Retirada la ley de reforma tributaria y ante las masivas manifestaciones, el gobierno busca el diálogo con distintas organizaciones nacionales en la búsqueda de acuerdos.
Colombia se ha visto envuelta en multitudinarias protestas callejeras desde el pasado 28 de abril. Al descontento social y económico provocado por la pandemia se agregó un proyecto de reforma tributaria que claramente no fue bien recibido por la población. El 16 de abril pasado el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquillo, había presentado en el Congreso el controverido proyecto.
La llamada Ley de Solidaridad Sostenible apuntaba a un aumento en la recaudación de impuestos mediante la aplicación de IVA –hoy 19%– a artículos de primera necesidad y servicios públicos como el suministro de agua y electricidad. Hasta los servicios funerarios eran alcanzados por una reforma sobre la cual el gobierno presidido por Iván Duque venía insistiendo como forma de financiar los costos de hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia.
La intención del gobierno colombiano era ampliar y hacer permanente el programa de apoyo al ingreso básico introducido durante la pandemia, conocido como Ingreso Solidario. Además de ampliar la aplicación del IVA a varios productos y servicios, la reforma proponía reducir excenciones al impuesto a la renta, bajando los mínimos no imponibles o de imposición reducida, lo que hubiera afectado a los colombianos de ingresos medios.
Las propuestas fueron inmediatamente rechazadas por sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales y estudiantiles, quienes convocaron las movilizaciones. Esto ocurre con el trasfondo de las protestas ocurridas en noviembre de 2019 y septiembre de 2020. También los transportistas y camioneros se sumaron a la huelga bloqueando las rutas de acceso a las principales ciudades del país.
A esto se fueron sumando enfrentamientos generalizados entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que hasta la fecha han arrojado un saldo de más de 40 muertos, según la Defensoría del Pueblo. Reaccionando ante el avance de la violencia, los saqueos y la destrucción en distintas ciudades, el 2 de mayo Iván Duque pidió al Congreso en un discurso televisado que retirase el proyecto de ley, ya que el ministro de Hacienda redactaría un proyecto alternativo, “fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho”, según afirmó el presidente.
Lejos de calmar los ánimos, el discurso de Duque provocó una violenta reacción en las calles, produciéndose más de 40 heridos durante los enfrentamientos en Bogotá. Decenas de ómnibus fueron vandalizados y varias estaciones de policía incendiadas, algunas de ellas con policías adentro.
Convocan a nuevas jornada de movilizaciones
A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Estados Unidos rechazaron la violencia policial y pidieron al gobierno de Colombia que actuara para poner freno a la violencia. A modo de respuesta en un video difundido el viernes pasado, la canciller de Colombia, Claudia Blum afirmó que “rechazaremos los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que busquen alimentar la polarización del país e impiden la construcción de consensos en nuestra patria”.
El miércoles de la semana pasada se iniciaron las reuniones entre el gobierno y los distintos sectores de la sociedad para discutir la “Agenda sobre lo fundamental”, la cual está enfocada en vacunación masiva de la población, reactivación segura y desarrollo social (que contempla empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas); no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero (ayudas a estudiantes universitarios).
Estuvieron presentes integrantes de los sectores productivos del país, la Asociación Colombiana de Universidades, organizaciones estudiantiles, y gobernadores y alcaldes. El lunes pasado se mantuvo otro encuentro, pero esta vez entre miembros del gobierno (incluido Duque) y el Comité del Paro Nacional, integrado por organizaciones sindicales. Según el semanario “Semana” de Colombia, no se logró un acuerdo entre las partes y el Comité del Paro llamó a un nuevo paro nacional para mañana jueves.
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