Las oficinas del Banco de Previsión Social eran de las que más se visitaban cuando no existía la emergencia sanitaria. Son muchísimos los trámites por la cantidad de servicios y beneficios que se brindan –y no solamente por jubilaciones y/o pensiones– y estos eran motivo de visitas constantes a las oficinas de todo el país en busca información. Todo esto es lo que ahora se ve limitado por las restricciones que generó la pandemia.
Las guardias, el teletrabajo y las gestiones por o con agenda fueron marcando una realidad que ha enlentecido los trámites con los perjuicios lógicos para aquellos que tramitan lo que puede dar cierta garantía a su futuro o el de sus hijos y que reclaman por ello. En medio de los problemas planteados por los que se ven imposibilitados de concurrir al BPS, se encuentra la mala relación existente entre el Sindicato de Trabajadores y el Directorio, lo que hace aún más difícil encontrar la solución.
Expedientes se acumulan
Como mencionamos, las restricciones de presencia y horario por la actual situación sanitaria ha llevado a que se establezcan medidas como el teletrabajo para la resolución de trámites y la orientación a los usuarios para que realicen sus gestiones a través de internet y esto limita el número de personas que lo intentan. Al decir de funcionarios consultados por La Mañana: “La atención normalmente era mala, ahora es verdaderamente desastrosa ya que los expedientes sin resolución se acumulan por miles y las demoras son eternas”.
Los reclamos se acumulan y son variados, desde la demora excesiva de un trámite inicial hasta una situación que llevó a que un vecino riverense expresara: “Nunca te dan respuestas concretas y a veces en medio de la pandemia te sugieren viajar a Montevideo cuando se trata de temas médicos”.
En marzo pasado el Directorio del BPS tomó la decisión de volver a la presencialidad como forma de disminuir los tiempos de espera para trámites por prestaciones, los que en algunos casos tenía demoras de hasta seis meses. El 3 de marzo los funcionarios recibieron el aviso que debían presentarse al día siguiente, lo que fue considerado por el Sindicato como “una irregularidad total” entendiendo que la medida iba contra lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.
La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) denunció el hecho ante la Inspección General de Trabajo y la Dirección General de Salud advirtiendo que la medida “fue inconsulta y en contramarcha del aumento de casos” mencionando, además de que el nuevo Directorio del BPS, encabezado por Hugo Odizzio, “actuó de forma unilateral ignorando al Sindicato”. En medio de toda esta problemática aparecieron una serie de reivindicaciones presentadas por la ATSS que no fueron del agrado de la población en general.
Disminución de personal
De los planteos hechos por la ATSS se destaca la disminución de personal lo que motivó el desgaste de la relación entre directores y trabajadores, a lo que se suma el recorte de un 40% de las pasantías.
Lo mencionado anteriormente ha impactado de forma negativa en localidades como Vichadero, una villa con poco más de 4000 habitantes a 140 km de la capital de Rivera donde, según fuentes consultadas, “la oficina estuvo dos meses sin atención para después ir dos días al mes, cuando generalmente se concurría por lo menos un día o dos a la semana para que ahora se suspenda nuevamente”.
En el marco de la investigación realizada rescatamos el testimonio de un vecino al ser consultado sobre el reclamo que haría si fuera posible. Este manifestó: “Tengan en cuenta nuestras jubilaciones. En mi caso hace un año que espero porque me dieron la aprobación por edad y años de trabajo y cuando reclamo me dicen que la demora es por el covid. Quiero lo que me pertenece”.
Por otra parte, más de un centenar de trabajadores de los free shop Fénix y Colonial vienen reclamando desde tiempo atrás la participación del BPS en la resolución de los problemas que ya se han denunciado y el estado de situación de ambas empresas de las que fueron dados de baja y se desconoce si se realizaron los aportes correspondientes. De acuerdo a lo manifestado por empleados de la firma, “lo único que tienen que hacer es mandar una inspección para verificar que los locales están cerrados”.
Según información que obra en nuestro poder, los trabajadores habrían recibido como respuesta por parte de la oficina local que los trámites de regularización tendrían una demora de dos meses. La dificultad mayor se centra en la notificación a la empresa de que hasta hace meses atrás era responsabilidad de Héctor Laffitte Ximénez, quien, como informáramos en ediciones anteriores, se desvinculó de la misma para la sorpresa del personal.
Los funcionarios se pusieron en contacto con el director en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, quien nos confirmó estar al tanto de la situación y en busca de soluciones y que del número total solamente tres funcionarias pudieron acceder al trámite jubilatorio.
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