El ministro del Interior, Nicolás Martinelli concurrió a la Comisión Permanente del Legislativo para explicar la situación sobre los delitos en Uruguay tras unos meses en los que la violencia ha escalado con virulencia en determinados puntos de la capital y del resto del país.
En su alocución el ministro apuntó que “la seguridad es una política de Estado” y se explayó sobre la estrategia del Ministerio del Interior basada en “un enfoque dual”, que incluye la represión, pero también el abordaje de las causas de los delitos. Dijo que no llegaron “por casualidad ni por capricho a esta estrategia”, y que “recoge veinte años de fracasos en políticas de seguridad”, así como los éxitos que han tenido otros países tras la implementación de algunas políticas.
Además, adelantó que pedirá una sesión secreta para informar sobre el plan de desmantelamiento de algunas bandas criminales que operan en el país. Martinelli también se refirió a la necesidad de hallar consensos con mirada de política de Estado, y a su entendimiento se lograron.
Por su parte, el senador Guillermo Domenech, que participó de la reunión, señaló en el comienzo de su intervención que el gran problema de la inseguridad y de los altos niveles de violencia está ligado al tráfico de drogas, pero también a un cambio de cultura. Recordó que el ser humano, desde los comienzos de la historia, lucha contra el flagelo de la violencia, recordando el relato bíblico del homicidio de Abel en manos de su hermano Caín.
El senador también indicó que Uruguay ha contado con períodos históricos de extrema agresividad. Esto fue reflejado por William Hudson, escritor de origen estadounidense, en su libro La tierra purpúrea, en el que relata la violencia en el Uruguay del siglo XIX. Domenech recordó que en esa obra se relata que “era muy común hablar con un oriental de cualquier tema y que la conversación se desarrollará muy amigablemente, pero a la menor discrepancia se podía producir un altercado con un final trágico”. No obstante, aclaró que ese período fue de “violencia política” y terminó con las batallas de Masoller y Tupambaé y la paz de Aceguá ,e hizo referencia a otro período similar como el que comenzó en la década de los sesenta y culminó en 1985.
“Estos dos periodos de gran violencia que sufrió el Uruguay, fueron con un trasfondo político que sin duda contagiaba las relaciones entre los individuos. Pero hoy nos encontramos frente a una violencia ocasionada en lo que yo definiría como un vicio social, que es el consumo de drogas”, sostuvo.
En su opinión se llegó a la situación actual por procesos tales como la legalización de la marihuana, en el que no se advirtió de los efectos negativos que el consumo de una sustancia de esa naturaleza tiene para la salud.
“Hemos fracasado en lo informativo y lo educativo. No le hemos advertido a la población y particularmente a los jóvenes de los peligros del uso y consumo de drogas”, dijo, y agregó que “tras cartón, en este mismo gobierno, un alto funcionario con enorme responsabilidad en la materia ha hecho repetidas declaraciones promoviendo la liberalización de la droga, por lo que de continuar en esta línea muy pronto Montevideo podría ser comparada con Katmandú o algún otro paraíso de similar naturaleza”.
Domenech también hizo referencia a un programa de televisión (Desayunos Informales, Canal 12) en el que representantes de la Asociación de Anestesistas “hablaron del uso del fentanilo por parte de médicos para su consumo como droga”.
Respaldo a la Policía
Posteriormente, el senador cabildante se refirió a la situación en materia de inseguridad y lo primero que afirmó fue su respaldo al instituto policial, a la vez que manifestó su discrepancia “con las exhortaciones que se hacen a que sean las Fuerzas Armadas las que intervengan en la prevención y represión de los delitos patrullando la ciudad”.
El dirigente basó su opinión en que las Fuerzas Armadas no tienen por su característica la competencia del combate al crimen, y si bien pueden prestar auxilio en situaciones extremas, “no tienen por su propia naturaleza el entrenamiento que tiene la Policía en responder, por ejemplo, frente a una agresión”.
Para Domenech los homicidios se han expandido por la utilización de las drogas. Siguiendo con esa línea de razonamiento, destacó un hecho que se viene dando en los últimos tiempos: “No me parece admisible que la Junta Nacional de Drogas salga repartir agua mineral en las fiestas electrónicas, promueva la liberalización del consumo de drogas y no informe a la población de lo peligroso que es este consumo”.
“Hay cárceles que son letrinas”
En otro pasaje de su exposición Domenech se refirió a la situación de algunos establecimientos carcelarios, en lo que no se cumple el artículo 26 de la Constitución, que establece que las cárceles no serán motivo de mortificación y estarán dirigidas a la reeducación y a promover la aptitud para el trabajo de las personas privadas de libertad.
“No es este gobierno el único responsable del estado de las cárceles. Este es un problema que se conoce en el Uruguay de larga data y algunas son verdaderas letrinas”, dijo el legislador.
Dentro de las cárceles “hemos visto hace mucho tiempo enfrentamientos con armas, que podían ser sables o lanzas que envidiaría el rey Rodrigo en la batalla de Guadalete en el año 711. Exactamente eso sucede en nuestras cárceles y lo hemos consentido durante sucesivos gobiernos de distinto pelo”.
“La situación carcelaria acentúa precisamente todos los peligros que el delito supone en el Uruguay”, dijo Domenech, y agregó que con una deuda que significa unos tres mil millones de dólares por año de amortización de capital e intereses, “quizás no hemos invertido lo necesario en tener un sistema carcelario adecuado, que es una primera barrera de contención del delito”.
El legislador cabildante sostuvo que “las políticas carcelarias no tienen que ser la Cenicienta de los programas políticos y tenemos que atender el uso de drogas en las cárceles, el cual ha sido un problema evidentemente generalizado”.
Acotó que Uruguay era un país que no estaba en el foco del gran narcotráfico, pero “durante muchos años actuamos con una cierta indiferencia frente a la problemática del tráfico de drogas y ahora el país está en la ruta de la comercialización”. Para detener esto, Domenech planteó la necesidad de “blindar nuestra frontera” y colocar radares y “una Fuerza Aérea que tenga la posibilidad de interceptar los aviones que arrojan droga en campos del interior de la República”. También propuso incrementar las inspecciones aleatorias de vehículos en las rutas y que las comisarías “tenga un efectivo dominio del territorio, conozcan a los vecinos y sepa lo que está sucediendo en el barrio”.
Domenech contó como anécdota que hace un par de meses concurrió a una comisaría del interior a que le sellaran una guía de tránsito de ganado, golpeó en reiteradas ocasiones y no había nadie. El senador se preguntó: “¿Qué hubiera pasado si hubiera ido una persona cuya vida estaba en peligro?”.
El cabildante indicó que la represión del delito “también tiene una pata muy importante en nuestro sistema de Justicia y lo hemos destruido” con el nuevo Código del Proceso Penal.
“Con el juicio abreviado hay más condenados y perjudica los derechos de los pobres. Porque al que le imputan robar una gallina, tiene necesariamente que reconocer su responsabilidad, ya que si no puede ser arrojado a una de esas letrinas que llamamos cárcel”, acotó.
Al mismo tiempo, se preguntó, respecto de la negociación del proceso abreviado, “qué va a suceder cuando tengamos que negociar con los verdaderos dueños del narcotráfico. Hemos hablado mucho de las bocas de pasta base, pero yo quisiera saber quiénes son los mayoristas del tráfico de droga. ¿Qué pasará con este tipo de procedimiento [el juicio abreviado] que hemos importado graciosamente de los Estados Unidos porque el mundo anglosajón ahora es el que nos dice cómo debemos actuar? Si el problema se sigue agudizando, yo no querría estar en el cuerpo de los fiscales que van a negociar con los capos del narcotráfico”.
Sobre el final de su intervención, Domenech dijo que todos los partidos deben hacer un esfuerzo para cambiar la realidad carcelaria y sistema judicial actual.
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