El gobierno presentó este lunes su borrador del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP). Llegó envuelto en la solemnidad habitual: mesas de diálogo, expertos, documentos extensos y una puesta en escena que intenta transmitir orden donde lo que predomina es incertidumbre. El ministro Carlos Negro habló de una política “basada en evidencia”, de un proceso “riguroso” y de una hoja de ruta hasta 2035. Pero lo que aparece en el texto del gobierno es otra cosa: un diagnóstico repetido hasta el cansancio, muchas generalidades y una estrategia que suena más a búsqueda desesperada de consenso que a un plan real para enfrentar la inseguridad que vive el país.
Uruguay tiene hoy una tasa de homicidios sensiblemente más alta que la de Argentina. Lo repito porque parece que al gobierno le cuesta dimensionarlo: un país pequeño, con instituciones sólidas y con una policía profesionalizada, está teniendo niveles de violencia que no se explican ni por tamaño ni por tradición. Sin embargo, el Frente Amplio llega al poder sin un verdadero programa de seguridad y ahora improvisa un esquema participativo que, más allá de sus buenas intenciones, luce como un intento tardío de legitimar una ausencia de ideas.
El contraste con el documento presentado por Cabildo Abierto es claro. Podrá gustar más o menos su enfoque, pero hay algo que no se puede negar: propone medidas concretas. Nombra problemas con precisión. Asume riesgos políticos. Y, sobre todo, tiene claro algo que no aparece nítido en el plan del gobierno: sin control territorial real y sin un sistema penitenciario capaz de cortar la reproducción del delito, no hay seguridad posible.
El borrador del gobierno es prolijo, meticuloso y lleno de principios. Habla de gobernanza, de enfoque integral, de corresponsabilidad, de evidencia científica, de prevención y del rol de la sociedad civil. Nada de eso es criticable en sí mismo. El problema es que vuelve a colocarse en la zona cómoda de las declaraciones. Lo que ya sabemos –la fragmentación institucional, la falta de datos, la sobrecarga del sistema penal, la debilidad de la prevención– aparece una vez más, como si nombrarlo fuera suficiente para revertirlo.
El documento dedica muchas páginas a detallar el proceso de los Encuentros por Seguridad. Casi 150 horas de reuniones, cientos de actores, múltiples transcripciones y relatorías. Suena impactante, pero no necesariamente útil. Lo que queda en pie es un plan que depende de acuerdos futuros, de mesas por instalar, de comisiones por crear y de una “validación social” que, seamos honestos, no resolverá nada si el Estado sigue sin ejercer dominio efectivo en los territorios donde hoy mandan las bandas.
Mientras tanto, la violencia sigue concentrándose en los mismos barrios, y el narcotráfico sigue expandiendo su capacidad para infiltrar instituciones, puertos, cárceles y tejido social. El gobierno reconoce este cuadro, pero sus propuestas dejan la sensación de que todo dependerá de un proceso lento, caro y frágil, construido sobre consensos que pueden romperse con el primer shock político.
El documento de Cabildo Abierto –muy distinto en tono y en prioridades– parte de otra premisa: la urgencia. Propone medidas para blindar fronteras, reorganizar Migración con capacidad operativa real, reforzar la Policía Caminera, expandir la Guardia Republicana y crear zonas operacionales más eficientes. No son ideas abstractas, sino escalones concretos para recuperar el control del territorio.
La creación de Comisarías de Alto Impacto es uno de los puntos más fuertes. Cabildo identifica con nombre y apellido los barrios donde la violencia concentra más del 80% de los homicidios. Y no propone intervenirlos una vez cada tanto, sino instalar presencia permanente. Es la diferencia entre “estar” y “aparecer”. El plan del gobierno menciona las “comisarías de contexto crítico” como una idea surgida en las mesas, pero no asume el compromiso político de implementarlas. Cabildo sí.
El enfoque territorial de Cabildo también insiste en algo que el gobierno reconoció, pero dejó en segundo plano: el riesgo de “liberación de territorio”. No es una metáfora. Ocurre hoy. Cuando el Estado se retira o se muestra débil, otros llenan el vacío. El borrador del PNSP lo menciona como amenaza, pero lo diluye entre decenas de factores. Cabildo lo pone en el centro.
Si hay un punto en el que ambos documentos coinciden es en el diagnóstico sobre las cárceles. El borrador oficial admite que el sistema penitenciario es el principal reproductor de violencia y reincidencia. De nuevo, una verdad conocida. Pero lo que propone es una serie de ajustes institucionales y medidas de evaluación, sin asumir el tamaño del problema: las cárceles uruguayas están hoy dominadas por estructuras criminales que se organizan, reclutan y operan desde dentro.
Cabildo plantea otra cosa. Habla de clasificación estricta de los reclusos, trabajo obligatorio regulado, centralización de comunicaciones, hospital penitenciario, dos penales de máxima seguridad y segregación real de los perfiles más peligrosos. No es un proyecto liviano. Pero sí es claro: sin cortar la cadena de mando criminal dentro de las cárceles, cualquier política de seguridad se convierte en un refuerzo de síntomas, no de causas.
El contraste también se nota en los controles fronterizos. El gobierno habla de “priorizar estándares” y “optimizar interoperabilidad”. Cabildo propone radares, cámaras costeras, patrullaje aéreo, acompañamiento de buques por parte de Prefectura y controles operativos reforzados. Otra vez, la diferencia entre el lenguaje institucional y la capacidad real de disuasión.
En armas, el gobierno insiste en la trazabilidad, que es necesaria, pero insuficiente si no se enfrenta el contrabando que ingresa por las mismas rutas que el narcotráfico. Cabildo no solo propone controles más duros en frontera, sino penas más severas para armas modificadas y calibres de guerra. Y, en un punto importante, rechaza el desarme genérico de la ciudadanía, que suele ser una tentación doctrinaria que poco resuelve cuando las armas de mayor impacto no están precisamente en manos de civiles con porte legal.
En ciberdelito, ambos documentos coinciden en que la situación se ha desbordado. Pero Cabildo introduce un punto que el gobierno evita: la necesidad de bloquear el uso de celulares dentro de las cárceles, donde se originan miles de estafas y donde se coordinan delitos graves. Prohibir no basta: hay que impedir tecnológicamente. Es otra diferencia entre decir y hacer.
El mayor desafío del borrador del PNSP no es lo que dice, sino lo que no dice. No hay una estrategia clara para recuperar control territorial. No hay un calendario de implementación. No hay una priorización real entre prevención y represión. Y, sobre todo, no hay un reconocimiento político de que el Frente Amplio llegó al gobierno sin un plan para enfrentar la inseguridad.
El resultado es un documento que luce más como una tesis que como un plan. Y un país que necesita decisiones inmediatas recibe, en cambio, un proceso de validación que puede extenderse durante meses.
El país no puede volver a caminar en círculos. No puede seguir discutiendo durante años la arquitectura institucional, mientras los homicidios comienzan a expandirse hasta alcanzar las áreas consideradas “seguras”. La gente no puede esperar a que un proceso participativo genere consensos que el crimen organizado no respetará. Uruguay necesita recuperar autoridad, cortar la reproducción del delito, blindar sus fronteras y enfrentar la violencia donde ocurre. Para eso hace falta más que un documento prolijo: hace falta decisión.
Hoy, el Plan Nacional de Seguridad del gobierno no la muestra.
