Los lineamientos salariales presentados por el gobierno, de acuerdo con la economista del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) Silvia Rodríguez Collazo, son consistentes si se cumplen las proyecciones de crecimiento e inflación. En conversación con La Mañana, destacó que las pautas permitirán una recuperación del salario real sin afectar el nivel de empleo. También se refirió al Presupuesto Nacional, donde la prioridad, según su visión, debería estar en áreas como infancia, cárceles y educación.
¿Qué opinión le merecen los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo de cara a una nueva ronda de Consejos de Salarios?
A efectos de sustentar un juicio sobre los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo, entiendo que deben considerarse al menos tres aspectos vinculados a su consistencia: las expectativas de crecimiento de la economía en los dos próximos años, las perspectivas en materia de crecimiento del empleo en ese período y la meta de inflación establecida por el Banco Central del Uruguay (BCU). Adicionalmente, corresponde evaluar si las pautas propuestas contienen elementos de desindexación de los salarios y, en el caso en que la respuesta sea afirmativa, cuáles son. En términos generales, entiendo que los lineamientos son consistentes si, efectivamente, se termina registrando un crecimiento de la economía próximo al esperado y si la tasa de inflación continúa su senda de convergencia a la meta establecida por el BCU. En este caso, los salarios reales podrán tener una recuperación diferencial por niveles y esto no será un freno a la creación de empleo en el período. A mi juicio, las pautas no afectan el objetivo de converger a un nivel de inflación del 4,5%, siendo compatible con la mejora de los ingresos reales de los trabajadores de menores ingresos.
Las pautas, como en ocasiones anteriores, introducen elementos que tienden a desacoplar en el tiempo los aumentos de salarios del incremento de los precios. En esta oportunidad se incorporan innovaciones en lo que refiere al indicador a utilizar para determinar si opera el correctivo al cabo del primer año (inflación subyacente más un margen de tolerancia) y recién en el segundo año el correctivo se establece en función de la inflación observada. Cabe precisar que en el contexto actual, y considerando las perspectivas económicas futuras, es muy poco probable que los correctivos operen. En una economía como la nuestra, con una larga historia de altos niveles de inflación, la desindexación es un proceso que no debe darse solo en el salario. Hay múltiples precios de la economía que se encuentran indexados. La desindexación debe considerarse como un proceso, que es posible ponerlo en marcha y profundizarlo en un contexto de reducción de la inflación que sea persistente y creíble.
¿Diría que las pautas contemplan adecuadamente las proyecciones de crecimiento económico y de empleo para los próximos dos años?
De acuerdo con las proyecciones del Cinve, la economía uruguaya podría alcanzar un crecimiento real en 2025 del 2,7% y del 2,2% en 2026. A lo largo de este bienio el crecimiento promedio anual del PIB se ubicaría, aproximadamente, en el 2,5%, en línea con las estimaciones de expansión del producto potencial para dicho período (2,5% anual).
Los incrementos reales de los salarios para el conjunto de trabajadores establecidos en las pautas serían en el primer año del 1,5% y del 0,9% en el segundo. De concretarse en las negociaciones los incrementos salariales previstos en las pautas, el aumento del salario real promedio en los dos años sería del 1,2%, consistente con un incremento del empleo de algo más de un punto porcentual. Este guarismo sería alcanzable, incluso, si se registrara un enlentecimiento del ritmo de crecimiento del empleo en lo que resta del período. En este contexto, se puede esperar que la participación relativa de la masa salarial en el PIB no se deteriore al cabo de estos dos años.
¿Qué lugar ocupa la meta de inflación del BCU en el diseño de las pautas salariales?
Los aumentos de salarios establecidos en las pautas se podrán concretar en la medida en que la inflación se ubique próxima, o convergiendo, a la meta del BCU. Hay una intencionalidad expresa por parte del Poder Ejecutivo de que los salarios reales no se deterioren, en ninguno de los tres niveles. Si la inflación sobrepasara la meta del 4,5%, que es, precisamente, el aumento previsto de los salarios para el tercer nivel, ya no se cumpliría esa aspiración. En mi opinión, la credibilidad sobre la meta se encuentra incorporada en las pautas del Poder Ejecutivo.
Teniendo en cuenta el escenario económico, ¿qué tan factible es que las proyecciones se cumplan y que el grueso de los trabajadores obtenga mejoras salariales reales?
En los últimos dos años la inflación se ha ubicado dentro del rango 3%-6%. En particular, en el último período la trayectoria de la inflación ha estado próxima al centro del rango. Un factor relevante en que esto ocurriera fue la dinámica del tipo de cambio y la influencia de los precios transables. Ambas variables jugaron un papel importante en la explicación de esta reducción sostenida de la tasa de inflación.
Las expectativas inflacionarias se han ido reduciendo, lo que implica que los agentes tienen predicciones compatibles con la continuidad del proceso de baja de la inflación para los próximos dos años. Las proyecciones del Cinve también se han ido reduciendo a medida que se ha incorporado nueva información. Como todo pronóstico, nuestras proyecciones tienen un margen de error y pueden ocurrir circunstancias en el horizonte de predicción que alejan los pronósticos de la inflación de la meta del BCU. Sin embargo, en líneas generales, entiendo que es probable que el grueso de los trabajadores obtenga mejoras en sus salarios reales.
Por otro lado, ¿cómo analiza los lineamientos fijados por el gobierno para el Presupuesto Nacional?
La información disponible es la que se presentó en la reunión del Consejo de Ministros de junio. En esa ocasión se presentó un panorama general de la situación económica al inicio del período de gobierno y se analizaron los condicionamientos derivados de la compleja situación fiscal heredada. A partir de esta información, lo que se puede deducir es que, al menos, la primera etapa del gobierno estará condicionada por las actuales restricciones fiscales. Lo previsible en este contexto es que la estrategia de política económica estará guiada por una extrema prudencia en el manejo de las finanzas públicas. Esto hace pensar que el gobierno concentrará el acotado espacio fiscal a la atención de las principales áreas prioritarias.
¿Dónde cree que el Parlamento debería poner el foco en el debate sobre este proyecto?
La discusión de la Ley de Presupuesto Nacional es la instancia clave para definir la orientación de la estrategia de política económica y social del quinquenio. En este sentido, el Poder Legislativo está llamado a desempeñar un papel clave. La bancada oficialista deberá internalizar las restricciones fiscales heredadas del gobierno anterior y sentar las bases para que puedan cumplirse los compromisos asumidos durante la última campaña electoral. De parte de la oposición, esperaría que predominen actitudes responsables, sobre todo teniendo en cuenta que las restricciones fiscales actuales derivan de una expansión, a mi entender exagerada, del gasto público durante los dos últimos años de la presidencia de Lacalle Pou.
Entre las prioridades gubernamentales hay temas que requieren urgente atención, algunos de los cuales concitan, aparentemente, acuerdos amplios entre los parlamentarios de los diferentes partidos. En particular, parece haber acuerdos políticos sobre la prioridad de atender la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia, por lo que es previsible que haya consensos para priorizar el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza en los hogares que tienen a cargo menores de edad. Otra área prioritaria es la vinculada a las condiciones límite en las que se encuentran las personas privadas de libertad, lo que requiere aplicar mayores recursos y modificar la normativa que ha alimentado este crecimiento alarmante y las condiciones que padecen las personas privadas de libertad. La educación es otra área que requiere especial atención, en la medida en que las modificaciones presupuestales que se introduzcan en esta instancia impactarán fuertemente en las condiciones de vida de las generaciones futuras. Obviamente, no alcanza con destinar mayores recursos, pero sin recursos adicionales los cambios no son viables.
