La instalación del primer cajero de criptomonedas en Uruguay abre el debate sobre las condiciones del país para ser un «criptohub internacional». Desde el Parlamento surgen pedidos de informes al Banco Central y también propuestas de regulación del mercado.
El primer cajero de criptodivisas en Uruguay fue inaugurado a comienzos de enero en Punta del Este, a través de las empresas propietarias inBierto y Urubit.
Adolfo Varela, fundador de inBierto, dijo a la prensa que «este hecho muestra que el país tiene las condiciones para ser un criptohub internacional y puede ser la plataforma para que esta tecnología de cajeros cripto ingrese a América Latina».
En el día de la inauguración se realizaron unas 1.000 operaciones en este cajero. Se pueden comprar bitcoin, que se almacenan en una billetera digital que puede estar en un teléfono celular o transferirlos a cuentas de custodia de criptomonedas que están en el exterior.
En la actualidad no existe una legislación que considere al bitcoin como una divisa, y, por lo tanto, es un producto que se puede adquirir como cualquier otro. El Banco Central ha conformado un grupo de trabajo que se espera esté proponiendo este año una legislación sobre las criptodivisas.
En un documento del BCU se señala que las criptodivisas «no constituyen monedas de curso legal, como sí lo es el peso uruguayo y no fueron emitidos ni cuentan con el respaldo de ningún banco central». Se aclara que «actualmente, la emisión y la comercialización de estos instrumentos no son actividades que se encuentren comprendidas dentro de la actuación del Banco Central del Uruguay y, por tanto, no están sujetas a regulación específica».
La autoridad monetaria indica que, por sus características, «algunos activos virtuales favorecen el anonimato y la no reversibilidad de las transacciones, aspectos que pueden exponer a quienes operen con ellos a importantes riesgos, como por ejemplo el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o el fraude». Por el momento, para el BCU, las criptomonedas son un bien especulativo, pero si avanzan y se convierten en método de pago podría afectar el Sistema Nacional de Pagos. Pero el Banco Central apuntaría este año no a regular a las criptomonedas, sino a la actividad de comercio e intercambio de estas.
A nivel parlamentario, el senador Juan Sartori presentó el año pasado un proyecto de ley para regular este mercado. Precisamente, el fundador de inBierto, Adolfo Varela, fue uno de los asesores en la redacción de este proyecto.
Posible competencia desleal
La instalación del cajero de criptomonedas en Punta del Este motivó que el diputado Alvaro Perrone (Cabildo Abierto) efectuara un pedido de informes al Banco Central para saber si dicho cajero está autorizado para operar y cuál es la normativa que rige en el mercado de criptoactivos en Uruguay.
El legislador dijo a La Mañana que todo intercambio de divisas está regulado. En este caso existe «un intercambio de divisas, o sea bitcoin por dólares y lo queremos saber es si este tipo de transacciones está habilitado por parte del Banco Central y ver las condiciones en que se puso ese cajero». Agregó que los bancos y las casas de cambios no tienen ese tipo de operativa «por lo cual existiría una competencia desleal». Además indicó que para tener una casa de cambios hay que presentar una serie de garantías ante el Banco Central y en este caso «no se sabe la empresa propietaria del cajero en calidad de qué tipo de empresa actúa».
La preocupación también existe porque el FMI ha advertido sobre los inconvenientes que hay con las monedas digitales en cuanto al lavado de activos o el financiamiento al narcotráfico o al terrorismo. «Con el correr de los años se ha avanzado con la trazabilidad del dinero. Cuando se va a un banco con una suma importante, hay que demostrar de dónde salió el dinero y ahora desconocemos la trazabilidad del bitcoin», alertó Perrone. «Alguien puede tener una suma de bitcoin en otra parte del mundo, que no sabemos de dónde lo sacó, y viene entonces a este cajero y lo transforma en dólares los cuales puedo ir a depositar después a un banco, porque demuestra de dónde los sacó. Entonces ahí está uno de los problemas», sostuvo.
Perrone no descartó que se pueda citar al Banco Central, ya sea a la Comisión Permanente de Diputados que funciona durante el receso o a la Comisión de Hacienda, una vez que se retome la actividad normal desde el 15 de febrero, para que señale qué acciones está tomando frente al avance de las criptodivisas.
Alertas del FMI
El Fondo Monetario advirtió que el crecimiento de las criptodivisas puede generar un efecto dominó en los mercados internacionales. O sea, su volatilidad puede contagiar el mercado accionario o desestabilizar el sistema financiero.
En un reciente informe del FMI, los economistas Tobias Adrian, Tara Iyer y Mahvash S. Qureshi destacan «la correlación de las criptomonedas con otros activos tradicionales, como las acciones, ha aumentado significativamente, lo que limita su uso como ‘diversificador’ y aumenta el riesgo de contagio en los mercados financieros».
El precio de la principal criptomoneda, el bitcoin, es por demás volátil. Cuando surgió la pandemia de covid-19, su precio era de US$ 10.000 y subió a un máximo de US$ 64.000 en abril de 2021, para situarse en la actualidad en US$ 42.000.
Desde el organismo internacional se realizó «una llamada global a todos los reguladores para que adopten un marco regulatorio global integral y coordinado para lanzar un marco y unos parámetros de supervisión y mitigar los riesgos cada vez mayores que suponen estos activos para la estabilidad financiera».
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