La iniciativa “Uruguay más simple” busca simplificar regulaciones que encarecen costos y afectan el crecimiento. Tras recibir más de 300 aportes de la población, se identificaron trabas regulatorias en sectores como comercio, agro y salud, que impactan en el precio final de los productos, de acuerdo con el economista del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) Nicolás Vidal. En diálogo con La Mañana, abordó las principales conclusiones de la plataforma y remarcó que hay margen real para simplificar y así mejorar la competitividad y la calidad de vida.
¿Qué los motivó a lanzar la iniciativa “Uruguay más simple”?
Nosotros estudiamos la literatura económica sobre cómo afecta una regulación inadecuada a un país, es decir, normas superpuestas, contradictorias, desactualizadas, que tienen requisitos desproporcionados, y vimos que todo eso resulta en una menor inversión, menor capacidad de innovación en las estructuras productivas, menor productividad, menor competencia. Nos dimos cuenta de que ahí radican algunos de los principales problemas que enfrenta el país hace tiempo, por ejemplo, el poco crecimiento económico, que es el famoso 1% promedio de la última década. En parte, los problemas de crecimiento están siendo afectados por una regulación inadecuada. Y después, a mi entender, el mayor problema hoy es que Uruguay es un país caro, para vivir y para producir. Entonces, la motivación surgió de ahí, de identificar estas cuestiones y escuchar qué problemas enfrenta la gente en el día a día, y por eso lanzamos “Uruguay más simple”, para pasar de la queja a la acción. Una vez que las personas nos informaron acerca de los problemas que enfrentan cotidianamente tanto en el ámbito empresarial como en cuestiones sociales, asociadas a ciertas políticas públicas que capaz que están fallando, los procesamos y los mandamos al Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. Nos consta que las medidas que anunciaron el pasado miércoles 9 de julio van en sintonía con esta visión de mejorar el marco regulatorio de Uruguay.
¿Cómo vieron el nivel de respuesta de la gente tras el lanzamiento de la plataforma?
Yo estoy muy contento. Recibimos más de 300 respuestas, es un número interesante si uno se pone a pensar el tiempo que insume, porque requiere identificar normativas, explicar por qué están mal, identificar los organismos, calificar los problemas y plantear una propuesta alternativa. Hay varias observaciones que van directo a una ley o artículo concreto, lo cual habla de un nivel de especificidad y de compromiso muy grande y beneficioso, porque cuanto mejor es la calidad de los insumos, mejor es la información que podemos enviar.
¿Cuáles fueron las trabas regulatorias más mencionadas?
El sector mayormente nombrado fue el comercio mayorista, y acá entra esto que hablábamos del Uruguay caro, y el problema económico que más se identificó fue que las trabas normativas llevan a un aumento de los costos. Ahí encontramos gente que tiene que cumplir con requisitos que le insumen muchísimo tiempo, incluso hay casos en los que deben tener personal contratado para atender los temas regulatorios en la empresa. Después se mencionaron sectores como la ganadería y la agricultura, sobre todo señalando al Ministerio de Ganadería (MGAP), y los servicios financieros y la salud y otros servicios médicos. Por otro lado, en más del 20% de las respuestas se nombra al MEF como que incide de forma directa o indirecta, capaz que es a través de la Dirección Nacional de Aduanas, de la DGI, de la Comap. En segundo lugar, las intendencias, que en muchos casos refieren a cuestiones generales de los gobiernos departamentales, pero en otros a cuestiones específicas. Luego el Ministerio de Salud Pública, el MGAP y el Ministerio del Interior.
Algo importante para destacar es que se han reportado problemas en leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, circulares del Banco Central, digestos departamentales. O sea, la variedad del espectro normativo es muy amplia.
¿Cómo afectan particularmente estas dificultades a la población?
En la mayoría de los casos se trata de costos económicos excesivos que están incidiendo en el precio final a los consumidores. Por ejemplo, cuando un transportista te dice que cierto criterio del Ministerio de Transporte con respecto a las balanzas no es acorde con Argentina, con Brasil, y eso hace que los camiones tengan que bajar las cargas y demorar más, esas cosas terminan afectando los costos de las empresas y por lo tanto terminan afectando los costos de los productos que uno paga en el supermercado. Luego, más del 40% de las respuestas señalan que determinadas medidas generan un tiempo de espera prolongado y eso es más costoso también. Te pongo otro ejemplo: el MGAP, para ciertas cargas como la leche en polvo, pide saber la patente del camión que va a trasladar la carga cinco días antes, y la gente del sector nos dice que eso es irreal, que como mucho se puede saber 24 horas antes. Lo mismo sucede con otras cuestiones como discrepancias entre organismos o entre los dos lados de la frontera, y todo eso hace que se generen rigideces, entonces, avanzar hacia protocolos conjuntos mejoraría los tiempos de espera.
Decía que las medidas que el MEF anunció la semana pasada iban en sintonía con el espíritu de este proyecto. ¿Qué expectativas tienen en ese aspecto?
Desde el principio, cuando el ministro Gabriel Oddone hablaba sobre las mejoras que Uruguay debería hacer en competitividad, fue muy claro al decir que hay reformas microeconómicas que refieren tanto a la competitividad del sector que exporta como también al mercado interno, que son muy importantes. En ese sentido, varias de las medidas que se anunciaron el pasado miércoles están contempladas en la información que se envió al MEF.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, las cuestiones asociadas a la digitalización de los procesos fitosanitarios, la digitalización de documentos de carga terrestre, entre otras, son planteos que estaban realizados directamente en la información que se mandó. Ellos en la conferencia de prensa dijeron que habían estado reunidos con muchas cámaras empresariales y también con los centros de estudios. En ese sentido, este es un insumo más para este proceso.
¿Cree que hay márgenes reales para simplificar las regulaciones?
Sí, totalmente. Es más, los beneficios de simplificar regulaciones son tan grandes que no hacerlos implica realmente un daño autoinfligido. Y las medidas anunciadas en los últimos días demuestran que existen las oportunidades y que es un tema que requiere mucho pienso porque, al fin y al cabo, implica mejorar las condiciones de vida de la gente que vive acá. O sea, de cierta manera, tener un país que sea más barato te permite pagar menos y por tanto ahorrar más. Si podés ahorrar más, podés invertir más. Si podés invertir más, podés contratar más gente y crecer más. Todo eso lleva a beneficios que son muy importantes. El margen para simplificar las regulaciones existe.
A su vez, el ministro de Economía en la conferencia dijo que muchas de estas medidas se van a incorporar en la ley de presupuesto y de esa forma se van a ir materializando. Por poner un ejemplo, tanto se ha hablado de los famosos 200 dólares de las importaciones, de que es poca plata, eso viene de la ley de presupuesto del 2010, y capaz que tenía sentido por el poder de compra de ese momento, pero quedó obsoleto. Y eso se puede cambiar fácilmente. Así como esa hay otras incorporaciones y modificaciones que se pueden hacer en el presupuesto que terminan beneficiando a la población.
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