Se estima que en Uruguay hay cerca de un millón de personas en el clearing de informes, muchas endeudadas con más de las 50 casas de créditos del país. Una solución podría ser el proyecto de ley de reestructura de deudas para las personas físicas, sin embargo, el documento presenta demoras y los involucrados reclaman la aprobación de forma urgente.
A fines del 2020, el senador Guido Manini Ríos presentó una iniciativa que apunta a beneficiar a deudores de prestamistas y financieras para poder salir de las grandes cuentas; si bien parecía que había un acuerdo al respecto ya que el documento se había estudiado y modificado en algunos aspectos, recientemente el cambio posición de algunos legisladores lo arrojó hacia atrás.
El proyecto de ley de reestructuración de deudas de personas físicas había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado hace dos semanas, pero el martes 8 de noviembre generó reparos en la sesión del Senado, por lo que volvió a Comisión luego de un debate y un cuarto intermedio.
De cara a este hecho, La Mañana consultó a tres ciudadanos uruguayos que esta ley, de aprobarse, podría significar un “salvavidas financiero” para salir de las grandes deudas que los califican como clientes de riesgo a la hora de realizar una gestión que implique créditos.
Como se explicó en este medio en una noticia del pasado 9 de noviembre, la intención del proyecto es favorecer al deudor para que pueda refinanciar sus deudas y, de esta manera, volver a obtener créditos. Pero también se favorecerían las financieras que podrían cobrar créditos incobrables, salvo que la intención de algunas de ellas fuera negociar con algunos de los cientos de estudios que buscan rescatar algo de la deuda.
Se estima que en Uruguay hay cerca de un millón de personas en el clearing de informes, y muchas de ellas aún tienen cuentas por pagar. Una de las historias es la de Francisco, quien hasta fines de 2019 y principios de 2020 había podido responder correctamente con el pago de sus obligaciones, pero por motivos laborales que llevaron a que esté falto de dinero, se involucró en lo que denomina “la bicicleta”: sacar un préstamo o tarjeta para pagar otro préstamo. “Hasta que llegó un momento en el que tuve que cortar la cadena y no pude pagar ninguno”, explicó.
El entrevistado debió concentrarse en lo que sí podía pagar y consultar cuáles de las empresas de créditos estaban dispuestas a acordar cuotas dentro de sus posibilidades. La realidad es que Francisco llegó a contar con préstamos de 20 firmas distintas, pero hoy solo una no ha querido arreglar una financiación de acuerdo a sus ingresos.
Comentó que, en febrero de 2021 pudo averiguar a través de Defensa al Consumidor que debía $ 102.000 a esa firma, pero hoy le quieren cobrar $ 360.000, y si lo financian se va a $ 600.000. “Al mismo tiempo, durante este período, las llamadas de los diferentes estudios jurídicos fueron de modo prepotente, con cierto ‘patoterismo’ hacia mí, mi pareja, mi madre, incluso en mi trabajo”, señaló.
En relación a las llamadas a diversos contactos relató que una de las empresas de préstamos llamó a su lugar de trabajo (con cientos de empleados) preguntando por su nombre. “Primero llamaron a la central telefónica, fueron hablando con diferentes personas y terminaron enterados de mi atraso desde gestión humana hasta mi jefa. Cuando atiendo, la persona del otro lado me habló a los gritos diciendo que me iban a rematar todo”.
Poca potestad de Defensa al Consumidor
La única herramienta disponible que tiene Francisco para lograr acordar pagos ha sido Defensa al Consumidor, aunque no funciona en todos los casos, ya que solo pueden mediar, pero no obligar. Pudo acordar con dos empresas, una de créditos y un fideicomiso que compra deudas, los llamados “estudios”.
Antes de lograr el acuerdo con la casa crediticia en la que tenía un préstamo y una tarjeta, intentó por sus medios realizar un convenio de pago, por lo que obtuvo una respuesta positiva. Durante los diálogos, desde la firma se le indicó que el acuerdo era por la tarjeta y el préstamo.
“Pero resulta que a los meses me llamaron de un estudio y me dijeron que debía $200.000 a la empresa con la que había hecho el arreglo de pago. Llamo a la firma y me comentaron que el acuerdo no fue por la tarjeta y el préstamo, sino que solo por la tarjeta de crédito. Debí solicitar una abogada y hasta a ella la trataban de malos modos por teléfono”, indicó el entrevistado.
Francisco pidió las grabaciones de las llamadas y dijo que solo le mostraron algunas, pero que en ellas se podía escuchar que el acuerdo era por tarjeta y préstamo. “El asunto es que ellos le dicen préstamo al adelanto de efectivo de la tarjeta de crédito, pero no me lo habían informado de esa manera”, sostuvo.
En Defensa al Consumidor le indicaron que ellos no pueden tomar prueba, sino que lo máximo que pueden hacer es calcular si, en base a los intereses que están permitidos, los números están bien hechos e intentar mediar. “Al punto que, dicho por ellos mismos en la audiencia, están esperando el proyecto de ley que limite las tasas de interés, ya que hay sitios que cobran hasta un 200%”, explicó Francisco.
Con el estudio jurídico terminó arreglando una financiación del préstamo en 50 cuotas debido a que la empresa inicial no le aclaró que un adelanto de efectivo también se categorizaba como préstamo. “Cuando demoro media hora en pagar la tarjeta de crédito me notifican varias veces en el mismo día, pero no fueron capaces de avisarme que el préstamo no lo estaba pagando, me enteré cuando vendieron la deuda”, lamentó.
Francisco podría haber realizado una denuncia formal y comenzar un proceso judicial denunciando la falta de información por parte de la financiera, sin embargo, no cuenta con los medios económicos suficientes como para afrontar un juicio de esa magnitud.
El ciudadano considera que el proyecto de ley de restructuración de deudas sería de gran ayuda para regular los porcentajes que se puedan cobrar para un financiamiento, “porque muchas veces piden montos impagables por mes”, dijo. Por otra parte, piensa que podría ser bueno “regular el maltrato” que los cobradores hacen por teléfono “y la tortura desde los estudios jurídicos. Esto genera crisis de ansiedad, ataques de pánico, y la verdad es que, si la persona no cuenta con el dinero, por más que lo hostiguen, no podrá pagar”.
La estatal ANII apoya llegada de empresa extranjera de cobranza
En la misma semana que naufragó en el senado el proyecto de ley de reestructuración de deudas de personas físicas, el portal InfoNegocios anunciaba que “Llega a Uruguay Sofi (la uruguaya especialista en morosidad)”, e informa que “se firmó el acuerdo para el lanzamiento de la operación en nuestro país de una de las fintech más importantes de Brasil, que desarrollará su estrategia comercial de manera intensiva”, con un socio local.
Esta plataforma de cobranzas digitales online, cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Es “para empresas que necesitan cobrarle a personas físicas o jurídicas” y “para que diseñe su propia estrategia de cobro en la plataforma, contactándose por Whatsapp, redes sociales, mail, etc” destaca la publicación.
“La morosidad es un gran problema para las familias y las empresas. La población de más rápido crecimiento en el mundo son las personas endeudadas con malas calificaciones crediticias, y Uruguay no es la excepción”, explican en la nota fechada el día 11 de noviembre.
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