Mientras que desde parte de la oposición se realizará una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y al de Educación y Cultura, Carlos Mahía (de quien depende la Junta de Transparencia y Ética Pública, Jutep), por el caso del presidente de ASSE, se continúan conociendo detalles de informes jurídicos sobre la incompatibilidad de Álvaro Danza para ejercer en la órbita privada y la pública a la vez. Si bien Danza anunció su renuncia a varios cargos en mutualistas, ahora se apunta al accionar de la Jutep frente a este caso.
La Jutep está integrada por tres miembros: dos en representación del partido gobernante Frente Amplio y uno por la oposición. En el caso del FA, se trata de Ana María Ferraris, como presidenta, y Alfredo Asti, vicepresidente. Como director vocal, está Luis Calabria, del Partido Nacional.
Esta institución había sido consultada sobre la legalidad de que Danza pudiera ocupar el cargo de presidente de ASSE, a la vez que se desempeñaba como médico en el ámbito privado y ocupaba cargos en centros que dependen de ASSE y era profesor universitario. Por mayoría (con votos de Ferraris y Asti) se resolvió en un informe al gobierno “que no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de asistencia médica colectivas del sector privado”.
Durante la sesión del 6 de noviembre, Calabria solicitó que se incorporara en el acta el informe de la asesoría letrada sobre el caso de Álvaro Danza. La votación resultó negativa: hubo un voto por la positiva, otro por la negativa y una abstención. Ese informe señalaba que “se desprende la existencia de incompatibilidades e irregularidades entre el cargo de presidente del Directorio de ASSE, Dr. Danza, y las diferentes actividades de índole médica, docente y científica que desempeña actualmente”.
Entre las infracciones señaladas por Calabria (y que están en el informe de la asesoría letrada) se encuentran el artículo 9 de la Ley de ASSE (Ley 18.181), que impide a sus directores intervenir en empresas que contraten obras o suministros con ASSE, y el artículo 26 de la denominada Ley Cristal (17.060), que prohíbe a directores de entes autónomos ser directores, administradores o empleados en empresas que interactúen comercialmente con su ente. También el artículo 31 de la Ley de Ética Pública (19.823), que cuestiona la superposición horaria y el potencial conflicto de intereses. Calabria elaboró un dictamen propio, acusando a Danza de “daño a la Administración” y violaciones a más de 30 normas.
Por otra parte, el Partido Colorado solicitó a Rubén Correa Freitas, profesor titular de Derecho Constitucional, un informe sobre lo resuelto por la Jutep. Para el constitucionalista, la interpretación que debe realizarse del artículo 200 de la Constitución “es la interpretación literal, porque el texto es claro, no admite dudas”. Este artículo establece prohibiciones e incompatibilidades para los miembros de directorios de entes autónomos y servicios descentralizados (como ASSE), con el fin de prevenir conflictos de intereses, garantizar dedicación exclusiva y promover la transparencia en la función pública. El artículo 200 regula las incompatibilidades para altos funcionarios públicos. Su inciso final, el más invocado en este caso, dice textualmente: “Los directores o directores generales de los entes autónomos y de los servicios descentralizados no podrán ejercer profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen”.
Las renuncias de Danza
Tras la polémica por el dictamen de la Jutep, Álvaro Danza anunciaba junto a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, que renunciaba a sus cargos en las mutualistas (Asociación Española, Médica Uruguaya y Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano).
“Más allá del aval que me ha otorgado la Jutep, que demuestra que no he incurrido en ninguna irregularidad ni en ninguna incompatibilidad, he decidido renunciar a toda mi actividad privada en el tiempo que dure mi gestión en ASSE”, señalaba Danza y agregaba: “He decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional para mejorar ASSE y para nuestro gobierno: dedicarme de lleno a la función”. En sus cartas de renuncia, conocidas en las últimas horas, Danza sostiene que “el trabajo en instituciones privadas ha generado dificultades, algunas personales y otras que eventualmente podrían perjudicar la imagen” de las estas.
En el caso de la Revista Médica del Uruguay (del Sindicato Médico del Uruguay, SMU), Danza solicitó y obtuvo en agosto una licencia por un año en su rol como director del comité ejecutivo de la revista. Sobre su cargo de profesor grado 5 en Clínica Médica de la Facultad de Medicina, anunció que se tomará una licencia “por razones de índole personal” durante su gestión en ASSE, pero explícitamente aclaró que no renunciará a la función docente.
Para el Frente Amplio, estas renuncias significaban el fin de una polémica, mientras la oposición sigue presionando por su salida total de ASSE, argumentando que las licencias no resuelven “irregularidades pasadas” ni el “daño al Estado”. Y ahora el foco ha pasado a la Jutep, tras la polémica resolución. Por eso es por lo que se interpelará al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, de quien depende la cuestionada junta.
Se “acentúa la desconfianza”
Que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) haya decidido por mayoría no darle importancia al informe de la asesoría jurídica sobre el caso Danza llevó a que toda la institución fuera cuestionada. Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep durante la segunda gestión de Tabaré Vázquez (2015-2020), afirmó que Álvaro Danza debió renunciar antes a sus cargos privados para “dejar tranquila a la ciudadanía” y que la resolución del organismo que preside Ana María Ferraris “acentúa la desconfianza” en las instituciones.
En diálogo con La Diaria Radio, Gil Iribarne calificó el caso como “la crónica de una semimuerte anunciada” y sostuvo que “se armó un puterío político partidario” que distrae del fondo: la necesidad de generar confianza. “Hay cosas que son delito, cosas que están prohibidas y cosas que no están prohibidas, pero que no hay que hacer. Creo que en este caso hubo cosas que no están prohibidas, que no hay que hacer, que está mal hacerlas y que la Jutep tendría que haberlo dicho, pero no lo dijo la mayoría ni la minoría porque no les gusta a los partidos políticos”, señaló. Para el asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, “frente a las dudas razonables que genera este tipo de situaciones, un jerarca público, la administración, el partido y el gobierno tienen que tomar medidas para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos”.
Aunque Danza renunció a las mutualistas, Gil Iribarne insistió en que la decisión llegó tarde y que la Jutep falló al no condenar éticamente lo que, aunque legal, “está mal hacer”.
Ahora han surgido proyectos para la reforma de la Jutep. El senador colorado Pedro Bordaberry anunció que presentará un proyecto para reformar la designación de miembros de la Junta. “Me parece que la Jutep está en problemas. Tiene un problema de credibilidad, parece estar muy politizada”, afirmó Bordaberry, proponiendo que los directores sean exministros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Tribunales de Apelaciones o profesores grado 5 de universidades públicas, en lugar de designaciones políticas directas. Además, su aprobación requeriría dos tercios del Senado para blindar la independencia y elevar el “prestigio institucional”.
Martín Lema (Partido Nacional) aboga por una reforma integral que haga vinculantes los informes técnicos de la asesoría letrada y limite la influencia partidaria en designaciones. “Así no puede seguir: la Jutep protagonizó una operación política en el caso Danza”, indicó.
Gerardo Sotelo (Partido Independiente) va más allá. Planteará en la coalición denunciar a la Jutep ante la OEA (Mecanismo Mesicic) por “incumplimiento de compromisos anticorrupción”. “Uruguay no será Venezuela”, argumentando que el fallo viola estándares internacionales de transparencia y ética pública.
El senador colorado Andrés Ojeda, respaldado por un dictamen de Rubén Correa Freitas, califica el informe de la Jutep como un “disparate” y pide revisión de designaciones para evitar que sea un “órgano de operación política”. Propone mayor peso a la asesoría jurídica y reformas presupuestarias para que la Jutep tenga recursos independientes, un punto crítico, ya que Calabria reveló que Uruguay no asistirá a la Convención ONU contra la Corrupción que se celebrará del 14 al 19 de diciembre en Doha, Qatar, por “falta de fondos”.
