Sigue siendo tema de discusión el otorgamiento de prisión domiciliaria a individuos condenados por delitos de narcotráfico, que fuera duramente criticado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Tras la detección de una banda especializada en la falsificación de documentos y la formalización de varias personas, entre ellas una abogada, en las últimas horas se descubrió que Matías Campero, uno de los formalizados, había modificado la pena de un narcotraficante en el correspondiente expediente. Por otra parte, se han presentado recursos de “Habeas Corpus” para mejorar las condiciones de reclusión de peligrosos delincuentes que pugnan por salir de los centros de detención considerados de máxima seguridad.
En diálogo con La Mañana, el ministro Heber hizo sentir su molestia con las situaciones planteadas, a lo que se suma el uso de teléfonos celulares por parte de los privados de libertad.
¿Cómo se motiva a la policía cuando permanentemente nos enteramos de todos los beneficios otorgados a narcotraficantes a nivel de la justicia?
Yo empecé protestando con un caso que realmente nos indignaba. El narcotraficante González Bica fue enviado a su domicilio con tobillera por un notable invento. La Fiscalía en ese momento le había preguntado si tenía alguna dolencia y había informado que no, y después al poco tiempo apareció que tenía dificultades renales, con certificados. Eso llevó a que la Fiscalía del caso y la Policía hicieran una investigación y desmantelaran una organización de falsificación de certificados, y eso recién empieza. La investigación sigue. A ver quién está involucrado en esto, y será la Justicia la que diga. Estamos muy molestos con la situación, porque yo estoy representando a la Policía que trabaja mucho, que arriesga su vida, realiza investigaciones, seguimientos, muchas personas trabajan en esto para conseguir las pruebas, para que después se termine dando prisión domiciliaria… la verdad es que estamos indignados. Después a los pocos días se escapa otro, que ni siquiera le habían puesto tobillera y ahora estamos investigando algunos casos que tienen prisión domiciliaria y que ni siquiera tienen dolencias y que están en la casa. Se termina frustrando el trabajo de meses y hasta de años de seguimiento. Nos pareció muy bien la circular de la Suprema Corte solicitando explicaciones a esto. Ver si indujeron a error a la jueza, ver quién fue. Segundo, no se pidió la historia clínica. Estamos introduciendo esto como una obligación en la Rendición de Cuentas.
¿Qué respaldo puede brindar a la Policía cuando su trabajo de varios meses termina en lo que se podría llamar un saco roto?
Primero debemos separar las cosas; hay quienes trabajan muy bien, Llorente, Monica Ferrero, por ejemplo. Debemos salir al público a aclarar ya que, si no se piensa que hay acomodos, si sale el ministro a protestar, la Policía al menos se siente defendida en su trabajo, si no pueden hablar debo salir yo. Yo no busco un enfrentamiento con el Poder Judicial, tengo un enfrentamiento con las juezas mencionadas en estos casos.
El vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat, se ha manifestado en contra de los dichos del ministro con expresiones como “nosotros no le ponemos el rótulo de peligroso”. Esto no aclara lo que viene ocurriendo desde hace tiempo lo que no parece justificar cómo se deja a libertad a personas como Mutio, Gonzalez Bica y el resto. ¿Qué actitud va a tomar el Ministerio del Interior?
Yo voy a esperar, como es un poder distinto, a la acción de la Suprema Corte. Nosotros estamos solicitando que se revisen los casos de aquellos narcotraficantes que están con prisión domiciliaria. Estos generan el delito en todo el país y creo que es la madre de todas las guerras. No hay que generalizar, ¿no? Si estamos alertas y estamos viendo una situación incomprensible como estamos hablando, no podemos generalizar a todo el Poder Judicial. Debemos atacar los errores, lo que sí creo es que estos juzgados de crimen, que están especializados en esto, tienen que estar muy atentos con esto. Son todos unos recursos humanos para conseguir las pruebas para que ellos estén seguros a la hora de condenar. Es imprescindible el fiscal ya que le damos lo que precisa para ir a juicio sea abreviado o no. El fiscal es el que reúne las pruebas para sentir la fuerza en nombre del Estado para llevarlo y condenarlo. Entonces, lo condenamos, conseguimos las pruebas, vamos al juez, lo condenan por cuatro años, ¿y lo dejan ir a la casa? Es para reírse, de toda esta situación. Si los jueces no reaccionan esto sigue igual.
Tenemos problemas con el narcotráfico, los mandamos para la casa, rompen la tobillera, si los tenemos presos, tenemos problemas con los celulares ya que ahí deciden quién vive y quién muere, ¿cómo podemos abordar este tema de forma efectiva?
Este es otro tema que nos genera enfrentamientos. Nosotros tenemos un narco que operaba dentro de una cárcel, el famoso Ricardito, que lo teníamos en una cárcel de máxima seguridad, donde está incomunicado. Cuando estaba en el Penal de Libertad, le alcanzaban celulares por distintas vías y operaba su organización. Pero en la cárcel de máxima seguridad, no. Hizo un recurso de Habeas Corpus, para salir de esa cárcel y ponerse a trabajar y estudiar. Si estudia, estudia con otros presos, si trabaja lo hace con otros presos. Va a conseguir el celular. Entonces, ¿para qué hicimos una cárcel de máxima seguridad? Para aislarlos. Para que no se comuniquen. Ahora estamos viendo la forma de darle clases y trabajo al señor en la cárcel de máxima seguridad, para que no tenga contacto con otros presos. Otros de los temas que estamos por instrumentar es la comprada de tecnología que identifica todos los celulares adentro de un recinto, para bloquearlas.
Cuando se quiso colocar inhibidores de celulares los presos amenazaron con motín, ¿hoy en día se avanza con algún sistema?
Estamos buscando alternativas con eso, pensamos en celulares monitoreados por el Ministerio para entablar la comunicación con las familias.
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