La senadora Carmen Asiaín (Partido Nacional) fue electa durante la última asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial como integrante del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios, obteniendo el apoyo de 125 legisladores de todo el mundo. Asiaín destacó el sistema de fueros como una garantía de los parlamentarios antes posibles violaciones de sus derechos.
En una reñida votación la senadora Carmen Asiaín logró un lugar en el Comité de Derechos Humanos. Junto a ella fueron electos representantes de Bélgica, Canadá, Portugal, Italia y Congo.
A través del Comité, la Unión Interparlamentaria (UPI por sus siglas en inglés) “tiene un mecanismo único para defender los derechos de un número cada vez mayor de parlamentarios en todo el mundo que enfrentan abusos, maltratos o incluso la muerte simplemente por hacer su trabajo”, según destaca la organización.
Asiaín explicó a La Mañana que la sugerencia para presentar la candidatura surgió de su colega, Jorge Gandini, integrante de la organización internacional. Durante la última asamblea anual de la Unión Interparlamentaria Mundial, realizada de manera virtual entre el 24 y 27 de mayo, se eligieron los integrantes del Comité de Derechos Humanos.
La UIP fue fundada en 1889 y está integrada por legisladores de 179 países. Los representantes de Uruguay son los senadores Jorge Gandini (PN), Beatriz Argimón (PN) y Eduardo Bonomi (FA). Las representaciones a nivel global se otorgan por la cantidad de habitantes de cada país.
El Comité de Derechos Humanos está integrado por seis miembros. La elección no es por cuota política global, como sucede en otras comisiones. Se toma en cuenta el currículum de los aspirantes al cargo y la asamblea de parlamentarios es quien los elige mediante votación secreta. Dentro de las actuales condicionantes que se exige a los candidatos está el ser abogado, tener trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos y saber inglés.
La legisladora relató que envió su currículum y finalmente se le solicitó un video de dos minutos en el que explicara, en inglés, cuál sería su contribución a la vigilancia de la libertad de los parlamentarios a la hora de ejercer su función en los diferentes países.
“Realmente no tenía mucha esperanza en ser electa. Supe que existían muchos lobbies de grandes naciones para favorecer a otros parlamentarios y nosotros no hicimos ninguna campaña para obtener este cargo”, dijo Asiaín a La Mañana.
De los 233 representantes, 125 fueron quienes votaron a la parlamentaria uruguaya. De esta manera pasa a ser uno de los diez integrantes del comité. La votación fue muy significativa para Asiaín, ya que logró derrotar al candidato paraguayo que obtuvo 76 votos, al de Mali (74 votos) y al de Camboya que tuvo el apoyo de 88 parlamentarios.
El problema de la persecución política de parlamentarios
Uno de los primeros casos que deberá atender Asiaín será la violación de los derechos de legisladores en Ruanda. En estos momentos la UIP se encuentra atendiendo denuncias de violación de derechos de parlamentarios en Venezuela, Colombia, Turquía, Yemen, Myanmar y Camboya, entre otras naciones. Uruguay ya estuvo en el pasado representado en este comité por los senadores Hugo Batalla y Luis Hierro López.
Consultada la legisladora sobre denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos que parten desde organismos internacionales hacia los países que los integran, la senadora nacionalista indicó que hay que diferenciar lo que son organismos supranacionales y otros que únicamente pueden dar recomendaciones.
En el caso de los primeros, el país jurídicamente se somete a los dictámenes de las cortes en las que ha suscripto los tratados. Otro tema es cuando los organismos realizan recomendaciones, las cuales no son obligatorias ejecutar. Por ejemplo, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual el país está sometido y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual únicamente puede realizar recomendaciones. “A veces hay que separar, porque las recomendaciones no son para ejecutar, solo son recomendaciones y no son nada vinculantes”, acotó.
Para Asiaín hay países con parlamentos “más formales que reales” en los que se puede dar una persecución política. En el caso de Uruguay destacó la existencia del sistema de fueros el que proviene del derecho inglés, destinado a proteger la libertad de expresión de cada parlamentario y evitar que por ejemplo se lo detenga cuando se dirige a votar un determinado proyecto. “En Uruguay es raro que se verifique una violación en los derechos de los parlamentarios, pero en otras regiones como Oriente, África o Europa Oriental, los derechos de los parlamentarios no se encuentran tan garantizados”, sostuvo.
Abogada, docente y parlamentaria
Carmén Asiaín es senadora por el Partido Nacional y miembro del Comité de Ética de esa colectividad. En el currículum presentado para su candidatura se señalaba que integra las siguientes comisiones del Senado: Constitución y Legislación; Presupuesto Nacional; Salud Pública; Población, Desarrollo e Inclusión y es miembro de las Comisiones Bicamerales de Derechos Humanos y Peticiones y Escuela de Gobierno.
Es profesora de Derecho Constitucional, ha impartido cursos sobre esta materia y también sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, entre otros.
Fue presidente del Consorcio Latinoamericano para la Libertad de Religión o Creencia (2013-2017) y ha sido ponente en conferencias internacionales en español e inglés en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos de América, India, Italia, México, Paraguay, Perú y Suiza, y en la ONU en Ginebra (2013) y Nueva York (2008).
Impartió cursos de posgrado y máster en Uruguay y en la República Popular China (2016) sobre Libertad de Conciencia y Estado de Derecho, y sobre el derecho a la personalidad jurídica de las organizaciones benéficas.
En su producción académica se destaca que es autora de más de 40 artículos y capítulos de libros y ha coordinado más de 5 publicaciones colectivas en español e inglés en Uruguay, América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia en las áreas de Derecho a la salud y libertad.
Antes de asumir como legisladora fue profesora de inglés en St. Patrick’s College, profesora suplente en el Colegio Uruguayo-Americano y secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Como abogada fue socia del bufete Pollak & Brum y suspendió el ejercicio de la abogacía tras ser electa senadora en febrero de 2020.
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