Casi un millón de personas figura como deudor incumplidor en el Clearing. Detrás hay muchas historias de personas que quieren cumplir sus obligaciones, pero tienen que enfrentar la injusticia de tasas de interés usurarias y la disponibilidad de magros ingresos para poder salir de un circuito perverso.
En Uruguay, desde el 2017, rige la ley 18.212 que establece como referencia para definir la usura la tasa media que se cobra en el mercado financiero más un 55% cuando el capital prestado es menor a dos millones de UI (unos $10.096.000). La ley fija un límite para la mora por incumplimientos en el pago del crédito, que es de 80% sobre las tasas medias del mercado.
La normativa vigente establece topes para el cobro de los intereses compensatorios (el precio que paga el deudor por el uso del dinero prestado) y de los intereses moratorios (el dinero que, a modo de sanción, debe pagar la persona que no cumplió con el plazo acordado para el pago de las cuotas).
La usura se da cuando los intereses y otros cargos superan los topes máximos fijados por ley. Pero la realidad es que, a pesar de que no se estén excediendo esos topes, son numerosos los casos en el que el contexto y la situación financiera del deudor le impide hacerse cargo de la suma a pagar.
A esto se suma que el acceso a préstamos personales o tarjetas de créditos con limites que superan ampliamente los ingresos de los solicitantes, son cada vez más accesibles y prometen, a través de publicidades en medios masivos, llamadas, mensajes, “ser una ayuda para cumplir sueños”.
“El monto a pagar se multiplicó por 10”
La Mañana dialogó con dos personas que actualmente se encuentran con deudas por importantes sumas de dinero, tanto por préstamos personales como por tarjetas de crédito.
A finales de 2019, Julia, de 52 años, fue contactada por una institución bancaria privada que le ofrecía un préstamo personal, en ese momento la entrevistada tenía planes de realizar una reforma importante en el baño de su casa que le estaba ocasionando problemas, por lo que vio al préstamo como una oportunidad.
Accedió y al contar con dos empleos sus ingresos le permitieron pagar sin atrasos casi un año de cuotas, pero en medio de la pandemia perdió uno de esos trabajos y sus ingresos se redujeron a la mitad de un momento a otro. “De todas formas, el trabajo que perdí lo recuperaría a los tres meses como máximo, entonces caí en otro préstamo para seguir ese tiempo pagando el del banco”, relató.
Pero, por el contrario, el trabajo que aún tenía también lo perdió, y quedó en situación de desempleo. Si bien no podía abonar las cuotas completas, gracias a algunos trabajos independientes fue haciendo entregas de dinero, hasta que no le alcanzó más. “En ese entonces mi deuda con el banco era de unos $11.000 que se habían acumulado”, detalló.
“Pasó un año de esa situación y se contactaron para decirme que mi deuda era casi cinco veces más y en ese momento no me daban la posibilidad de financiarla. A los meses se comunicaron nuevamente pero ya la deuda superaba los $100.000 y esta vez sí me daban la posibilidad de financiarla con la condición de que haga una entrega importante de dinero, pero la realidad es que aún sigo sin un empleo estable que me permita hacerlo”, agregó.
La situación actual de Julia es que trabaja ‘en negro’, vive con hijos menores a cargo y tiene un salario que le alcanza para vivir el día a día, por lo que indicó que no está en condiciones de refinanciar ese monto, al menos por ahora. “Además de que es sabido que cuando uno se compromete con los pagos de refinanciación, si no los cumple luego los intereses son mayores, debido al ‘interés sobre interés’”, explicó.
Señaló que se encuentra en búsqueda activa de un trabajo estable que le permita comprometerme con los pagos adeudados, por más que considera que los montos son desmedidos: “Si tomo en cuenta la deuda inicial de $11.000, en un año el monto a pagar se multiplicó por 10”, sostuvo.
El llamado de los recaudadores de deudas
El caso de Diego, de 59 años, está vinculado a una tarjeta de crédito: en el año 2004 le dieron la posibilidad de acceder a una y aceptó. “Al principio la utilicé para compras en cuotas de algunas cosas para el hogar, ya que luego del 2002 la situación económica continuaba difícil para mi familia. Alguna vez debí usarla para compra de alimentos y ahí fue cuando me excedí en los montos que podía abonar”, comentó.
Comenzó a pagar los mínimos sin entender muy bien de qué se trataba, hasta que un día ya no le dieron más disponible para utilizar, por lo que consultó y le indicaron que el pago mínimo refiere a los costos de atrasos y moras, pero que pagando eso aún se siguen generando recargos.
“Se me complicó la parte laboral y me quedé sin trabajo en 2011. En ese momento mi deuda con la empresa era de $19.700, y con el dinero del despido hice una entrega de $11.000 y me quedaron $8.700 para atrás, al mes siguiente entregué $2.000 más y esos $6.700 que quedaron seguir abonando”, explicó a La Mañana.
Consiguió changas, pero no le alcanzaba para pagar lo adeudado, así que durante cuatro meses no realizó entregas. Pero se comunicaron de una empresa que toma a deudores y le informaron que ya no debía $6.700 sino $85.000. “Fui a la empresa de la tarjeta de crédito y buscaron en el sistema, me dijeron que efectivamente lo que debía eran $19.700, y que esos $11.000 y $2.000 que entregué antes no figuraban”.
Su situación siguió con complicaciones y las veces que pudo, asegura, hizo entregas de dinero, pero en 2014 lo llamaron nuevamente los recaudadores de deudas y le dijeron que debía más de $200.000.
Simulaciones de referencia
Existe una empresa internacional en Uruguay que ofrece una tarjeta prepaga y cuenta con una aplicación que permite hacer transferencias, cambio de moneda y solicitar préstamos. La firma ofrece créditos sin más requisitos que tener la tarjeta, la que se obtiene gratis en una red de cobranza.
Realizamos una solicitud de préstamo por $20.000, la app daba la opción de abonar hasta en 18 cuotas de $2.200 (es decir que se terminan pagando $61.600, siempre y cuando se abone en fecha). Sin embargo, los recargos por atrasos de pago de una cuota llegan a los $1.000 –en atrasos de 24 horas–.
Realizamos otra simulación y nos dirigimos a una reconocida financiera para consultar sobre un préstamo personal. Se preguntó en ventanilla hasta qué monto se podría acceder presentando el documento de identidad y un recibo de sueldo en el que figuran ingresos nominales de $11.500.
La trabajadora del lugar chequeó los datos en el sistema y ofreció un crédito de $77.000 hasta en 48 cuotas de unos $2.500, pero se le dijo que lo máximo que se necesitaba pedir eran $15.000 para pagar en dos veces ya que se trataba de una emergencia concreta.
Realizó los cálculos y dijo que era posible obtener el monto, pero se podía abonar financiado en un número de cuotas mayores a 12 y que rondaban los $2.500 al mes. Sin embargo, ofreció una “promoción” en la que los intereses se reducían notoriamente: podrían prestar $24.000 a pagar, únicamente, en 12 cuotas de $2.590.
En miras de modificar la ley
A nivel político, el partido Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que establece un procedimiento especial para reestructurar la deuda de las personas físicas insolventes. La iniciativa está en tratamiento en la comisión Constitución y Legislación de Senadores y el pasado martes 14 de junio se recibió a representantes de la Liga Uruguaya de Defensa al Consumidor, quienes dieron su visión y plantearon que desde sus experiencias existen miles de personas con intenciones de pagar sus deudas pero se han visto “ejecutados por las financieras”.
Laura Paz, presidenta de la Liga, expuso un caso en el que a una señora que pidió un crédito en 2005, le están descontando, desde el año pasado, entre $6.000 y $8.000 por mes a raíz de la deuda que contrajo. Actualmente, la deuda asciende a $ 10.472.756. “Es impagable para una señora que tiene alrededor de 85 años. Me parece que de ningún modo va a poder pagar esa suma en su vida, dado que ella percibe una jubilación y va teniendo más préstamos bancarios a medida que puede solicitarlos”, relató.
Por otra parte, agregó que a pesar de las intenciones de deudores para pagar “muchas instituciones financieras prefieren ejecutar al consumidor”. Aseguró que la mayoría dan préstamos con tasas de interés notoriamente excesivas. “Por ejemplo, hemos visto que en plaza se ofrecen tasas anuales que van desde el 69% a casi el 200% y gran parte de los consumidores no tiene idea del interés que pagarán, ya que compran un préstamo del que solo saben cuál será la cuota”.
Sobre el proyecto de ley en concreto, María del Luján Servillo, otra representante de la Liga, expuso que los préstamos se dan por la calle, sin mayor requerimiento ni documentación. “Me pareció muy buena la primera parte administrativa del proyecto donde se estudia y se ve la situación del deudor, porque también es importante constatar que sea un deudor de buena fe, ya que muchas veces apañamos a gente que actúa en forma desmedida”.
Dijo que con esas regulaciones mejorarán la calidad y beneficiarán a los acreedores, que a veces terminan sin poder cobrar la plata prestada. “En ocasiones el negocio es que caigan en deuda y no cobrarlo, porque es más beneficioso que si lo pagan puntualmente”, añadieron.
Ser justos para unos y otros
La presidenta de la Liga explicó que desde la organización notan que se solicita cierto dinero, pero después, cuando la persona ve lo que tiene que pagar, se da cuenta de que es una cuenta impagable. “Si bien estamos dentro del libre mercado y las tasas de interés están dentro del marco legal, estas suelen ser muy variables”, añadió.
Dijo que las tasas suelen estar en niveles muy altos y permiten a las instituciones financieras obtener una rentabilidad que prácticamente es imposible de alcanzar en cualquier negocio bancario. Como referencia, las empresas que “sin duda, en general, saben analizar la viabilidad del crédito en cuanto a su capacidad de repago, obtienen dinero a muy bajas tasas. Si no fuese así, no harían el negocio”.
Del otro lado, subrayó que las tasas que se cobran a las empresas suelen ser ínfimas comparadas con las de los créditos al consumo. Aseguró que las empresas que solicitan créditos tienen un amplio conocimiento de lo que hacen y están respaldadas por asesores, contadores, economistas y administradores. Por su parte, el consumidor está solo y desinformado. “Sin duda las condiciones no son iguales”, sopesó.
La Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor considera que el proyecto es justo tanto para los consumidores que toman créditos como para las instituciones que los ofrecen. “Contempla las desigualdades de las partes y pone énfasis en no transformar al deudor en una suerte de ‘muerto civil’, como resultado de una deuda. Asimismo, ampara a quien no tiene ningún bien de respaldo y contempla el derecho a la vivienda cuando esta es la única propiedad”, analizó Paz.
Entienden que el proyecto es “socialmente justo y no altera los principios del libre mercado”; que permite, a quien tiene voluntad de pago, negociar y tener oportunidades. Además, “si bien no es el objeto de este proyecto, creemos que se debe avanzar en impedir los abusos de la posición dominante de las empresas financieras. Sí estamos en el libre mercado, pero este es posible con igualdad de información y de posibilidades para las partes. Un consumidor bien informado es un consumidor bien protegido”, puntualizó.
No son quienes más reclaman
Hugo Barone, abogado y director del consultorio jurídico de la Universidad de la República, también fue consultado por La Mañana sobre si llegan casos vinculados a usura. Relató que no es lo más común, aunque sí lo fue luego de la crisis económica del año 2002.
“En el tráfico normal esto solo nos pasa con personas que deben al Estado, especialmente situaciones con deudas de contribución a seguridad social, de quienes tuvieron pequeñas empresas, fueron patrones, y por las características de las deudas por tributos se les vuelven bastante impagables”, explicó.
Por otro lado, sostuvo que una es la categoría consumidor y otra la deudor. “Es cierto que hay préstamos para consumidores que son documentados mediante títulos valores y esas deudas tienen el anatocismo –capitalización de los intereses– que determina que, llegado a determinado punto, al capitalizar los intereses, la deuda crezca de una forma desproporcionada, que en general no es en cortos plazos”, dijo.
Indicó que para este tipo de casos existen lugares para que los consumidores recurran si se da la coincidencia de que fuera deudor y consumidor. “Si bien nosotros tenemos una unidad que se dedica al derecho al consumidor, no es este tipo de situaciones las que más se presentan, sino que más bien problemas con productos y servicios”, remarcó.
TE PUEDE INTERESAR:
