Algunos informes de OMS advierten menor atención médica a personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas durante la pandemia. En un reciente foro académico el ministro de Salud, Daniel Salinas, sostuvo que el principal desafío es la prevención y ampliar la cobertura de atención y tratamiento a todos los departamentos del país.
El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que la crisis por el covid-19 podría conducir a un aumento en el uso de drogas a nivel mundial, tal como sucedió en otras crisis económicas, como la de 2008. Desde entonces, se vio reflejado un aumento del uso de drogas “alarmante” durante la última década, con 269 millones de consumidores en todo el mundo en 2018, lo que representó un aumento del 30% en esa última década.
Además, Ghada Waly, directora ejecutiva de UNODC, dijo en un comunicado que “los grupos vulnerables y marginados, los jóvenes, las mujeres y los pobres pagan el precio del problema mundial de las drogas”. “La crisis de covid-19 y la recesión económica amenazan con agravar aún más los peligros de las drogas, cuando nuestros sistemas sociales y de salud han sido puestos al límite”, aseveró.
Por eso desde la ONU se instó a que los gobiernos no escatimen en presupuesto para prevenir el consumo y pidió a los países desarrollados (que concentran la mayor parte de consumidores) a ayudar a combatir el tráfico en los países pobres y a invertir en el tratamiento de patologías relacionadas con el uso de sustancias.
¿Cuánto impactó la pandemia en el consumo?
Todavía no hay una gran evidencia científica sobre nuevos patrones de consumo de drogas en pandemia, pero los primeros estudios arrojan distintas realidades al respecto. El Informe Europeo sobre Drogas 2020, constató que en ese continente se redujo el consumo de sustancias como la cocaína y el éxtasis, pero aumentó el del cannabis y las benzodiacepinas. En tanto, en Estados Unidos, estudios dieron cuenta de que se agravó el uso problemático de opioides (principalmente fentanilo), disparándose el número de sobredosis en la mayoría de los estados.
En América Latina, los especialistas toxicológicos esperan los resultados de la encuesta sobre patrones de consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia, que realizó la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). No obstante, ese organismo internacional ya emitió advertencias al respecto.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó, luego de la última reunión de la CICAD realizada en diciembre, que los planes y programas de los diferentes gobiernos para tratar el problema de las adicciones a las drogas se hayan visto limitados por la pandemia. Almagro señaló que el acceso a los programas de tratamiento y adicciones a las drogas “se ha visto limitado y se requiere de más coordinación, desarrollo, implementación de planes y programas de reducción de la oferta y de la demanda de drogas que contrarresten el impacto del narcotráfico y que apoyen a las personas y las familias afectadas”.
Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constató que el 30% de los países presentó dificultades en el acceso a medicamentos destinados a tratar trastornos mentales, neurológicos y derivados del consumo de drogas.
En ese sentido, Almagro señaló que es “imprescindible” que los países continúen fortaleciendo las capacidades institucionales que promuevan y protejan la salud, la seguridad, los derechos humanos y el bienestar de las personas en la región. Resaltó la importancia de la actualización de la estrategia hemisférica sobre drogas de la CICAD con el desarrollo del plan de acción 2021-2025, “el documento de drogas más importante de la década” según Almagro, porque representa un compromiso político y presenta las directrices para que los países puedan hacer frente a los problemas de las drogas con una “respuesta integral y coordinada”.
MSP: desarrollar la prevención y tratamiento
En Uruguay, el uso problemático de sustancias psicoactivas se aborda desde los últimos años con una visión integral, desde una perspectiva marcada en los derechos humanos, el desarrollo sostenible de las acciones y la salud pública.
En el art. 5 de la ley de Salud Mental (19.529) aprobada en 2017, se refiere al “consumo problemático de sustancias psicoactivas” como un tema de naturaleza multidimensional, el cual debe ser abordado en el marco de las políticas de salud mental con una perspectiva integral que incluya la reducción de riesgos y daños, la atención psicosocial, y la integración educativa y laboral. Asimismo, el art. 30 de dicha norma estipula que una persona puede ser hospitalizada de forma involuntaria si existe “riesgo inminente” de vida para la persona o para terceros.
En el foro académico “Usos problemáticos de drogas: miradas y abordajes” realizado el pasado 10 de diciembre por la Junta Nacional de Drogas (JND), el ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que es importante desarrollar un sistema integral de prevención y tratamiento del uso problemático de sustancias “para llevar adelante estrategias integrales, con acciones de promoción de salud, en las que se tengan en cuenta las habilidades y capacidades psicosociales, del ámbito educativo, laboral, comunitario y familiar de la persona”. Indicó que el principal desafío de su cartera es “ampliar la cobertura de atención y tratamiento en todos los departamentos del país, en prestadores de salud públicos y privados”.
Salinas también señaló que ve con buenos ojos la posible sanción de la ley de “voluntad anticipada para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social en caso de consumo abusivo de drogas”, proyecto que ya fue aprobada por la Comisión de Salud de Diputados.
“Con esta ley una persona puede explicitar que, en caso de sufrir una crisis por consumo de drogas, se dispone a recibir tratamiento, más allá de que durante la crisis misma y bajo los efectos de sustancias, o en momentos de desintoxicación, manifieste lo contrario. Porque muchas veces a lo largo del tratamiento -que es largo y difícil para quien lo vive y las personas que lo acompañan- el paciente por momentos declina en la voluntad de seguir adelante, por lo que la manifestación previa y explícita de querer vivir todo el proceso es esencial”, argumentó el ministro.
JND: abordaje individual enfocado en la relación del individuo con la sustancia
El secretario general de la JND, Daniel Radío, explicó en el foro que el problema no está centrado en las sustancias, sino en cómo se relaciona el individuo con ellas y que el uso problemático es el emergente de vulnerabilidades previas de las personas y de contextos familiares o comunitarios. En ese marco, Radío remarcó en que la intención es que los abordajes “sean hechos como trajes a medida”, ya que no existen tratamientos con validez universal. Afirmó que “los problemas serios en relación a esta temática deben pensarse de manera individualizada”.
Radío aseveró que “cuando los usos de sustancias son problemáticos constituyen una patología, que como tales deben ser encarados y, por lo tanto, es deseable que las terapéuticas ensayadas, tengan evidencia científica que las respalde. Sostuvo que esta “es una patología con una alta prevalencia y un alto índice de fracaso terapéutico”, motivo por lo que apeló a “abrir los ojos e indagar en cuánto análisis se necesite, cuánta acción promocional, cuánto aporte técnico multidisciplinario, cuánto trabajo intersectorial, cuánto compromiso y cuánta inteligencia”.
Cannabis: ONU reconoce sus propiedades medicinales, mientras la JIFE insiste en que Uruguay incumple tratado internacional al legalizarla
El mes pasado, en Viena, la Comisión de Estupefacientes ONU atendió un dictamen de la OMS y reconoció las propiedades medicinales del cannabis y la retiró de la Lista IV (drogas peligrosas) de la Convención sobre drogas de 1961, lo que significa que se reconoce oficialmente la utilidad médica de esa planta, aunque su consumo recreativo seguirá prohibido en la normativa internacional.
En ese sentido, hace dos semanas en esa misma ciudad europea, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) recordó al gobierno uruguayo que el uso recreativo del cannabis va en contra de la normativa internacional. La JIFE recordó que según la Convención, el uso del cannabis debe limitarse a actividades médicas y científicas, y que está prohibida su “producción, distribución o venta”, como sucede en Uruguay desde que se legalizó en 2013, medida que luego replicó Canadá, México y casi veinte estados de Estados Unidos.
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