Temas propuestos para el Plan Nacional de Seguridad Pública (Cabildo Abierto)
Texto:
1. Medidas para combatir el crimen organizado transnacional
Efectivizar el blindaje de fronteras en cuatro fases concatenadas.
– En el exterior; con oficiales de enlace u observadores en países del Mercosur.
– En toda la frontera; reorganizando la Dirección Nacional de Migración, dotándola de un Dpto. Operativo y de Secciones Tácticas, en cada una de las Inspectorías.
– En las carreteras; repotenciando los recursos de la Policía Caminera; incrementando las Regionales de la Guardia Republicana; creando las necesarias nuevas Zonas Operacionales, remozando la estrategia de patrullaje con un despliegue con Vehículos Aéreos No Tripulados (drones) para las Operaciones Combinadas.
– En las ciudades y centros poblados, mediante el Despliegue Territorial de Cercanía de las UU. BB. (Crías. Secc.); creando donde sea conveniente algunas de Contexto Crítico para Montevideo que pueden constituir un Plan Piloto, a saber:
- Cria. de Alto Impacto 26ª con partes de Crias. 23ª y 24ª en barrios Maracaná Norte, Maracaná Sur; Viviendas de Cerro Norte, Artigas, Cerro Norte Viejo y “El Tobogán”.
- Cria. de Alto Impacto. 27ª con parte de Secc. 8ª, 12ªy 17ª conteniendo los barrios Cuarenta Semanas, Marconi, Las Acacias, Nuevo Ellauri, Cuchilla Gris, Barrio Borro y Unidad Casavalle.
- Cria. de Alto Impacto 28ª con parte de Secc. 17ªy 18ª en barrios Piedras Blancas, Manga, Nuevos Rumbos, Capra y Santa María.
- Cria. de Alto Impacto 29ª con barrios de UU. BB., Secc. 14ª y 16ª; Acosta y Lara, Bañados de Carrasco, Oncativo y Felipe Cardozo.
- Finalmente, la Cria. de Alto Impacto 30ª, Cria. en la actual Secc. 15ª barrio Malvín Norte; o bien en cambio podría ser con parte de Crias. Secc. 19ª y 21ª con barrios 6 de Diciembre, Verdisol, Conciliación, Guayabo y Pororó.
- Sin duda esto también hace imprescindible la modificación del Art. 25 de la Ley 19.315 (Orgánica Policial), en su literal C; además también la creación de la propia figura de las Comisarías de Contexto Critico (CCC) o de Alto Impacto, como asimismo la categorización de todas las Crias. Secc. a los efectos de la asignación de recursos humanos.
- Se recomienda duplicar el número de Zonas Operacionales llevándolas a ocho. Se ha proyectado que coincidan con las alcaldías y regionales del Mides de manera de incrementar las acciones de Policía de Proximidad e impulsando la aplicación de la gestión de calidad –con indicadores de desempeño, evaluación de resultados y cumplimiento de metas– pudiendo enfrentarse y perseguir sistemáticamente el narcomenudeo, incrementando el despliegue y acceso a todos los servicios y recursos estatales, recuperando la estrategia del dualismo funcional (prevento-represivo); atendiendo a los requerimientos ciudadanos (información, investigación y represión) también sustentado por la reforma del ut supra mencionado Art. 25 LOP.
- Efectuar la descentralización del CCU, estableciendo anillos perimetrales y un despliegue sistémico de control de matrículas vehiculares, mediante el uso de tecnología de punta, con cámaras en Pasos de Frontera, estaciones de servicio de todo el país y puntos de control fijos y móviles del despliegue policial disuasivo y preventivo, teniendo en cuenta la integración de diferentes organismos y fuerzas estatales de la Policía Nacional, las FF. AA. y la Dirección de Aduanas y Pasos de Frontera entre otros, para un control eficiente de los puntos estratégicos.
2. Unificación y reforma del servicio penitenciario y la rehabilitación
– Potenciar las estructuras existentes, sin efectuar creaciones de ningún otro organismo, sino más bien privilegiando la gestión planificada, seria, transparente y con iniciativa renovada.
– Efectivizar la clasificación y segregación imprescindible para el tratamiento y rehabilitación de los primarios absolutos, los reincidentes, los habituales, peligrosos y violentos.
– Establecer el trabajo obligatorio (no forzoso) para todas las Personas Privadas de Libertad (PPL) en cuatro etapas sucesivas y anuales de 3000, siendo preciso legislar para que la aceptación se haga frente al magistrado actuante y sea condición sine qua non para la redención de pena, en los casos de los penados (con sentencia firme), y teniendo en cuenta el Convenio OIT N.º 29 y las Leyes 16.643 (dic. 1994) y 18.889 Art. 84 (LUC). Vale acotar que el 80% de la población reclusa está en condiciones de acogerse a ese beneficio y así acceder al peculio, pudiendo proveer a la familia y ahorrar para su salida en libertad.
– Instrumentar un Sistema Único de Provisión de Alimentos (SUPA), pudiendo proyectar la tercerización como medida para finiquitar el ingreso de víveres, la elaboración de comida por parte de los reclusos en sus alojamientos y por sobre todo evitando y negando la comisión de delitos al eliminar la factibilidad de las extorsiones y otros problemas sistémicos como el hurto de víveres, el tráfico de cárnicos, las extorsiones a familiares mediante depósitos en agencias financieras, etcétera.
– Centralizar las comunicaciones telefónicas mediante telefonía fija en cada módulo, caldario o unidad, eliminando posibilidades de comisión de fraudes y estafas desde la cárcel por la proliferación y abuso de celulares, usando además los imprescindibles inhibidores de telefonía móvil, prohibiéndolo enfáticamente y controlando su no uso para evitar actividades criminales.
– Recrear y establecer un hospital penitenciario para centralizar la internación de enfermos y operados, además del tratamiento de adicciones del 75% de los reclusos, los cuales son consumidores. Se sugiere a esos efectos la utilización exclusiva del Hospital Vilardebó o bien de la ex-Colonia Etchepare, lo cual permitirá gestionar de manera centralizada la vigilancia, la seguridad, así como el óptimo tratamiento de los adictos por equipos multidisciplinarios.
– Construir al menos dos penales de máxima seguridad, cada uno de entre setecientas y novecientas plazas, de manera insoslayable fuera de los predios de Libertad o Santiago Vázquez, como de otras grandes unidades como la cárcel de Canelones o Las Rosas. Las proyectadas deben ubicarse aisladas y situadas estratégicamente en el centro del territorio nacional; para segregar a los altamente peligrosos traficantes y asesinos, pudiendo contar con el rápido apoyo de la FAU y del Ejército Nacional, se entiende del caso estudiar como posibles ubicaciones: Tacuarembó, Durazno, Florida, Flores o Lavalleja en todo caso.
– Generalizar la prisión domiciliaria para todos los mayores de 65 años, sin excepción, en el marco de la prevista “desprisionalización”, para dar estricto cumplimiento al Art. 26 de la Constitución de la República.
3. Medidas propuestas para enfrentar el delito de homicidio
El argumento erróneo de la estrategia general de seguridad es el haber optado por priorizar la prevención y respuesta en detrimento del dominio territorial y la represión, observando, averiguando, investigando y deteniendo.
Se ha debilitado, legal y organizacionalmente a tres centenares de Comisarías Seccionales, por el cambio de sus cometidos. Ergo es necesario potenciar operativamente a las UU. BB. sin afectar la prevención y respuesta. Se enfrenta integralmente al delito con la devolución de todas las competencias: de información, prevención, represión, investigación, tareas de proximidad y de gestión de calidad combinando el Programa de Comisarias de Proximidad (PCOP) con la cercanía, lo que redundará en la mejora de la respuesta a los requerimientos de los vecinos y a la concomitante recepción de información táctica.
Considerando que la mitad de los homicidios se cometen en Montevideo y que más del 80% por ciento de ellos se concentra específicamente en ciertas zonas de contexto crítico es que proponemos la instalación de Comisarías de Alto Impacto, para enfrentar la violencia creciente, tanto como este y otros delitos de manera profunda y permanente, no solamente cuando ocurren ciertos hechos puntuales y retirarse nuevamente a los pocos días, sino interviniendo y estableciéndose de forma ostensible y con prolongación en el tiempo de ese despliegue territorial.
Se considera que las zonas donde se concentra la violencia necesitan el establecimiento de una presencia real y tangible del Estado a través de todas las instituciones con diversas competencias territoriales, garantizando la pacificación, el Ministerio del Interior deberá ir en pos de la salvaguarda del vecindario, evitando la posible “liberación de territorio” y gobernanza narco. En este sentido insistimos de manera entusiasta en la creación de otras cuatro zonas operacionales de jurisdicciones más chicas y manejables, coincidiendo con los municipios de Montevideo, así como con las oficinas territoriales del Mides y otras dependencias del Estado de funcionamiento territorial (policlínicas, locales de enseñanza, etcétera).
Es menester declarar la Emergencia Nacional en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, con especial interés respecto a la violencia y el delito de homicidio.
4. Medidas para atacar el ciberdelito
Este es un tema de suma importancia y hacemos hincapié en que, si bien han aumentado geométricamente los delitos de fraude y de estafa, existen otros también preocupantes como la pornografía infantil y el tráfico de personas.
Por tanto, sugerimos la ratificación del tratado de Budapest, dado que Uruguay cuenta con la Ley 20.327, que estipula este tipo de delitos, siendo esto condición previa para poder suscribir el tratado. De esta forma se podrá acceder al intercambio de datos e información para lograr los medios probatorios y acelerar las investigaciones, sobre todo teniendo en cuenta el acceso a los servidores ubicados en otros países.
Se sugiere crear las barreras tecnológicas, asociadas a celulares, sobre todo para adultos mayores con verificación mediante call-centers del sistema financiero.
Ampliar además la capacitación y el acceso a investigaciones de este tipo de delitos, no solo para la unidad específica, sino a toda la institución.
Como se visualiza de manera más frecuente, la ocurrencia de estafas, amenazas, extorsiones y otras figuras delictivas, como el sicariato, se origina muchas veces a través de medios virtuales. Por lo cual urge bloquear las señales de celulares dentro de los establecimientos carcelarios a nivel país.
5. Contra el narcotráfico
Como objetivo, es preciso hacer hostil el ingreso al territorio para las operaciones de las mafias narcos, oponiéndoles todos los medios legales, tecnológicos y operativos a fin de evitar la introducción, el traslado, el acopio, la distribución y el embarque, sea en los puertos o mediante el alijo en las aguas territoriales.
A raíz de la puesta en funcionamiento de los escáneres portuarios, observamos que esto ha provocado que organizaciones narcos acopian cerca de la costa y trasladan en lanchas o botes pequeños lejos del control la Armada Nacional, para trasegar la droga a buques en el canal de acceso o aguas territoriales, obviamente con la complicidad de tripulantes de los buques. Por ello, teniendo en cuenta las conocidas carencias, proponemos incrementar la vigilancia costera con cámaras y radares. Y aunque pueda resultar costoso, tal vez resulte conveniente asignar personal de la Prefectura para acompañar los navíos hasta su salida de las aguas territoriales e inspeccionar con buzos los cascos, dado que puede haber carga amarrada debajo, en la quilla de los buques.
Por otra parte, deberá acordarse a nivel político una serie de medidas concatenadas, sobretodo en el campo de financiación de los partidos, para evitar lobbies, extorsiones y presiones que el crimen organizado transnacional pueda intentar ejercer sobre el sistema político y las instituciones.
6. Acerca de la proliferación de armas y municiones
Proponemos, en consonancia con la propuesta ya mencionada de combate al crimen organizado transnacional, fortalecer los controles de frontera, carreteras y caminería nacional, incrementando los controles sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de tráfico coincide en términos generales con las rutas usadas para el contrabando.
Además, aumentar las penas por posesión y utilización de armas y municiones de guerra o modificadas para acrecentar la cadencia y el poder de fuego. Debiendo ser considerada peligrosa y agravante toda modificación de armas y/o municiones que por su calibre o características impliquen una mayor letalidad.
Es preciso alertar acerca de la vulnerabilidad del país por lo ya explicitado en referencia a la introducción de armas de gran poder de fuego y calibres de guerra que eventualmente podría desestabilizar gravemente la paz pública, con la intención de establecer zonas liberadas o afectar la situación política, como ya se ha comenzado a observar por los recientes atentados a cargos sensibles o unidades policiales.
Se insta a diseñar campañas de bien público y sensibilización e incluso amnistiando al registrar convenientemente los armamentos en manos de coleccionistas, cazadores y ciudadanos con porte y tenencia.
Como concepto general, no estamos en absoluto de acuerdo con el desarme genérico de todos los tenedores, ya que consideramos el derecho garantido constitucionalmente y la posibilidad de la legítima defensa de los ciudadanos por los medios a su alcance en consonancia con el Artículo 7º de la Constitución.
7. Violencia de género
Consideramos que la actual organización de las Unidades Especializadas en Violencia de Género no tienen capacidad de cubrir la totalidad de los eventos originados y que se desaprovechan las acciones preventivas y represivas que podrían realizar las casi trescientas seccionales en todo el país, por esta razón insistimos en la necesidad de potenciar legal, organizacional y operativamente a las UU. BB.
Establecer programas y protocolos de abordaje de estas temáticas a través de las Policías Comunitarias, en coordinación con ANEP y Secundaria, para la detección de situaciones de violencia en forma temprana y potencialmente susceptibles de poder derivar en agresiones hacia docentes, niños y adolescentes.
8. Asuntos de personal
Resulta oportuno decir que concebimos la seguridad pública y los cambios necesarios de manera integral, más allá de lo previstos en el PNSP, como una oportunidad el abordaje del enfoque de funcionamientos de todas las Direcciones Nacionales y Jefaturas de Policía con referencia al ciclo de personal: la selección, el ingreso, la formación, la capacitación, la re-instrucción, la aplicación de sanciones, el otorgamiento de premios, así como la reestructura del sistema de las calificaciones y los ascensos.
– Modificar el sistema de calificaciones y ascensos por tercios, volviéndose a la antigüedad calificada protocolizada (con sus componentes de antigüedad en el grado, en la institución, notas de curso o concurso y puntos positivos y negativos fruto del trabajo y las faltas) y el concurso de oposición y méritos reglamentado concienzudamente, para no depender del odioso e injusto “dedazo” de la selección, exclusivamente, lo que desalienta el esfuerzo personal y la iniciativa.
– Buscar e incentivar novedosas alternativas para la vivienda social policial, debiéndose propender a la utilización de la cartera de tierras del Ministerio del Interior y del 1% del descuento legal, que se realiza a cada efectivo desde su ingreso e incluso se aplica a los derechohabientes luego de fallecido el causante. Con lo cual podrían llegar a hacerse entre 300 y 400 casas anualmente, tal vez unidades con las comodidades del antaño Plan Serrato (9 x 8) y con previsiones para ampliarlas.
– Cumplir cabalmente las etapas del ciclo de personal; rediseñando el reclutamiento, con el fin de que sea eficiente y mucho más exigente, a saber, teniendo controles psicológicos, psiquiátricos, médicos y físicos institucionales –y no externos– para cada ingreso; creando vacantes para Migración, Caminera, Bomberos, etcétera, además de capacitar y entrenar adecuadamente a todo el personal de escala básica.
– Asimismo, nos preocupa profundamente la salud física y mental de los policías en actividad y retiro, apoyando establecer un imprescindible servicio psiquiátrico, la atención psicológica y el aumentar muy notoriamente la atención de la Junta Médica Nacional de Aptitud, estableciendo una para las Direcciones Nacionales y Generales, una para todas las Jefaturas del Interior y una exclusiva para Jefatura de Montevideo, las que deberían funcionar de forma semanal o al menos quincenalmente para propender al descenso de los Subsidios Transitorios de Incapacidad Parcial (STIP).
9. Medidas sugeridas para el mediano plazo
– Perseguir los delitos ecológicos, dándoles los cometidos a la Dirección de Seguridad Rural, ampliando sus funciones, debiéndose legislar para otorgarle el poder de Policía en apoyo al Ministerio de Ambiente, respecto a la riqueza ictícola, el monte indígena, la fauna autóctona, así como los recursos hidrográficos (ríos, arroyos, cañadas, tajamares, etcétera).
– Potenciar y modernizar la Dirección de Bomberos para atender las imperiosas necesidades respecto a los incendios forestales y en altura, evitándose las carencias y problemáticas que devienen de ellas y de las que hay antecedentes (ejemplos: 37 mil hectáreas en Paysandú y Río Negro o Maldonado, donde la Intendencia debió adquirir material para combate de incendios).
– Crear la Reserva Policial, permitiendo el reingreso de retirados policiales para cumplir servicios contratados; y con ellos y retirados militares instrumentar el serenazgo, a lo que pueden agregarse la creación de los vigilantes jurados (ver casos de España e Italia), disponiendo así de un sistema de observación y aviso a las UU. BB. acerca de sus entornos de servicio, por los miles de vigilantes, serenos, etcétera.
– Cesar y negar los pases en comisión, de manera total y absoluta.
-Cambiar el Reglamento de Disciplina, estableciendo quizás el Recargo de Servicio para fines de semana y feriados, como medida aflictiva y sin afectar los ingresos o la carrera administrativa.
10. Medidas propuestas a largo plazo
Adecuar, sustituir y modificar en todo lo necesario las leyes penales, poniendo agravantes especiales y muy especiales con suma atención en la grave sevicia, la premeditación y alevosía y los homicidios por sicariato, con un tercio a la mitad más en la pena, como en las medidas eliminativas, pudiendo tal vez llevarse a 15 años la pena para delitos graves perpetrados por menores.
– Realizar una serie ordenada, completa y concatenada de reformas del Código de Proceso Penal sin eliminar el principio general del sistema acusatorio, devolver entre otras cosas el papel central de los magistrados y las funciones represivas de investigación a la Policía Nacional, dependiendo de los fiscales y con la intervención de jueces de ejecución.
– Efectuar la adecuación de la legislación profesional policial, con especial interés del Artículo 20 inciso F reglamentándolo.
– Derogar y modificar innovando en todo lo necesario la legislación sobre espectáculos públicos: haciéndose preciso tener un protocolo firme, completo y con detalles concernientes al ingreso, controles de personas impedidas por la autoridad competente (“lista negra”), utilización de tecnología para el acceso, detección de personas agresivas, disturbios y violencia en las personas y las cosas.
– Es imprescindible discutir acerca del espacio público, la paz y la tranquilidad en los lugares comunes y el innegociable ejercicio de la fuerza pública, siendo un fin primario del Estado el mantenimiento del orden público en todo tipo de espectáculos, sean deportivos, musicales, etcétera (Leyes 17.951, 19.534 y Dtos.01/21).
