Sindicatos exigen derecho al descanso mientras las cámaras empresariales piden que se cumpla con el convenio colectivo vigente. La parálisis afecta seriamente a plantas procesadoras cuyos trabajadores se movilizaron solicitando el fin de las medidas de fuerza y el regreso de la actividad.
Un nuevo conflicto castiga al sector pesquero, que está detenido desde hace un mes. La parálisis de la flota, en plena zafra, deja a más de 3000 personas sin trabajar y agudiza un enfrentamiento que, lejos de resolverse, se endurece con acusaciones cruzadas.
Desde el lado sindical, el reclamo se centra en las condiciones de trabajo a bordo de los barcos pesqueros. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), con respaldo del Pit-Cnt, denuncia jornadas laborales que superan las 40 horas sin descanso, tareas fuera del rol específico y la ausencia de relevos que garanticen seguridad y bienestar físico y mental. “Defender el derecho al descanso no es un privilegio, es una condición básica para el ejercicio de cualquier tarea”, sostuvo la central sindical en un comunicado reciente.
En declaraciones a La Mañana, el presidente del Suntma, Alexis Pintos, sostuvo que no están en conflicto ni en paro, sino que “hay una diferencia y un reclamo que es genuino, que es el derecho a poder descansar luego de la faena de pesca”. “Nosotros lo que hemos propuesto es que haya un tripulante más que le permita al patrón de pesca poder descansar”, agregó.
A su vez, el Sindicato Único de Patrones de Pesca (Sudeppu) cuestiona la falta de políticas públicas para el desarrollo del sector y señala el deterioro de la flota. Leonardo Musseti, presidente de Sudeppu, afirmó que “sin empresarios no hay pesca” y reconoce que el Estado no brindar garantías ni respaldo para las inversiones. En declaraciones al portal Sala de Redacción, Musetti dijo que para entablar una base de políticas pesqueras debe haber un “rumbo claro”. “Parte de todo este desvanecimiento de la industria es porque no ha habido una política pesquera en los últimos años y el Estado no ha apuntado a un cambio en el funcionamiento del sector”, indicó.
La otra cara del conflicto la presentan las cámaras empresariales, que niegan las acusaciones de explotación y advierten que los sindicatos están incumpliendo un convenio colectivo vigente hasta abril de 2027. Según la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), el paro en las guardias de timón viola acuerdos firmados y ha paralizado la flota sin justificación válida. “Si estuvieran a la orden, los barcos estarían pescando”, indicaron en respuesta a la afirmación sindical de que no hay huelga formal.
Para el sector empresarial, el reclamo de incorporar un tripulante extra por barco –para cubrir las guardias del capitán– no es viable y representa una exigencia unilateral. También acusan al Suntma de recurrir a métodos coercitivos, incluyendo supuestas amenazas a trabajadores que deseaban salir a faenar. “Quienes sí se ven forzados a no trabajar son los marineros amedrentados por la prepotencia sindical”, denuncian.
La Confederación de Cámaras Empresariales considera que la situación atenta contra la institucionalidad laboral del país y advierte sobre las señales negativas que se emiten a posibles inversores. Asegura que el conflicto “pone en riesgo empresas, empleos y la confiabilidad del país” y reclama la intervención firme del gobierno.
Desde el Ministerio de Trabajo, el ministro Juan Castillo ha reconocido que los convenios deben cumplirse y que el reclamo empresarial es válido en ese sentido. “Es una cosa que no estuvo convenida, es un planteo nuevo esa demanda y eso ha generado ya casi un mes de una situación, un diferendo, que tiene paralizada gran parte de la pesca de la costa”, dijo Castillo en declaraciones a Telemundo. El gobierno intenta mediar, pero hasta ahora no ha logrado restablecer la actividad.
Este lunes, decenas de trabajadores de plantas procesadoras y no sindicalizados desafiaron el intenso frío y se congregaron en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva reclamando por su “derecho a trabajar”. Fue la segunda manifestación en menos de una semana en el mismo lugar e incluso se han acercado hasta el Parlamento para conversar con legisladores acerca del impacto de las medidas de fuerza en el empleo. Según informó Visión Marítima, unos 95 trabajadores de la planta procesadora de la empresa pesquera Novabarca S.A., en su mayoría mujeres jefas de hogar, fueron enviados a seguro de paro especial, en medio del conflicto entre el sindicato del sector pesquero y las cámaras empresariales. Advierten, además, que la situación no es exclusiva de Novabarca, sino que afecta también a otras empresas del rubro como Urexport, Valymar, Ciupsa y Tonisol.
En paralelo, crecen las tensiones ideológicas. El Pit-Cnt acusa a las cámaras de querer deslegitimar al sindicato, mientras que las empresas cuestionan su representatividad. Algunas voces denuncian que los paros sindicales son sistemáticos, especialmente en plena zafra y acusan a las organizaciones gremiales de anteponer una agenda ideológica al bienestar general.
El periodista Graziano Pascale opinó en su cuenta de la red social X que: “El boicot sindical a la creación de 10.000 puestos de trabajo en la pesca tiene una motivación que no se relaciona con la ‘lucha de clases’ ni ningún otro lugar común de la izquierda marxista. Es una acción planificada para favorecer a trabajadores y empresas de otros países”.
Buscando una solución de fondo
Uruguay cuenta con una jurisdicción marítima que supera en extensión a su territorio terrestre, una riqueza estratégica que contrasta con la realidad del sector pesquero, hoy envuelto en un profundo conflicto entre sindicatos y cámaras empresariales.
Un estudio sectorial realizado por Ceres en 2023 identificó que la pesca industrial uruguaya se trata de un sector con enorme potencial de crecimiento pero que atraviesa una situación crítica, marcada por la incertidumbre sobre las reglas de juego, una alta conflictividad laboral y un marco regulatorio complejo. Describe un clima laboral adverso, caracterizado por huelgas frecuentes, que afectan la productividad, la inversión y el empleo. La burocracia estatal, especialmente en organismos como la Dinara y Prefectura, también representa un freno para el dinamismo del sector.
En materia operativa, Ceres advierte sobre la rigidez del sistema de permisos de pesca, que impide a las embarcaciones adaptarse con agilidad a las variaciones del mercado. Esta inflexibilidad limita la competitividad frente a países con estructuras más dinámicas, como Argentina. A nivel logístico, el desplazamiento del sector pesquero dentro del puerto de Montevideo ha provocado pérdidas y sobrecostos que afectan directamente a las empresas.
Otro aspecto clave es el envejecimiento de la flota y del personal embarcado, que en algunos casos supera los 30 años de antigüedad. Ceres subraya la necesidad urgente de renovar barcos, fomentar el recambio generacional y mejorar la formación técnica de los trabajadores, a través de instancias como cursos de UTU. También advierte que la pesca compite con sectores como la construcción para captar mano de obra poco calificada, lo que acentúa las dificultades de contratación.
Entre las propuestas se plantea agilizar y digitalizar los trámites regulatorios, flexibilizar los permisos de pesca, actualizar el régimen de seguros laborales y asegurar el cumplimiento de convenios colectivos por ambas partes. Asimismo, se recomienda diversificar especies capturadas, ampliar los mercados internacionales, promover el consumo interno de pescado y fomentar la creación de cooperativas de pescadores artesanales. Todo ello apunta a una pesca más sostenible, moderna y competitiva.
Finalmente, Ceres sugiere crear un Instituto Nacional de Pesca, de carácter público no estatal, similar al INAC, que centralice políticas, coordine acciones con el sector privado y administre fondos específicos para el desarrollo pesquero. Esta institucionalidad, entienden, permitiría consolidar una estrategia de largo plazo para aprovechar el potencial de un sector clave para la seguridad alimentaria, las exportaciones y el empleo.
