Los últimos meses han dejado un sabor amargo, un retrogusto de conmoción que trasciende los hechos puntuales para evidenciarse como síntomas de una enfermedad más grave y profunda. El atentado a la fiscal Ferrero, un acto de tal audacia criminal que sin duda buscaba amedrentar a las instituciones del Estado; como el gravísimo hecho de asaltar la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), son claramente demostraciones de audacia y determinación, perpetrados desde dentro del sistema carcelario, y no deberían ser tomados a la ligera y como un episodio más, sino por el contrario constituirse en punto de inflexión.
Estos hechos, sumados a la tasa de homicidios que roza lo epidémico, así como lo que viene aconteciendo en los espectáculos públicos deportivos, como el ataque con una bengala náutica que hirió gravemente a un efectivo durante un clásico, no son meramente hechos aislados, son eslabones de la misma cadena: la del crimen organizado trasnacional que ha penetrado en el territorio y está ganando poder e impunidad, sea por complicidad o inacción.
Ante a este escenario, la desazón ciudadana es del todo comprensible, pero el pánico o la resignación no son opciones. Este momento de tensión máxima debe servir como el disparador definitivo y definitorio, es imperativo pasar de los diagnósticos a la acción concertada. Las ideas propuestas para un eventual Plan Nacional de Seguridad Pública ofrecen un punto de partida sólido para ese debate. Lejos de ser una lista de deseos, presentan una estrategia integral que plantea una cirugía mayor y no administrar más aspirinas. El bisturí debe cortar el cáncer desde la frontera, hasta el corazón de los barrios y las propias cárceles.
El blindaje fronterizo: la primera línea de defensa que no puede fallar
La primera línea de defensa debe ser un blindaje real y multifásico de nuestras fronteras. No se trata solo de aumentar efectivos, sino de una estrategia concatenada que combina diplomacia, tecnología y operaciones tácticas. La instalación de oficiales de enlace en países del Mercosur es inteligencia en estado puro: las redes narcos deben enfrentarse antes de que toquen suelo uruguayo. Reorganizar Migración, dotándola de un departamento operativo y secciones tácticas en cada inspectoría, es profesionalizar el filtro principal.
Algo también innovador debe ser la potenciación de la Policía Caminera y el aggiornamento de la estrategia de patrullaje. El despliegue de drones para operaciones combinadas no es ciencia ficción; es una herramienta de disuasión y vigilancia que multiplica la capacidad de los efectivos. El narcotráfico a ojos vista se ha sofisticado. Por tanto, debe incrementarse la vigilancia costera con cámaras y radares, e incluso asignar personal de la Armada para inspeccionar los cascos de los buques y revisar la carga más allá de los controles portuarios, es una respuesta directa a esta mutación criminal. No se puede enfrentar a un pulpo monstruoso sin las herramientas adecuadas.
Despliegue territorial: recuperar el territorio barrio por barrio
De nada sirve una frontera blindada si el territorio interno está liberado. La clave está en la presencia tangible y permanente del Estado en los barrios. La creación de media docena de comisarías de “alto impacto” en zonas de contexto crítico de Montevideo –como Casavalle, Marconi, Piedras Blancas o el Cerro Norte– no es una medida cosmética. Es nada más y nada menos que la decisión de plantar bandera.
La lógica de “intervenir y retirarse a los pocos días” luego de algún hecho sangriento ha demostrado su fracaso. Lo que se propone es una ocupación e intervención estratégica y prolongada en el tiempo, con un centenar de efectivos por seccional, para recuperar el control territorial que el narcotráfico ha ido ganando. Esto no es solo patrullaje; es garantizar la pacificación para que puedan llegar todos los otros servicios del Estado: las policlínicas, las escuelas, las oficinas del Mides. La seguridad es la condición de posibilidad para todo lo demás.
El incidente de la bengala en el clásico de fútbol es otro síntoma de esta pérdida de control territorial en espacios públicos. La propuesta de derogar y modificar la legislación sobre espectáculos públicos, estableciendo un protocolo firme con tecnología de acceso y controles serios, es una respuesta directa a esta violencia que se filtra en nuestros estadios desde hace una década. La paz y la tranquilidad públicas son innegociables, tal como el ejercicio de la fuerza pública, que no puede ejercerlo ningún privado.
El sistema penitenciario: de las escuelas del crimen a centros de rehabilitación
Actualmente las cárceles funcionan como centros de operación criminal. El ataque al INR no fue un hecho casual; es la prueba de que desde dentro se planifican y ejecutan acciones de alta peligrosidad. Para revertir esta lógica perversa, el plan plantea una reforma estructural.
La clasificación y segregación de reclusos es imprescindible. No pueden compartir instalaciones un primario absoluto con un sicario o un líder del creciente y violento “mercado de la droga”. Pero va más allá: la instauración del trabajo obligatorio no forzoso es una de las medidas más audaces y necesarias. Con el 80% de la población reclusa con sentencia y en condiciones de acogerse a este beneficio, no solo se genera un peculio que permite al interno ayudar a su familia y ahorrar para su reinserción, sino que se le devuelve la disciplina del trabajo y un propósito. Es rehabilitación en acción, en línea con el derecho positivo vigente y los convenios internacionales firmados.
Urge centralizar las comunicaciones, con teléfonos fijos e instalar de una vez los inhibidores de señal para celulares. A nadie escapa el que desde una celda se puedan ordenar ejecuciones, hacer extorsiones y estafas es una falla monumental de seguridad. Cortar ese hilo comunicacional es cortar un nervio vital del crimen organizado. Asimismo, un sistema único de provisión de alimentos podría terminar con el permanente ingreso de víveres, una práctica que es el caballo de Troya para el ingreso de drogas, armas y celulares, y que genera un mercado interno de corruptelas y violencia.
La propuesta de un hospital penitenciario (utilizando el Vilardebó o la ex-Colonia Etchepare) es crucial. Centralizaría la internación y, sobre todo, el tratamiento de las adicciones que afectan al 75% de los reclusos. Si no se aborda en serio el problema de la droga –el combustible del delito– cualquier esfuerzo de rehabilitación nace muerto y está condenado al fracaso.
Finalmente, la construcción de dos penales de máxima seguridad, aislados –fuera de los predios de Libertad y Santiago Vázquez–, levantados en el centro del país, es indispensable para segregar a los altamente peligrosos, los líderes narcos y sus sicarios, como los que atacaron a la fiscal de Corte y al INR, no pueden seguir alojados en unidades convencionales desde donde siguen ejerciendo su poder. Su aislamiento debe ser absoluto.
Investigación, ciberdelito y personal: los pilares complementarios
Sin un cambio de enfoque en la investigación, todo lo anterior queda rengo. Porque tras años de haber priorizado la prevención y la respuesta en detrimento de la investigación y la represión, la clave está en devolverles a las comisarias seccionales sus capacidades de inteligencia, averiguación e investigación para detener. Más de la mitad de los asesinatos se concentran en Montevideo, y el 80% en ciertas zonas específicas. No se necesita dispersar esfuerzos, sino focalizarlos con precisión quirúrgica, combinando el patrullaje y la proximidad con una búsqueda activa de los homicidas.
Es urgente la ratificación del Convenio de Budapest contra el ciberdelito. Permitiría el intercambio de datos internacional para rastrear estafas, extorsiones y amenazas que se originan en la dark web o como se visualiza desde la cárcel.
Y todo esto descansa, fundamentalmente, en el recurso humano. Rediseñar el reclutamiento con controles más exigentes –con psicólogos institucionales–, capacitar más adecuadamente y sobre todo, ocuparse de la salud mental de los policías, resulta esencial, cuando tenemos una tasa que duplica la cantidad de suicidios del país. La creación de una reserva policial que permita el reingreso de retirados, el fin de los abusivos “pases en comisión” que restan cientos de efectivos de sus funciones, así como atender a multiplicar los esfuerzos para disminuir los cientos de subsidios transitorios de incapacidad parcial son medidas de sentido común para fortalecer una institución que está en la primera línea de lucha contra las organizaciones criminales.
La hora de las definiciones
Los hechos recientes nos han golpeado como sociedad. Son la evidencia de que la violencia no solo ha mutado, sino ha crecido y se ha enraizado. Pero el impacto debe servir como catalizador para una respuesta que este a la altura. Las ideas están sobre la mesa: son concretas, integrales y abarcan desde lo internacional hasta lo comunitario. El desafío ahora es transformarlas en una política de Estado, con la urgencia, la financiación y la determinación que la ciudadanía exige y el país necesita. No se trata de un plan más, se trata de la hoja de ruta para recuperar la paz y el territorio perdido. No hay más tiempo que perder.
* Asesor de seguridad de Cabildo Abierto
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