Los comerciantes de Salto coinciden en que las medidas recientemente impulsadas por el Poder Ejecutivo son insuficientes, ya que solo dan alivio fiscal a micro y pequeñas empresas, pero no se reflejan en los precios para el ciudadano. Opinan que la microimportanción es una de las soluciones para paliar la difícil situación en la frontera con Argentina causada por la diferencia del tipo de cambio.
El Senado aprobó recientemente el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece medidas de alivio fiscal a las micro y pequeñas empresas de las zonas fronterizas. Este establece la exoneración de aportes patronales del monotributo, IVA mínimo mensual en Literal E, anticipos de IRAE y pagos mensuales del impuesto al patrimonio.
La propuesta amplía los beneficios de la ley N° 19.993: exoneración del 100% de aportes patronales jubilatorios y de la prestación tributaria unificada monotributo y monotributo social Mides. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta ninguno de los proyectos presentados por los senadores Germán Coutinho, Sergio Botana, Guido Manini Ríos, o la diputada Cecilia Bottino, todos en carpeta desde el año 2021.
En ese sentido, La Mañana dialogó con Luis Muguerza, economista y comerciante de Salto, quien recordó que las mismas medidas propuestas en este mes ya se habían aprobado antes “y no tuvieron ningún tipo de efecto”, sentenció. Explicó que se trata de medidas ampliadas, “pero que van en la dirección equivocada”.
Muguerza relató que un grupo de comerciantes que integra tuvieron algunas reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, instancias en las que advirtieron la poca eficacia de la actual resolución.
“En Salto apostamos a la medida de la microimportación. Es una iniciativa que presentó Botana al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y al que se sumó el senador Guido Manini Ríos. Es la iniciativa en la que, en general, hay consenso por parte de todos los comerciantes”, dijo el entrevistado.
Aseguró que esto se debe a que el problema de fondo es la diferencia de precios, hecho por el que la población cruza a Argentina para comprar. “Entonces debemos tomar medidas para evitar que la gente cruce, pero las actuales solo dan alivio fiscal a las empresas, no bajan los precios de los productos para los ciudadanos”, analizó.
Según Muguerza, la única forma de lograrlo es la microimportación. Esto significa que cualquier comerciante vaya a su ciudad vecina, como Concordia, pueda comprar en un supermercado, pasar por la aduana, pagar los impuestos necesarios con la declaración jurada correspondiente y luego vender en su negocio pagando también los impuestos. “Obviamente con un tope de compras y solo para productos importados, no los de producción nacional”, agregó Muguerza.
Aseguró, además, que es una medida que no generaría costos fiscales, sino ingresos, ya que se entiende que los comerciantes pagarán los impuestos obligatorios.
Imesi: un elemento central
Gabriel Cartagena es abogado que ejerce en Salto desde 2019. Es uno de los técnicos que asesoran en materia de comercio fronterizo, aunque aclara que no es especialista en derecho aduanero. Toda su vida vivió en la frontera con Argentina, por lo que entiende que puede hablar no solo como profesional sino como testigo en primera persona.
Es por esto que La Mañana lo consultó acerca del proyecto del Poder Ejecutivo en cuanto a la ampliación de medidas para alivio fiscal y el entrevistado indicó que el documento no aborda el tema fundamental: el Imesi.
El descuento de este tributo en las naftas es del 30%, pero buscan que se llegue al 40%. En Salto, Río Negro y Paysandú, pagando con tarjetas, el litro de nafta súper cuesta unos $ 55, sin embargo, en Concordia, Colón o Gualeguaychú, el litro vale $ 25. “Es evidente que los consumidores van a preferir ir a Argentina a llenar el tanque”, señaló el abogado.
Otro de los temas es el de las importaciones simplificadas que, frente al mismo producto del mismo origen, en Uruguay –debido a la gran carga impositiva–, el distribuidor lo tiene a un precio mucho más alto. “Dicho por el Observatorio de la Universidad Católica del Uruguay, hay productos que valen un 358% más acá que en Argentina, siendo exactamente el mismo insumo”, advirtió.
Resumió que se tienen grandes diferencias en los precios de la vestimenta y en artículos de la canasta básica, “pero si a eso sumamos que para transportarse sale más barato ir a Argentina a completar el tanque, no queda duda que necesitamos el Imesi al 40%, para que el combustible baje y desaliente esa tendencia”.
Cartagena sumó que se debe tener en cuenta que quienes cruzan no solo van pensando en “traer algo más barato que aliviane la olla”, sino que hay personas que trabajan en Salto y se han ido a vivir a Concordia, ya que los alquileres están 1/3 más económicos que en el litoral.
“Por ejemplo, del lado uruguayo, una casa para cuatro o cinco personas, vale entre 10 y 14 mil pesos por mes, pero en Concordia alquilan por $ 4.000 o $ 5.000, con luz, gas y wifi incluido”, argumentó el abogado.
Indicó que siempre existió la vida repartida entre un lado y otro, pero que ahora se ha visto incrementada. A su vez, agregó que la atención médica en las clínicas Puiggari son un gran atrayente para quienes deben realizarse controles de visión u operaciones de cataratas. “Se está llevando a muchos locatarios para atenderse allí”.
El entrevistado resaltó que autoridades de Aduana han visitado a Paysandú y Salto, y dijeron que “la solución era tratar de demorar el paso para desalentar a las personas que vayan al puente”. Cartagena se opone a ese comentario, y en ese sentido explicó que por el puente pasan niños, personas mayores, personas con discapacidades, que “no pueden estar esperando cinco o seis horas en una cola”. Expuso que en el paso de frontera de Salto no hay baño público, ni tampoco hay baño con accesibilidad.
Solución en tres pasos
Sobre cuáles serían las mejores medidas para obtener buenos resultados y pensando en el ideal, el entrevistado dijo que en primer lugar sería el descuento del 40% de Imesi, “porque si bajamos el combustible, se desanima a las personas a tener que ir a otro lugar a cargar”, explicó.
Por otra parte, considera que se deberían simplificar las importaciones, de manera que el distribuidor del mismo producto y del mismo origen puedan evitar algún impuesto a los efectos de recibirlo a un precio competitivo con el argentino.
“Los controles tienen que existir para evitar el contrabando, pero no podemos buscar el castigo al ciudadano común que va a comprar su canasta básica cuando tenemos grandes ferias en Montevideo y Canelones repletas de insumos de contrabando argentino”, señaló el entrevistado.
A su vez, sostuvo, “es necesario ver cómo se facilita el tránsito de quienes viven entre los dos países, que son muchos”.
Cartagena aseguró que quienes gobiernan deben colocar el tema en agenda. “Son los ministerios competentes, además, los que deben solucionarlo”, indicó y recordó que este asunto estuvo presente en la campaña electoral. “Se dijo que se iba a solucionar, pero pasaron dos años con el puente cerrado y dejamos que el tiempo corra hasta llegar a este momento”, lamentó.
Vaticinio de complicaciones
Por su parte, Muguerza estima que se perderán recursos fiscales por impuestos al término de un año de esta apertura de comercio, alrededor de US$ 45 millones de recaudación impositiva en todo el litoral, y US$ 65 millones por el Banco de Previsión Social debido a menos ingresos.
“No solo la gente va a comprar del otro lado para su alimentación, sino que ingresa mercadería informal por el río. Tenemos un estudio que analiza los precios del supermercado de Salto con el del ‘bagashopping’ y la diferencia es brutal, de un 50% más o menos”, informó el entrevistado.
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