El atentado en el domicilio de la fiscal general subrogante Dra. Mónica Ferrero abre una instancia de análisis que no podemos ignorar.
Es la primera vez desde el retorno a la democracia, hace más de 40 años, que se atenta contra un fiscal general en funciones, máxima autoridad del Ministerio Público y protagonista central en nuestro sistema de Justicia.
El atentado en sí fue un claro mensaje de tipo mafioso buscando amedrentar a una fiscal que indudablemente causa incomodidad a la organización criminal que decide actuar de esta forma. Y lo hace, y eso es lo que más preocupa, a pesar de las medidas de seguridad que rodean a la fiscal, demostrando su capacidad de planificación y actuación.
El sistema político ha reaccionado de inmediato y se puede decir que, con matices, en el mismo sentido. Solidaridad con la víctima del atentado y su familia, voces más o menos estridentes sobre la gravedad de lo ocurrido, y un unánime llamado a aclarar el hecho y determinar responsabilidades lo antes posible. No faltó quien pretendió hacer un uso político de este lamentable episodio, ya sea marcando que esto obedece a la eficiencia con que en este período se está actuando en el combate al narcotráfico (el atentado sería entonces una reacción de organizaciones acorraladas) o responsabilizando a la actual conducción política de no hacer lo que hay que hacer para que estas cosas no ocurran. Por supuesto que también se oyen voces, nunca faltan, reclamando la renuncia inmediata del ministro del Interior…
Las valoraciones podrán variar, según el cristal político con que se lo mire, pero hay algo que no cambia: el crimen organizado pasó una raya que hasta ahora respetaba. Así como hace unos años vimos por primera vez acciones de sicariato en nuestro país y entonces constatábamos que Uruguay transitaba por un camino que pensábamos que nunca recorreríamos, el domingo se produjo un hecho que puede significar el inicio de una nueva etapa en la que se ponga en juego la fortaleza de las instituciones que regulan nuestra vida en democracia.
Lejos de nuestro espíritu está hacer política barata y aprovechar este hecho para criticar duramente al gobierno, pero en estos momentos determinantes en la historia del país no podemos quedarnos en la superficie y limitarnos a hacer lo políticamente correcto: solidaridad con la víctima, cerrar filas con los investigadores y hacer gárgaras de militancia democrática en defensa de las instituciones. Este es el momento de entender que lo ocurrido el domingo pasado fue tan solo el desenlace de años de políticas equivocadas que han llevado a nuestro país a un clima de inseguridad que hoy tiene angustiada a nuestra población, que ve con impotencia el deterioro de la calidad de vida al estarse perdiendo el respeto a las normas y reglas que posibilitan una convivencia en paz.
El clima de inseguridad que se vive, el sentimiento de impunidad que se respira hacen que una banda criminal se anime a ejecutar una acción como la que estamos comentando. Y ese clima de inseguridad se fue gestando a lo largo de décadas en las que se impuso en la sociedad el cuestionamiento a todo tipo de autoridad, comenzando por la autoridad de los padres, siguiendo por la de los maestros y profesores, la del policía, el soldado y el respeto a los símbolos nacionales. Todo lo que represente autoridad ha sido cuestionado. ¡Hasta el juramento a la bandera se cuestiona!
Y cuando se pierde el respeto a la autoridad, comienza a faltar quien haga cumplir las normas de convivencia en paz, y en un proceso que dura algunas décadas se va imponiendo la ley de la selva, el más fuerte empieza a hacer lo que quiere. Y al débil solo le queda vivir atemorizado, rogando por no ser la próxima víctima…
Cuando a esto le agregamos el avance alarmante del narcotráfico en nuestro país, de la mano de políticas en materia de drogas totalmente equivocadas, estamos en un escenario en el que no puede sorprendernos el atentado del domingo pasado.
Desde Cabildo Abierto venimos haciendo propuestas claras para cambiar esta realidad, tanto en políticas de seguridad como de drogas. No se nos ha escuchado…
La pregunta que ahora cabe hacernos es ¿qué sigue? ¿Qué es necesario que ocurra en nuestro país para que realmente cambiemos? ¿El asesinato de un político? ¿De un magistrado? ¿De un periodista? De una vez por todas se deben implementar cambios en las políticas de seguridad y de drogas. Y se debe educar en el respeto a la autoridad y las normas de convivencia no solo en los centros de enseñanza, sino también a través de fuertes campañas en los medios de comunicación.
Si seguimos haciendo diagnósticos, deliberando con cristales políticos y redactando planes que demoran tanto en implementarse que, si alguna vez se aplican, resultan totalmente ineficaces, habremos perdido una oportunidad de oro para encarar los cambios imprescindibles. El sistema político debe estar a la altura de las circunstancias…
