Para el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Dr. Willian Rosa, el atentado sufrido por la fiscal de corte, Mónica Ferrero, es “un episodio que marca un antes y un después en cuanto a la escalada de criminalidad hacia la institucionalidad y hacia el Estado de derecho”. También sostiene que la expertise del fiscal es lograr la condena de un delincuente y “no ser una especie de superhéroe”.
¿Cuáles es la reflexión que hacen desde la gremial respecto a este atentado hacia la fiscal de corte?
La reflexión es que vemos materializado algo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y no solo nosotros, sino también otros actores que tienen determinada expertise en este asunto, que tienen conocimiento sobre la dinámica del crimen organizado, del narcotráfico a gran escala con respecto a la institucionalidad de los países. Esto es los riesgos de coaptación, de infiltración y de atentados hacia las autoridades que llevan adelante las investigaciones de los delitos que estas personas cometen. Hay un riesgo ahí latente, en palabras de Julio Guarteche, exdirector de la Policía Nacional, que recuerdo que hablaba mucho de esto. Decía que estábamos próximos a un aumento en la escalada, por la dinámica de cómo venían sucediendo los hechos. Primero, con una criminalidad de violencia creciente en los barrios, por disputa de territorio con resolución de forma violenta, con homicidios que me empezaban a sorprender por su crudeza. Después, la aparición del sicariato, personas que eran contratadas para cometer determinados crímenes. Y posteriormente lo que terminó ocurriendo con la Fiscal de Corte.
Hace muchos años Guarteche decía: “Lo que falta es que un día atenten contra policías, contra fiscales y contra jueces”. Eso que está advertido desde hace mucho tiempo y no se tomaron precauciones para contrarrestarlo tiene hoy día este mojón terrible y grave. Es una situación horrenda que comprometió la seguridad de la fiscal general de la nación y de su familia, en un episodio que marca un antes y un después en cuanto a la escalada de criminalidad hacia la institucionalidad y hacia el Estado de derecho. Por lo tanto, tenemos una preocupación absoluta por el hecho y su magnitud, y solicitamos que se tomen las acciones efectivas para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.
¿Como fiscales piensan tomar mayores precauciones con respecto a su seguridad?
En estas funciones que tienen los fiscales, una parte de las precauciones que está en la primera línea es la autopreservación. Pero la función de fiscal, del policía de investigación, del juez, requieren que el Estado garantice a esos funcionarios un cuidado extremo de su seguridad. Porque justamente, ese ítem de seguridad no es un privilegio para esos funcionarios, en absoluto. Es una garantía para que esos funcionarios desarrollen su actividad a cabalidad. Lo pongo más en claro. Si un fiscal investiga y acusa al crimen organizado o narcotráfico de gran magnitud, y no tiene a resguardo su seguridad, estamos a merced de la heroicidad de un funcionario y eso es inadmisible que pase.
Lo que el Estado tiene que garantizar es una política de seguridad para que esos funcionarios desarrollen su tarea. Sobre todo, porque no le podemos pedir heroicidad a un funcionario que es abogado y que lo que se le encomienda es que dirija una investigación, para hacer encajar un hecho donde la ley señala que hay un delito, en una pena. Eso es el expertise del fiscal. No es ser una especie de superhéroe, que puede con todo y va para adelante. Para que ese funcionario haga su función debidamente, debe estar arropado de un contexto de seguridad, y estamos denunciando hace años que no están dadas las condiciones de seguridad. También debemos pensar si un atentado le sucede nada más ni nada menos que a la fiscal general, ¿qué le queda al resto del colectivo de los fiscales, que muchas veces tiene que desarrollar su tarea en ciudades del interior en donde el punto de vista edilicio no hay ningún tipo de seguridad?
¿Qué medidas considera se deberían de tomar?
Las medidas a tomar son muchísimas. Las que le corresponden a cada uno como autoprotección, podríamos decir es el 0,1% al lado del 99,9% que tiene que brindar el Estado.
¿Y qué es lo que brinda el Estado hoy?
Hay una estandarización, un protocolo de las custodias que tiene que ver con fiscales que están en determinadas causas. Pero también esto a veces se vuelve un poco laxo, dependiendo de la situación de cada fiscal. A su vez hay una escasa percepción del riesgo por parte de los colegas. También existe una mirada de la sociedad, donde se piensa que determinadas cosas no pasan en Uruguay. Pero el hecho del atentado a la fiscal de corte pone un mojón de relevancia, que hace que los protocolos de seguridad se activen de forma adecuada. Esto lleva a que cada situación se analice dependiendo de la materia y la sensibilidad de los casos que tienen cada fiscal y reciba el refuerzo de seguridad que corresponden. Eso en término de seguridad personal. Después hay un tema que es la seguridad institucional, donde hay muchísimo para trabajar, porque ese es el aspecto mayormente deficitario.
De acuerdo con los contactos que tienen con otras asociaciones de fiscales, principalmente de Argentina, Brasil y Paraguay, ¿tienen una mayor protección que los fiscales de Uruguay?
Sin duda que tienen mayor protección. Nosotros participamos de una comisión organizada por la Fiscalía el año pasado en donde se iba a establecer un protocolo de seguridad para los fiscales. Para ese protocolo de seguridad, cuando solicitamos la conformación de esa comisión, enviamos allí todos los insumos que nos fueron enviando nuestros colegas en Latinoamérica, en lugares en donde la seguridad de los fiscales está estandarizada. Muchos de esos colegas vienen de la materialización de actos, que nosotros ahora estamos empezando a ver que son posibles y que han sucedido en Uruguay.
¿En qué quedaron los planteos que hubo de esa comisión?
El resultado final del protocolo se ha dilatado, ya que restan detalles. En algún momento se había deslizado por fuera de esa comisión, que aunque el protocolo no estuviese el Ministerio del Interior tiene uno que ya lo aplica. Lo que vemos es que hay deficiencias también en ese protocolo. En situaciones como lo ocurrido con la fiscal de corte se observan fallas de la seguridad personal. Pero también debemos decir que la vulneración de la seguridad es algo posible de materializarse por más precaución que se tenga por lo cual se debe contrarrestar con tareas de inteligencia preventiva. El Estado tiene que desplegar herramientas para saber cuándo desde el mundo de la criminalidad se va a procurar atentar contra alguno de sus funcionarios de mayor relevancia, como es la fiscal general. Todo eso falló. Entonces lo que debemos tener en claro, es que hay que trabajar para que en el futuro esto no se repita.
Una pregunta que surge es si los fiscales reciben muchas amenazas, o es algo excepcional.
En la tarea que uno realiza, el receptor de esta son los indagados, los imputados, y ven al fiscal como el enemigo. Eso lo han detectado perfectamente. Entonces si la Policía y la Fiscalía son los enemigos de los criminales, muchas veces sucede que hay una afrenta de parte de los criminales hacia los fiscales y hacia los policías también. Y esas amenazas van desde un espectro que uno dice: “No, esto no se va a materializar ni por asomo”, o es simplemente una reacción de alguien que no le ha gustado el resultado de la investigación. Pero hay otros casos donde quienes perpetran las amenazas tienen la capacidad de materializarla. Entonces ahí empieza un contexto de gravedad. Hay como un modo de graduación de cuando las amenazas son dignas de ser tomadas en cuenta y cuándo son meras reacciones al trabajo que hace el Estado persiguiendo al crimen.
¿Desde la asociación que usted preside van a hacer igual algún tipo de recomendación especial hacia sus miembros por el tema de la seguridad?
Nuestros colegas, informal o formalmente, a lo largo de los años y a partir del nuevo Código del Proceso Penal, han generado una cultura de autopreservación. Claramente, eso no alcanza cuando se dan este tipo de situaciones como un atentado. O sea, no alcanza con autopreservarse. Tiene que haber un refuerzo superior. Hubo conversaciones muchas veces formales o informales para la autopreservación, pero todo lo que se pueda reforzar en ese sentido se va a hacer. Ahora bien, el grueso de la prevención pasa por acciones estatales de refuerzo de seguridad para la fiscalía y para los fiscales.
