En diálogo con La Mañana, la Dra. Yanira Vargas, abogada, con postgrado en Derecho Internacional Aplicado y maestría cursada en Derecho Procesal Penal, reflexionó acerca de la creación del Ministerio de Justicia, manifestando que “va a tener un impacto importante en la política criminal del Estado”.
Se anuncia desde el gobierno electo la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Qué puede pasar a partir de ahora en el sistema jurídico? ¿Cómo se puede analizar?
Empezamos por despedirnos de un concepto que se llama seguridad pública e ingresamos a lo que se llama política criminal del Estado. Le vamos a dar un sentido más amplio, porque al hablar de seguridad pública parece que hablamos solamente de la Policía, de lo que tiene que ver con la prevención y represión del delito. Ahora vamos a ingresar de lleno, con este gobierno en el próximo 2 de marzo, en una modificación del organigrama del Estado, porque se van a formar nuevos organismos y todo desde Presidencia de la República. Por lo que se confirmó por parte del presidente electo, el exfiscal de Corte Jorge Díaz asumirá como prosecretario de la Presidencia. Era evidente que iba a asumir un cargo de esa importancia para realizar la transición entre el gobierno actual y el próximo, que encabezará Yamandu Orsi. Con relación al anuncio de la creación del Ministerio de Justicia, esto va a ser para el año 2026, no va a ser para el 2025. Es una cuestión de presupuesto, pero además creo que no solamente hay una pretensión clara del Frente Amplio, sino que también lo hemos escuchado en varias ocasiones al exfiscal de Corte estar de acuerdo en la incorporación de un ministerio más, que sería el de Justicia y Derechos Humanos. Esto sí va a afectar al organigrama de la gestión del Estado, pero también será una forma gestionarlo mejor y va a tener un impacto importante en la política criminal del Estado.
¿Cómo cambia el sistema del funcionamiento jurídico con esto?
Es un poco preocupante en lo que tiene que ver con el pueblo en general, porque un Ministerio de Justicia bajo la órbita del Poder Ejecutivo es un poco extraño y la gente puede pensar que la Fiscalía General de la Nación, función que ejerce el Ministerio Público, es o hace justicia o las fiscales imparten justicia, eso lo debemos tener claro. De alguna forma, me preocupa lo que tiene que ver con los poderes del Estado, porque es como sacarle un poco de importancia al Poder Judicial, ya que quien imparte justicia es el juez y no el fiscal. Esto no es nuevo para nosotros porque estudiamos el Derecho Procesal Penal en Latinoamérica y ha sucedido en otros países la creación del Ministerio de Justicia para centralizar la Fiscalía General de la Nación, la Jutep, Secretaría de Lavado de Activos y otros organismos de control de todo lo que tiene que ver con la parte penal y procesal penal más que nada. O sea que vamos a tener cambios de organismos en el combate a la delincuencia. De alguna forma, creo que es positivo, pero tenemos que dejar claro esto de que si hay un Ministerio de Justicia bajo la órbita del Poder Ejecutivo no hace justicia, sino que sería un ministerio que tendría varios organismos bajo la línea de la Presidencia de la República, o sea que vamos a tener un gobierno muy presidencialista y con un fuerte Poder Ejecutivo.
¿Es un Ministerio de Justicia o es un ministerio que fiscaliza la tarea de la Justicia?
Es un Ministerio de Justicia que englobaría varios organismos, por ejemplo, sacaría la Fiscalía General de la Nación, Jutep y otros organismos y, por otro lado, el acceso a la Justicia tiene que tener modificaciones profundas porque hoy en día nos preguntamos como personas comunes ¿tenemos acceso a la Justicia si tenemos un problema? Te diría que tenemos acceso a la Justicia solo en cuestiones de violencia basada en género, porque si una persona que ha sufrido un hecho hace la denuncia, va a Fiscalía y esta de repente decide no investigar, decide archivar, esa persona no tuvo acceso a la Justicia y no fue oída por un juez, entonces eso lo debemos marcar clarísimo. Quizás y ojalá en este próximo gobierno la víctima pueda ser una querellante, esto incluso afectaría de forma bastante positiva la labor de los abogados, que hoy en día están un poco restringidos a llevar a conocimiento del tribunal los hechos de apariencia delictiva porque la Fiscalía funciona prácticamente como un filtro de lo que tengo que llevar o no a conocimiento de un juez.
¿Seguirá siendo independiente la Fiscalía?
En el tema de la Fiscalía y lo que tiene que ver con el fiscal de Corte y director general, estamos acéfalos. Creo que esto es un reflejo del actual gobierno que está terminando su gestión el año que viene. Fue un gran error que el presidente de la República no designara al director general de la Fiscalía de la Nación como servicio descentralizado y al fiscal de Corte. La inteligencia de este mecanismo, que el actual gobierno no entendió, reside en el del artículo 187 de la Constitución, porque la Fiscalía es un servicio descentralizado. Ahora, en la próxima gestión de Orsi, esto será inmediatamente resuelto porque no puede ser que la Fiscalía, que funciona como Ministerio Público, esté ocupada por un interino y un subrogante del subrogante. Para el próximo quinquenio esperamos una Fiscalía con más fuerzas y menos criticada que en este gobierno, por eso le damos la bienvenida a la política criminal del Estado, porque es la que fija la investigación criminal. Si bien el Ministerio del Interior va a tener su protagonismo con más funcionarios policiales, vamos a tener una Fiscalía más valorizada.
Desde la creación del nuevo Código del Proceso Penal, con el Dr. Jorge Díaz como figura principal, aparecieron algunas acciones desde lo jurídico que generaron efectos negativos, como el juicio abreviado. ¿Cuál es su evaluación al respecto?
Es muy preocupante, porque el 99% de las formalizaciones, o sea de las investigaciones finales llevadas a conocimiento del Poder Judicial, se consume en un juicio abreviado, pero este tiene características muy diferentes a las de los países de la región. Este proceso termina siendo un acuerdo que parece que se hace a instancias de la Fiscalía hacia el juez y este homologa. Esta práctica es nefasta. Realmente esperemos que de una vez por todas surja el juicio oral en donde los abogados y los fiscales tengan que probar realmente que alguien cometió un delito y no sea una autoinculpación de un delito.
TE PUEDE INTERESAR:
