí el resumen de la nota. ¿Qué podemos inferir de todo esto?
No es cierto que la lucha contra el narcotráfico esté perdida. La lucha está en pleno transcurso, y sí, puede durar varias décadas más.
Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, el Chapo, Griselda, los Mutio, Morabito, Juan Orlando Hernández y miles de narcotraficantes en el mundo, que han sido muertos o están en prisión, son muestra clara que la lucha no está pérdida, la guerra continúa y no se puede bajar los brazos.
El dinero de la droga contamina todos los sistemas, el político, el judicial, el militar, todo. Por eso, cada vez más, es necesario la transparencia del uso de los fondos, la transparencia del accionar de los partidos políticos y de la situación financiera de cualquier funcionario público y sus familias. Puede decirse que esto atenta contra la privacidad de la persona; posiblemente sí, pero como en tiempos de guerra, es necesario tomar medidas extremas. Hoy la principal arma del enemigo no es ni el napalm ni la bomba atómica, es el dinero corrompiendo todo a su paso. Sería absurdo, en defensa de la privacidad de unos pocos, dejar que decenas de Honduras se construyan y fortifiquen en nuestro continente.
En Uruguay, una discutida ley de transparencia en los fondos usados por los partidos políticos sigue sin aprobarse, y pocas posibilidades reales se vislumbran de que se concrete. Es hora de que la clase política decida si entra en la nebulosa zona de sospechosos de recibir dinero del narcotráfico o en la transparencia absoluta del origen de los fondos usados en sus campañas.
Porque si hay algo de lo que no cabe duda es de que el intento de corromper es inevitable por parte de los narcotraficantes. La clase política debe de dar una señal clara y contundente.
El próximo gobierno deberá cambiar radicalmente la metodología de suministrar marco jurídico para poder brindar a toda la ciudadanía, un país, seguro, pacífico y libre de drogas. Es insostenible a la velocidad con que el crimen organizado avanza y la rapidez con la cual las nuevas drogas destrozan a nuestros hijos, y un sistema legislativo que se tome años para la aprobación de leyes que deben responder a las necesidades que hace rato venimos padeciendo.
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