“Rara vez se juntan comerciantes de un mismo ramo –aunque fuere por entretenimiento y diversión– sin que la conversación derive hacia una conspiración en contra del público, o en algún entramado para subir los precios”. (Adam Smith, “Riqueza de las naciones”, 1776).
Sin duda una de las frases más célebres del escocés más citado de la historia, pero quizás la menos repetida por quienes lo han elevado al pedestal de máximo exponente del libre mercado por su introducción del concepto de la “mano invisible”.
Como profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, seguramente Smith poseía un acabado conocimiento de las debilidades a las cuales estaban expuestos los hombres, entre ellas el deseo de acumular un patrimonio que los pusiera más allá de las vicisitudes de la vida. Sin duda conocía, además, los atajos morales a los cuales estaban expuestos sus conocidos en el mundo de los negocios.
Hoy en día la vara ya no es moral, sino legal. Y la meta ya no es la satisfacción sino la maximización. Una empresa multinacional (o quien compite con ellas) no puede darse el lujo de contemplaciones morales por más ESG que nos quieran vender. Un gerente que no explote al máximo las oportunidades que se abren no durará mucho en el cargo. Y si los gobiernos dejan áreas grises en materia normativa, sin duda serán aprovechadas en el mundo de hoy.
Monopolios de importación
Es público y notorio que el alto costo de producción en Uruguay ha llevado a muchas empresas a cerrar sus plantas de manufactura. En el caso de las extranjeras, dicha decisión se complementa con la de pasar a producir en economías vecinas para satisfacer nuestra demanda vía exportación.
El primer impacto para nuestra economía es la pérdida de puestos de trabajo (generalmente de buena calidad). Si los mercados fueran competitivos, este costo social se podría compensar en parte al verse beneficiado el consumidor por acceder a igual artículo importado, aunque a menor precio que el anterior de producción nacional.
Pero no sucede así. No solo ya no hay competencia local, sino que se crea además un monopolio privado de importación. Sucede que la normativa local –ideada para defender puestos de trabajo creados por empresas internacionales para producir en Uruguay– se sigue aplicando aun cuando la empresa ya no produce en nuestro país. El producto sigue protegido aunque venga de afuera, ya que la normativa impide que el comercio local lo importe por vía de intermediarios. Con su mudanza, la empresa no solo redujo su costo de producción, sino que mantuvo su precio de venta original.
¿La culpa es de la empresa? Pues si no está violando las normas, la respuesta es no. Acá el problema no es que haya demasiada regulación, sino que la regulación parece beneficiar a quienes ciertamente no son los consumidores. No es un tema de desregular como sostienen algunos; es un tema de regular bien.
Tipología de mercados
En mi última entrega escribí acerca de la “inflación olvidada”. No aquella de origen macro, fiscal y monetaria, sino de origen micro debido al abuso de posición dominante de empresas en algunos mercados. Algunos entendieron esto como un llamado al control de precios, una intromisión inadmisible del Estado en la pureza del mecanismo del mercado a ojos de los indoctrinados que “canalizan” a Smith sin jamás haberlo leído.
Pero hay mercados y mercados. En Uruguay tenemos:
- Mercados competitivos en las actividades primarias y en algunos ramos de los sectores de servicios privados, donde la producción se caracteriza por numerosos participantes y la formación de precios es libre, ya sea internacional o localmente.
- Luego hay monopolios naturales confiados a la gestión estatal por razones estratégicas o de política social, que en algunos casos admiten competencia privada. Aquí los precios son administrados.
- Finalmente están aquellos mercados de estructura altamente concentrada o directamente monopólica. Ello es natural en una economía pequeña, dado que el tamaño del mercado suele admitir pocas empresas operando en la escala mínima de producción eficiente bajo tecnologías modernas. En estos mercados las empresas pueden lograr una posición dominante en términos de fijar el precio y el volumen de producción que más beneficia su interés.
Es en este último contexto que se considera procedente analizar si existen regulaciones, normas, registros o autorizaciones que de alguna forma contribuyen a reforzar la posición dominante de empresas en mercados y excluir la competencia.
Nadie está proponiendo que descienda una nube de inspectores a escrudiñar góndolas en busca de infracciones a topes de precio para distintos artículos. Ni siquiera se está proponiendo que se impongan topes a los precios. Siempre es preferible confiar en la mesura del empresario, quien seguramente es el más interesado en mantener una relación armoniosa con su clientela.
Una herramienta al alcance público
El tema es identificar casos en que un precio parece desmedido en función de los datos existentes en cuanto a su nivel en otros mercados, y si ello se debe a una situación privilegiada, ya sea por la estructura del mercado en que actúa, la acción coordinada con otras empresas o una regulación o procedimiento que impida una sana competencia.
Existen ya en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sistemas para el relevamiento periódico de precios de productos de primera necesidad en la Unidad de Defensa del Consumidor. Según el propio MEF: “El Área Defensa del Consumidor tiene como cometidos administrar y ejecutar planes y programas relativos al seguimiento, difusión y cumplimiento de normas e informaciones de interés para el consumidor. Sus cometidos buscan equilibrar las relaciones de consumo, procurando mayor información y transparencia en el funcionamiento del mercado, eliminando los posibles abusos del sistema”.
Existiendo los medios, lo que justamente se sugiere es enfatizar la identificación e eliminación de posibles abusos, que en algunos casos tienen su origen en una falla propia de la regulación y la normativa estatal.
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