Tal como solía decir el finadito: “Vuelvo a reiterar”, una vez más los hechos, empecinada y trágicamente, nos vuelven a dar la razón. Un día es la violencia dentro de un estadio, allí los barrabravas cambian de ubicación y de prendas de vestir, para disimular los actos preparatorios o la comisión de hechos delictivos. El sistema de cámaras desplegado parece no bastar, hay que evolucionar, pues, y no quedarse estancado. Otro es la locura de enfrentamientos a tiros.
Es de nunca acabar, volviendo a hacer lo mismo solo obtendremos magros resultados, por lo cual es imperioso adecuar la operativa con tecnología y despliegue acordes. En este caso, como en la inmensa mayoría, sería mejor contar con aparatos dotados de identificación facial, que fotografíen uno por uno absolutamente a todos los asistentes al ingresar –sea por la razón que sea– a través de molinetes. También cerrar a cal y canto toda posibilidad de ingreso de armas o cualquier tipo de elemento a los escenarios deportivos, sean estos propios o impropios, pirotecnia, banderas, gráficas gigantes o globos de gran tamaño, que incluso no entran en manos de los hinchas, sino que más bien son ingresados con antelación, con la complicidad o la coautoría cobarde de ciertos dirigentes que medran con el poder y otros intereses económicos relacionados al deporte. De lo contrario no se explicaría la proliferación de botellas, petacas y un sinfín de elementos que terminan siendo arrojadizos y provocan al menos disturbios, cuando no lesiones graves o gravísimas, con el riesgo de muerte implícito en la dejadez o el interés del qui lo sa.
Otro gallo cantaría si en cualquiera sea el escenario fueran desplegados una pequeña flotilla de vehículos aéreos no tripulados, los cuales son capaces de mantener un nivel de vuelo autónomo, controlado y sostenido; además de poder contar con todos los artilugios que sean del caso y a mera guisa de ejemplo es factible listar: cámaras, incluso con visión nocturna o térmica para ser operados en los entornos citadinos y parquizados en pos de disturbados y violentos que hayan podido accionar en atentados o de manera violenta. Otra discusión pendiente será si deben contar con armamento y munición no letal, porque poder lo pueden, el tamaño y la independencia del dron, puede variar desde los treinta centímetros, hasta más de un metro y el vuelo a treinta o cuarenta metros de altura permite tanto observar disuasivamente, como prevenir mediante la comunicación de advertencias a quienes estén ejerciendo violencia en las personas o las cosas, cambiándose de indumentaria –sin duda con intenciones aviesas– o manipulando armas sean del tipo que sean. La cuestión está en tomar decisiones y terminar con las disquisiciones acerca del sexo de los ángeles, que en este asunto poco aportan y solo dilatan el enfrentar la barbarie desatada.
Detrás está el crimen organizado, que pretende obtener y explotar el poder dentro de las tribunas y así controlar otro “territorio simbólico”, pudiendo así no solo continuar con su negocio, sino influenciar en los dirigentes de los clubes deportivos, las asociaciones e incluso las autoridades nacionales. Sin hesitar puede afirmarse que no es con medias tintas y menos aún mediante la creación de otra comisión que se comenzará a torcer la mano negra que opera desde las sombras.
Claramente no resulta simpático y tendrá algunos costos de índole político, ergo, cada uno deberá asumir sus responsabilidades y dejarse de dar vueltas con cara de preocupación, notoriamente impotentes y tal vez dejando ver la hilacha de su incapacidad o cuota parte de corrupción al permitir el más vil y cobarde statu quo.
El mantenimiento del orden interno es responsabilidad del gobierno nacional, por intermedio del Ministerio del Interior y se entiende que mantener el orden implica asegurar la seguridad ciudadana, así como la convivencia pacífica en sociedad, haciéndose a través de la institución que detenta la fuerza pública.
Basta ya de tanta cháchara y de considerar que los espacios públicos con presencia multitudinaria de personas puedan ser considerados, de manera sui generis un espacio privado y de responsabilidad solo de los organizadores. La institución armada, civil y pública encargada de la protección de las libertades y derechos, entre otros la vida, la libertad individual y la propiedad privada, es la Policía Nacional, a ella le compete, como institución estatal el garantizar el orden y la seguridad, actuando como auxiliar de los magistrados competentes. El uso de la fuerza pública está regulado por la ley y protocolizado. Si no alcanza, habrá que poner manos a la obra y legislar con el único límite de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y gradualidad.
Una vez más y hasta el cansancio, nadie toma en consideración y menos aún en serio la medida de retirar a los efectivos policiales –desde hace al menos una década– de las tribunas del Centenario, el GPC, el CDS. o cualquiera de las canchas menores, incluso de las de la FUBB. Se entregaron el territorio y el dominio a los delincuentes y violentos, con intereses que no son los del bien común, sino los contrarios a la paz y la tranquilidad públicas.
La sola presencia policial será desestimulante para el accionar de los violentos; dado que la disuasión y prevención se ejerce por la presencia impuesta, por la demostración de fuerza y la factibilidad del ejercicio de la coercibilidad del derecho positivo y de manera concomitante de la violencia necesaria y suficiente apenas para restablecer el orden.
Como hemos dicho a menudo en estas páginas, el uso de la tecnología más sofisticada no alcanza si no va acompañada de una serie de planes y órdenes firmes que se implementen con la energía y carácter propios de los hombres libres que están dispuestos a defenderse del ataque de los delincuentes, así que no deberá temblar la mano para implementar estrategias de disuasión, aunque puedan parecer molestas, como el triple círculos de contralor y revisión, el vuelo de drones, utilización de canes y escuadrones hipo, la prohibición del despliegue de símbolos de gran tamaño en las tribunas y sobre los alambrados perimetrales de los escenarios, impedir el ingreso de embozados, encapuchados o rostros pintados.
Si es del caso –y nosotros entendemos que sí– deberá legislarse de manera clara, concreta y eficiente al respecto, derogando en todo o en parte las leyes 17.951 y 19.534, así como los decretos reglamentarios correspondientes y lo que no está contemplado, habrá que contemplarlo, porque “alguna diferencia debe ponerse entre los servidores de la patria, a los que hecho más que multiplicar nuestros trabajos. Si de este modo quedan impunes, se continuará la osadía de refinarse la obstinación de los enemigos. Cuando no la paguen sus personas, las sufrirán sus intereses y ellos servirán de castigo a sus crímenes” (José Gervasio Artigas a Antonio Pereira, 30 de octubre de 1815). Nuestro ideario es el artiguista y podemos usar varias frases del jefe de los orientales.
Enfrentar la violencia en el deporte, la comisión de la operativa del narcomenudeo, de la extorsión o cualquier otra actividad ilegal que atente contra el normal desarrollo de la vida en los lugares comunes, es insoslayable para recuperar el dominio territorial, pero sobretodo la confianza de la ciudadanía, todo esto amerita un tanto de valentía y dejar de lado las pavadas y los diagnósticos.
En suma, comprometerse cada uno en lo suyo y ponerse manos a la obra, no empantanados en la marisma de la indecisión y la cobardía.
“Refrénese el desorden, plántese la mejor administración en la economía pública, háganse los magistrados dignos de sí y merecerán las bendiciones de sus conciudadanos” (José Gervasio Artigas al Cabildo de Montevideo 8 de julio de 1815).
