Tras el cierre de Calcar, los trabajadores se movilizan manteniendo reuniones al más alto nivel para intentar cobrar los haberes adeudados y lograr que la empresa no cierre definitivamente. En el horizonte aparece la posibilidad de formar una cooperativa de trabajadores que gestione la empresa, algo que para los propios funcionarios de Calcar es sumamente viable.
El cierre de la planta de Calcar en Tarariras, Colonia, dejó desempleados a 107 trabajadores que, tras conocerse la noticia, se encuentran “en una suerte de ocupación para cuidar todos los bienes”, dijo a La Mañana Washington Marzat, secretario general de la Asociación de Laboral de Trabajadores de Calcar (Altrac). El dirigente sostuvo que se encuentran en una situación delicada debido a la decisión que “la cooperativa intempestivamente” tomó cuando decidió cerrar sus puertas y presentarse a concurso voluntario “por las dificultades que ya viene acarreando desde hace años”. Aseguró que el cierre de la planta en Tarariras los puso en una situación compleja, habida cuenta de “que a esta hora no hemos percibido un solo peso del sueldo del mes de marzo”.
Desde el momento del cierre, los trabajadores se movilizan a contrarreloj manteniendo reuniones al más alto nivel para intentar cobrar los haberes adeudados y con miras a lograr que la empresa no cierre definitivamente sus puertas. Para eso, hay en carpeta varios escenarios posibles, como la conformación de una cooperativa de trabajadores o la llegada de posibles inversores. Mientras tanto, la comunidad de Tarariras y otras de la zona se ven seriamente afectadas por la importancia económica y social que implica el cierre de una empresa tan importante en medio de una pequeña población del interior.
Marzat dijo que, en un departamento como Colonia, “que está sumamente castigado por el cierre de puestos de trabajo”, la decisión de Calcar es otro condimento que se suma al drama que eso significa. Los trabajadores realizan gestiones al más alto nivel a efectos “de que esto se pueda reabrir porque hay muchas intensiones de todos lados” para que la fábrica siga funcionando. En ese contexto, los trabajadores creen que mantenerla en buenas condiciones es una buena opción hasta que se encuentre una salida viable.
La idea de los sindicalizados es mantener la fábrica en funcionamiento y que las máquinas “estén operativas”. Una de las principales tareas es mantener los equipos de frío en buenas condiciones, “porque de detenerse por mucho tiempo pueden sufrir un daño con un coste muy importante” para volver a reactivarlo. “Todo el parque industrial está custodiado por nosotros”, prontos para subir las llaves y poder arrancar cuanto antes aseguró el trabajador. Aseveró que todo está en las mismas condiciones en que quedaron el último día de trabajo gracias al esfuerzo “de los compañeros de la sala de guardia de máquinas”.
Sueldos, aguinaldos y salarios vacacionales
De los 107 trabajadores que conforman la plantilla, unos 90 prestaban servicios cuando las autoridades de la empresa decidieron cerrar las puertas. Además de los que se encontraban trabajando, había funcionarios que cursaban el seguro de paro, “incluso hace 30 días la empresa había pedido otro esfuerzo para reducir la plantilla de trabajadores”, informó Marzat. El sindicalista dijo que además del sueldo de marzo se adeuda una cuota del aguinaldo de diciembre, que había sido negociado en su momento en cuatro cuotas, casi el 90% del salario vacacional y las licencias que se generaron el año pasado.
La gran mayoría de los trabajadores de la planta de Calcar son oriundos de la ciudad de Tarariras, de las zonas cercanas y “otros venimos de la ciudad de Carmelo”, sostuvo el trabajador. Sobre las consecuencias del cierre, reflexionó que “parece que cuando se cierra una fábrica son 107 puestos de trabajo” y se desconoce que cuando cierra una industria como Calcar, “que pone tanto valor agregado, el impacto a veces parece inconmensurable”. Marzat dijo que hay daños directos para los productores que dejan de remitir, para los trabajadores que quedan sin su fuente de ingresos y para las localidades que quedan afectadas económicamente. Señaló que Tarariras, con 10 mil habitantes, y Carmelo, con 19 mil, son las comunidades que sufren las mayores consecuencias porque “todos esos dineros dejan de circular” y antes quedaban en “el almacén, la carnicería, la tienda”. Enfatizó que se trata de “una gran tragedia para una localidad que cierre una fábrica de estas dimensiones”.
“Dentro de la tragedia que es esto, tratamos de manejarlo con mucha altura”, sostuvo el vocero de los trabajadores, quien admitió que han existido conversaciones con la dirección de la empresa, aunque en forma esporádica y por teléfono. Enfatizó que la Asociación tiene más de 40 años y en todo ese tiempo han aprendido a manejarse en este tipo de situaciones. Una de ellas fue la de 2009, antes de que la planta fuera adquirida por Calcar, cuando también enfrentaron una situación similar.
Actualmente los trabajadores y los representantes de los ministerios de Ganadería, Industria, Economía, el Inale, Inacoop y Brou están manejando varios escenarios posibles como la asociación público-privada. “No nos debemos olvidar de que el principal acreedor de esta situación es el Banco República”. La inversión privada o la posibilidad de la conformación de una cooperativa de trabajo es algo que los trabajadores ven viable.
Varios productores dejaron de remitir su producción
Para Marzat, una de las causas que motivó este cierre de Calcar tiene que ver con la caída del mercado internacional: “Se complicó el tema de la quesería y quedó a mitad de camino una media inversión que se hizo en la empresa”. Indicó que, si bien en su momento se recibió asistencia financiera del Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas por 4 millones de dólares, “las decisiones que se tomaron también fueron equivocadas”.
Remarcó que la empresa mantiene deudas importantes con los productores, “que son los que proveen la materia prima”, con quienes “hay miles de dólares de deuda”. Reconoció que la frutilla de la torta para que se desencadenara esta situación fue la salida de cuatro o cinco productores “que representaban el 60% de la leche”, lo que hizo inviable el funcionamiento de la cooperativa.
