Oriundo de Colombia y con una vasta trayectoria internacional, el Dr. Chacón fue uno de los expositores del evento titulado “Crimen organizado y terrorismo: amenazas y percepción del riesgo en Uruguay”, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) el pasado 4 de noviembre. En diálogo con La Mañana, analizó la expansión del crimen organizado en América Latina y advirtió sobre los riesgos en nuestro país, subrayando la necesidad de fortalecer la inteligencia financiera y el control de puertos y fronteras.
¿Cómo describiría en términos generales el panorama del crimen organizado en América Latina?
El crimen organizado en América Latina dejó de ser “solo delito”, para convertirse en instrumento de poder dentro de una guerra irregular más amplia. No hablamos de estructuras piramidales estáticas y limitadas a unas determinadas zonas, sino a estructuras que operan como sistemas adaptativos complejos: redes flexibles, transnacionales, que combinan economías ilícitas –drogas, minería ilegal, trata de personas, contrabando, lavado de activos, ciberfraude–, control social y proyección política.
Como señala Douglas Farah en su estudio sobre la cuarta ola del crimen organizado, estas redes se incrustan en comunidades, imponen normas, resuelven conflictos, proveen seguridad o fuentes de ingreso y construyen una narrativa de autoridad, lo que los convierte en actores políticos de facto, capturan instituciones y se articulan con regímenes autoritarios extrarregionales que usan el crimen como proxy para erosionar la legitimidad democrática. El centro de gravedad no es el “poder de fuego”, es la legitimidad y la capacidad del Estado de controlar el territorio y las narrativas.
La exposición que brindó en el evento del CED se tituló “Estrategias regionales contra el crimen organizado”. Dada su experiencia, ¿cuáles considera que son las estrategias más eficaces para combatir a estos grupos?
Las más eficaces son aquellas que pasan de la coordinación protocolaria a la acción estratégica, orientando las acciones articuladas, coordinadas e integradas para atacar el sistema, no el individuo, golpeando las cadenas financieras y logísticas de las redes criminales (su centro de gravedad económico) y desarticulando los centros de poder criminal. En mi experiencia, cinco pilares funcionan.
Primero, inteligencia estratégica, criminal y financiera, que consiste en fusionar diferentes fuentes de inteligencia –humana, de señales y digital– con la trazabilidad patrimonial de los flujos ilícitos –lavado mediante comercio, lavado vía sistemas financieros y tecnológicos y operaciones con criptoactivos–, y aplicar un “targeting sistémico” que apunte a los nodos logísticos y financieros –rutas, empresas fachada, cuentas, corredores, insumos–, no solo a los cabecillas, para desarticular la capacidad de regeneración de la red.
Segundo, cooperación alineada con Estados Unidos y Europa, que implica implementar y evaluar los mecanismos de designación y sanciones a estructuras criminales; poner en marcha fuerzas de tarea conjunta para puertos, fronteras, precursores y suministros; y contar con listas de observación comunes y equipos de investigación conjuntos.
Tercero, evaluar la implementación de fuerzas intermedias: unidades con capacidades integradas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, con doctrina ofensiva y defensiva para el uso de sistemas no tripulados (drones aéreos, terrestres y navales), inteligencia artificial, guerra electrónica, ciberdefensa y operaciones de información, que operen bajo reglas de enfrentamiento claras y dentro de un marco de seguridad jurídica que proteja al personal y garantice los derechos de la población. Estas fuerzas combinan operaciones tácticas y de control territorial con una fase obligatoria de estabilización posoperativa de las zonas en disputa, destinada a mantener el territorio recuperado mediante presencia institucional continua como servicios, justicia, policía local y comunicación estratégica, evitando así la reocupación por parte de redes criminales o actores armados.
Cuarto, justicia efectiva, que consiste en fortalecer las capacidades de la justicia, identificar causas de la impunidad y trabajar en sistemas penitenciarios y carcelarios que garanticen la resocialización y eviten la criminalización de los centros de detención para enfrentar que se conviertan en escenarios para la extorsión y gobernanza criminal intramuros.
Finalmente, la comunicación, es decir, consolidar estrategias de comunicación basadas en resultados verificables y datos abiertos, que permitan fortalecer la confianza ciudadana y dar visibilidad a los avances en seguridad y justicia. Esto debe complementarse con capacidades profesionales de contrainformación y análisis de narrativas, orientadas a disputar la desinformación, neutralizar campañas de manipulación y proteger la legitimidad institucional en el marco de la guerra informacional contemporánea.
¿Qué tan viable es implementar estrategias regionales?
Es viable si pasamos del “multilateralismo declamativo” a mecanismos con mandato político y métricas. Propongo priorizar mecanismos que integren a los gobiernos, el sector defensa, los parlamentos, el sector privado y la academia en una arquitectura de seguridad híbrida, orientada a compartir inteligencia estratégica, fortalecer capacidades tecnológicas y coordinar respuestas políticas, jurídicas y comunicacionales frente a amenazas convergentes como el crimen transnacional, la desinformación y la injerencia autoritaria. También son necesarios equipos conjuntos de fiscales y analistas con protocolos de evidencia transfronteriza, así como interoperabilidad de datos –biométricos, aduaneros, financieros– con salvaguardas. Además, financiamiento estable por capacidades, no por proyectos dispersos. La clave es alinear intereses estratégicos –control de corredores, puertos y flujos financieros– con beneficios políticos compartidos: disuasión, inversión y legitimidad.
En los últimos años se ha observado que las organizaciones criminales pasaron a operar en forma transnacional. ¿Qué desafíos implica esto para los Estados?
Hay tres desafíos. Uno jurídico-operativo que aborda la evidencia y cadena de custodia que cruzan jurisdicciones y estándares probatorios; requiere armonización normativa y mecanismos de cooperación y asistencia judicial y policial. Segundo, logístico-tecnológico, que abarca puertos y terminales y comercio global como vectores; urge analítica de riesgo, inspección inteligente de contenedores y trazabilidad financiera en tiempo real. Tercero, cognitivo-político: campañas de desinformación, cooptación municipal y captura regulatoria; se enfrenta con comunicación estratégica, transparencia y control parlamentario coordinado.
¿A qué adjudica la expansión que el crimen organizado ha tenido en las últimas décadas? ¿Qué lugar ocupa la corrupción en este aspecto?
El problema comienza con la incomprensión del carácter estratégico del crimen organizado transnacional, que ya no es solo un fenómeno delictivo, sino una expresión de las amenazas asimétricas e híbridas de la era actual. Esta visión limitada ha impedido el desarrollo de capacidades acordes con la naturaleza multidominio del desafío, dejando a los Estados sin herramientas adecuadas de inteligencia, disuasión y cooperación. A ello se suma la debilidad institucional que facilita la captura del Estado, el crecimiento exponencial de las rentas criminales y la instrumentalización del CTOC (Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional) por parte de regímenes autoritarios regionales y extrarregionales, que lo emplean como proxy de desestabilización, gestión de rentas ilícitas y captura de poder político. Todo este entramado se sostiene sobre un elemento transversal: la corrupción, que actúa como lubricante sistémico y condición de posibilidad para la expansión del poder criminal.
¿Conoce algún caso de éxito que podría replicarse en nuestros países?
Más que casos totales, identifico módulos replicables, como la inteligencia financiera acompañada de sanciones, es decir, cuando la cooperación bloquea cuentas, testaferros y comercio ilícito, se eleva el costo transaccional y cae la resiliencia de los nodos que hacen parte de los sistemas adaptativos complejos. A su vez, los equipos de tarea conjunta para el control de infraestructura crítica como los puertos y los pasos de frontera, a partir de la identificación de perfiles de riesgo. Tercero, las fuerzas intermedias con capacidades especializadas de adaptación y precisión para enfrentar las redes de crimen organizado transnacional. Y los programas de estabilización posoperativa para evitar la recolonización criminal tras las operaciones de control y prevenir el reciclaje de actores criminales para nuevas estructuras.
¿Hay lecciones de la experiencia colombiana en la lucha contra el narcotráfico que puedan tomarse como aprendizaje?
Hay tres lecciones aplicables. En primer lugar, la presión sostenida, con capacidades adecuadas, respaldada en la cooperación internacional, permitió debilitar las cadenas de valor y suministro criminal. Sin embargo, el cambio en la política y la doctrina frente al crimen organizado, la ineficacia de la justicia, la impunidad, la pérdida del control territorial, la dinámica de criminalización en Venezuela, permitieron que los grupos se reconstituyeran, expandieran y consolidaran. La falta de acciones sostenidas para enfrentar las economías ilícitas ha contribuido al deterioro de las condiciones de seguridad. Segundo, enfrentar solo la oferta no basta, hay que atacar finanzas, insumos, logística y mercados, y hoy también plataformas digitales y la convergencia de las economías ilícitas. Por último, la legitimidad es decisiva, es decir, si la población no percibe seguridad, justicia y servicios, el control criminal regresa. De ahí la importancia de combinar operación, presencia institucional y narrativas que permitan recuperar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos.
¿Cómo evalúa el caso de Uruguay?
Uruguay preserva instituciones sólidas y una cultura de legalidad comparativamente alta, pero sufre riesgos crecientes por vulnerabilidades portuarias y del comercio internacional que interesan a redes globales; fronteras y vecindad con mercados y organizaciones criminales de gran escala; y lavado de activos y economía ilícita que buscan plataformas estables y previsibles.
Mi lectura es que todavía hay una ventana de prevención estratégica si se prioriza la inteligencia financiera y criminal, perfiles de riesgo en puertos y pasos fronterizos, cooperación con países fronterizos y terceros países, así como acciones para la detección y contención temprana de la expansión de economías ilícitas. La oportunidad es blindar lo que funciona antes de entrar en una espiral de violencia urbana y captura institucional.
En síntesis, la región necesita una nueva doctrina tanto a nivel nacional como multilateral que reconozca que el crimen organizado transnacional constituye una amenaza crítica y por lo tanto se requiere desarrollar capacidad de inteligencia multidominio, reforzar la cooperación transatlántica con mandato político, desarrollar fuerzas intermedias especializadas contra esas estructuras, fortalecer la justicia para combatir la impunidad, implementar estrategias de comunicación que permitan contrarrestar la desinformación y recuperar la confianza de los ciudadanos. El objetivo no es realizar más operativos, sino restaurar la legitimidad, desmantelar las cadenas de valor criminales y recuperar el control efectivo del territorio y las narrativas. Esa es la condición de posibilidad para la seguridad y la democracia en América Latina.
Expertos alertaron sobre la baja percepción del crimen organizado en Uruguay
El CED y las embajadas de Estados Unidos, Israel y la Unión Europea en Uruguay coorganizaron un evento dedicado al análisis y al intercambio sobre el “Crimen organizado y terrorismo: amenazas y percepción del riesgo en Uruguay”, el 4 de noviembre en el Piso 40 del WTC, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.
Autoridades, diplomáticos y expertos regionales abordaron los riesgos poco percibidos en Sudamérica y la urgencia de fortalecer la respuesta institucional del país.
La actividad contó con la presencia de la embajadora de Israel, Michal Hershkovitz; el embajador del Reino Unido, Mal Green; el jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos, Chris Andino; la jefa de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, Doerte Bosse; el director ejecutivo del CED, Agustín Iturralde; y expertos regionales.
El evento apuntó a generar conciencia sobre la baja percepción de la amenaza del crimen organizado en general y de grupos terroristas en particular, y a exponer cómo operan las redes internacionales.
Se discutió cómo el lavado de activos, el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región alimentan y financian estas amenazas, representando un desafío creciente para la seguridad, la soberanía y la estabilidad regional.
El experto colombiano, magíster en Seguridad y Defensa, y en Asuntos Políticos e Internacionales, Carlos Augusto Chacón, expuso sobre “Estrategias regionales contra el crimen organizado”. En este contexto, advirtió que “lo primero para solucionar un problema es reconocerlo. De ahí la importancia de entender que hoy lo que enfrenta la región es un problema de violencia organizada donde convergen actividades distintas que en muchos casos parecerían totalmente diferentes”.
Según el especialista, a eso hay que sumarle otro elemento fundamental: las convergencias de las economías ilícitas. En este sentido, enfatizó que “las autoridades y la justicia tienen que tener suficientes capacidades de investigación y de acción para enfrentar a estas redes criminales”. “No basta con capturar a un cabecilla, ese es otro error, pensar que los objetivos de alto valor estratégico sirven en la práctica, sirven para sacar un rédito político (…) ¿Y qué pasa después de la captura de ese cabecilla? ¿Desaparece la red? No, simplemente se reorganiza, muta”, dijo.
En la jornada también participó Germán de los Santos, periodista argentino del diario La Nación y coautor junto a Hernán Lascano de los libros Los Monos y Rosario. De los Santos se enfocó en “el presente y el pasado reciente de lo que pasó en Rosario que se mira con mucho interés en Uruguay”, en su conferencia titulada “El caso Rosario: lecciones para Uruguay”.
Para cerrar la conferencia se presentó el panel “Aportes para la gestión”, que estuvo integrado por Chris Andino, de la Embajada de Estados Unidos, Igal Ekdesman, de la Embajada de Israel, y Doerte Bosse, de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, y fue moderado por el director ejecutivo del CED, Agustín Iturralde.
