La gestión del sistema penitenciario en el gobierno anterior “careció de una visión integral y de largo plazo”, según la secretaria general de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), Sandra Pereira, y el presidente del núcleo sindical de la Unidad Penitenciaria 5 (Cárcel de Mujeres), Julio Boffano. Los operadores dialogaron con La Mañana acerca del crecimiento de la población carcelaria, el hacinamiento y la vulneración de derechos. También reclamaron condiciones laborales dignas y reformas centradas en la rehabilitación y la seguridad integral.
¿Qué evaluación hacen acerca de la gestión del sistema penitenciario de la administración anterior?
El panorama penitenciario siempre es complejo. Por eso es por lo que hay muchas personas en diferentes áreas que estudian y se preparan para pensar las políticas criminales, penitenciarias y el sistema penal. No hubo una política criminal medianamente racional. La administración anterior se caracterizó por un crecimiento exponencial de la población carcelaria que rebasó la capacidad del sistema, pero eso fue una opción política: la LUC. Tener más personas privadas de libertad y por más tiempo no disuade, no rehabilita. Esto está estudiado en todo el mundo y no les importó aun cuando actores relacionados al sistema le advirtieron al gobierno que iba a tener un impacto negativo, especialmente en las mujeres, y es lo que ocurrió. La cárcel se transformó en parte del problema de la inseguridad y no en la solución, pero lo taparon muy bien logrando que la opinión pública no identificara una cosa con la otra. Reconocemos esfuerzos en la implementación de ciertos programas de rehabilitación y mejoras infraestructurales puntuales, pero la gestión careció de una visión integral y de largo plazo. Ni hablemos de la constante vulneración de derechos a los internos y al funcionariado. El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no puede tener una concepción punitiva-policial. Su cometido es otro y en general el sistema no lo entiende, pero en el gobierno anterior esto fue casi escandaloso. Escuchar policías, pero también algunos civiles, que directamente violenten los derechos y se jacten de hacerlo no puede pasar. También la Policía quedó muy desprotegida en cuanto a sus derechos laborales. Sobre esto, la nueva administración tendrá mucho que trabajar. Venimos de una administración en la que solo el 17% de los privados de libertad tiene oportunidades de rehabilitación y luego de que salen, siete de cada 10 reinciden. Esto es un fracaso total del Mides, del Ministerio del Interior y de todo el gobierno que no logró articular nada y parece que no importó mucho hacerlo. Y esto incide en toda la sociedad.
¿Cuál es la situación particular de las mujeres en reclusión?
Hay 1400 mujeres privadas de libertad, casi 900 en la Unidad 5. La mayoría son jóvenes, con historias de vida marcadas por abusos y falta de oportunidades, maternidad temprana, violencia de género. El 58% está por delitos de drogas. Es la primera causa de delito en la población femenina que siempre es el eslabón más débil. Se piensa muy poco en el sistema penitenciario con una mirada de género y de clase. La mayoría de las privadas de libertad fueron socializadas en espacios estereotipados respecto a lo femenino y masculino con una fuerte marca de la división sexual del trabajo. El sistema tiene un sinfín de invisibilidades y también es nuestro rol como funcionarios civiles comprometidos y como sindicalistas hacerlos visibles, mostrando la realidad y la negatividad de muchas concepciones actuales del castigo. Al contrario de lo que piensan algunas personas, las reclusas trabajan mucho y en varios casos sin la regulación de derechos que debería tener cualquier trabajador. Son bastante explotadas, por lo menos en la Unidad 5, con un concepto del viejo derecho romano que se llama “peculio” y que tiene una connotación bastante negativa. Hay una emergencia carcelaria no declarada por las autoridades y por el poder político. Por eso, nuestro sindicato junto a la senadora Bettiana Díaz tuvo que interponer el primer habeas corpus correctivo colectivo, algo histórico en nuestro país y que viene dando muy buenos resultados, ya que no podemos separar las condiciones que viven las personas privadas de libertad de nuestro trabajo y viceversa. Es claro, si ellas conviven con ratas, nosotros también y esto no puede darse para nadie.
Como personas que comparten el día a día con los privados de libertad, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones con respecto a la situación actual de las cárceles?
Tiene que haber un cambio sustantivo de concepción y eso es lo que esperamos de Ana Juanche, directora del INR. Quienes trabajamos en el sistema penitenciario vivimos a diario las consecuencias del hacinamiento extremo, que genera un ambiente de alta tensión y violencia. La falta de recursos humanos y materiales impide brindar una atención adecuada a las personas privadas de libertad, afectando su salud física y mental, pero también la falta de concepciones y de gente capacitada para gestionar. La ausencia de programas de rehabilitación sólidos limita las posibilidades de reinserción social, perpetuando el ciclo de la delincuencia. Nos preocupa la creciente presencia de organizaciones criminales dentro de las cárceles, que ejercen un control sobre la población reclusa y dificultan la labor de los funcionarios. La seguridad de los trabajadores penitenciarios es una preocupación constante ante la falta de personal y la precariedad de las condiciones laborales. También esperamos una capacitación especial para las personas que trabajamos y evaluaciones con enfoque de derechos humanos. Necesitamos sentir que se nos respalda y no que ante cualquier error se nos sancionará, y esto vale particularmente para los policías que en general no solo están muy mal preparados para ese trabajo, sino que viven con miedo a tomar decisiones que son obvias por temor a ser sancionados. Es como si el sistema perverso de la concepción de castigo –perimida académicamente– que se aplica a los reclusos también se lo hace al funcionariado. Es un círculo vicioso, pero posible de romper y es imprescindible hacerlo.
¿Qué medidas consideran necesarias para abordar el aumento del hacinamiento?
Se requiere un plan integral que combine medidas a corto, mediano y largo plazo. Es urgente invertir en la creación de nuevas instalaciones penitenciarias, con diseños que prioricen la seguridad dinámica y la rehabilitación. Y no porque estemos de acuerdo con que haya más cárceles, es porque las que hay, como la Unidad 5 en particular, se están cayendo a pedazos. Además, ningún Estado puede vivir construyendo nuevas plazas. El hacinamiento se reduce adoptando medidas que reduzcan la duración de los procesos penales. Se necesitan medidas alternativas; políticas de reinserción (el Mides tiene que volver a la Unidad 5); coordinación interinstitucional. Nuestra pregunta guía debería ser qué queremos penar, cómo y cuánto.
¿Qué expectativas tienen con el cambio de gobierno? Como sindicato, ¿prevén reunirse con las nuevas autoridades?
Representa una oportunidad para impulsar una reforma profunda del sistema penitenciario. Esperamos que las nuevas autoridades asuman el problema como una prioridad y destinen los recursos necesarios para implementar soluciones efectivas, pero también concepciones nuevas sobre lo técnico, lo que funciona y lo que no funciona para las personas que han cometido delitos. Además, que se trabajen los factores de riesgo asociados a la conducta delictiva, tal como lo demuestra la evidencia, centrarse en el concepto de seguridad dinámica, la relación y coordinación entre la intervención técnica y la seguridad custodial, romper la dinámica de la acción-reacción y convencer al funcionariado de algo muy simple que hace que todo funcione mejor: no estamos para juzgar a los internos, ya lo hizo la justicia y el buen trato genera buen trato. Como sindicato buscamos un diálogo constructivo para presentar nuestras propuestas y colaborar en la búsqueda de soluciones.
¿Cuáles son los principales reclamos en lo que respecta a las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios?
Condiciones laborales dignas, aumento de personal –nuestro trabajo es insalubre, pues que se reconozca de una vez–, atención a la salud mental porque estamos expuestos a situaciones de alta tensión y violencia, seguro de vida, salud ocupacional penitenciario y ser escuchados en el proceso de creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
¿Consideran que el sistema político es consciente de que el país enfrenta una situación de emergencia carcelaria?
Es necesario que el sistema asuma la emergencia penitenciaria como una prioridad nacional. Es imperioso una política de Estado desde la primera infancia, no es solo tema del INR. Queremos que haya más seguridad, entonces, metámosle al tema cárceles y todos nos vamos a beneficiar.
