El informe presentado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior revela que las estafas se han convertido en uno de los delitos más frecuentes del país, con un incremento superior al 2.000% en poco más de una década. En 2024 se registraron más de 31.000 denuncias, consolidando a este delito como el tercero más reportado a nivel nacional.
La expansión se enmarca en una transformación global. De acuerdo a INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las estafas han crecido en escala, sofisticación y capacidad de operar a distancia, muchas veces de forma transnacional y con participación del crimen organizado. Modalidades como las estafas de inversión, el phishing, los fraudes sentimentales en línea o las suplantaciones de identidad digital forman parte de un nuevo ecosistema delictivo facilitado en mayor medida por la tecnología.
En Uruguay, el salto en las denuncias comenzó a verse con fuerza desde 2016. En 2013 se reportaron 1.333 casos; en 2024, esa cifra trepó a 31.144. La tasa por cada 100.000 habitantes pasó de 38,7 a 870,5. La pandemia de Covid-19, con el auge de la digitalización, parece haber sido un fermento clave en este crecimiento.
Víctimas más expuestas: adultos en edad activa y mujeres
El informe muestra como principales víctimas a personas de entre 26 y 55 años, con tasas que superan las 1.000 víctimas cada 100.000 habitantes. Las mujeres presentan una mayor tasa de victimización que los hombres, fenómeno posiblemente vinculado a sus patrones de consumo digital o a una mayor disposición a denunciar.
En la mayoría de los casos, las estafas afectan a una sola persona. No obstante, también se registraron episodios masivos, como fraudes que involucraron a más de 300 personas en un solo evento. En aproximadamente uno de cada cinco casos, las víctimas son instituciones o empresas, aunque no siempre es posible identificar su perfil por limitaciones en los registros.
Impacto territorial: todos los departamentos afectados
El aumento de estafas se registró en los 19 departamentos entre 2020 y 2024, pero con disparidades significativas. Rocha encabeza las tasas más altas del país, seguido por Maldonado, Salto, Montevideo y Durazno. Rivera fue el departamento con mayor crecimiento relativo. No obstante, AECA advierte que la dimensión geográfica debe leerse con cautela, ya que muchas de estas estafas se cometen de forma remota y no responden necesariamente a dinámicas locales.
Baja respuesta penal: apenas 1,5 imputaciones cada 100 denuncias
Uno de los datos más alarmantes del informe es la baja tasa de respuesta del sistema judicial. En 2024 se imputaron penalmente solo 1,5 personas por cada 100 denuncias. La cifra evidencia una brecha importante entre la denuncia ciudadana y la capacidad del sistema para investigar y sancionar.
Entre los imputados, el 35,7% fueron mujeres, una proporción mucho mayor que en otros delitos. Además, la edad promedio de los autores ronda los 31 a 33 años, bastante menor que la de las víctimas.
Un fenómeno difícil de medir
AECA reconoce importantes limitaciones en el registro de datos. Se estima que solo el 11,7% de las estafas son denunciadas formalmente, y otro 16% son reportadas a la policía sin denuncia oficial. Esto deja a la vista una “cifra oculta” significativa que impide conocer el verdadero alcance del delito. Además, los registros actuales carecen de información clave sobre las modalidades de estafa, los instrumentos utilizados, el canal de contacto o la tecnología involucrada.
Para subsanar esta debilidad, AECA proyecta un estudio específico en colaboración con la Unidad de Cibercrimen, que permitirá sistematizar estos elementos. También se prevé que la Encuesta Nacional de Victimización de 2025 aporte información clave para dimensionar mejor el fenómeno.
¿Desplazamiento delictivo hacia lo digital?
Finalmente, el informe plantea un interrogante clave: ¿el auge de las estafas digitales está desplazando a los delitos tradicionales como hurtos o rapiñas? Aunque algunos investigadores sostienen que sí, AECA prefiere la cautela. La coexistencia de ambos fenómenos parece más probable en el contexto latinoamericano, donde las tasas de delitos convencionales siguen siendo altas. Aun así, el informe destaca que el nuevo escenario delictivo exige estrategias adaptadas, con capacidad de abordar un crimen cada vez más sofisticado, remoto y difícil de detectar.
