En conversación con La Mañana, el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, repasa el marco del trabajo de las Fuerzas Armadas en sus zonas de actividad, las incorporaciones de equipamiento de las distintas armas y los planes del ministerio de cara al futuro.
Recientemente se aprobó un protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas para el combate y la prevención de la trata de personas. Al respecto, el subsecretario del Ministerio de Defensa, Rivera Elgue, dijo que es algo complementario al trabajo que se ya realiza por parte del ministerio en las zonas de frontera.
En un capítulo del documento dedicado a “Roles de la investigación”, se indica que “las Unidades competentes de las Fuerzas Armadas son auxiliares de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los delitos” y que “las investigaciones estarán dirigidas por los Fiscales competentes en su jurisdicción”. Se agrega que “las investigaciones se realizarán de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Fiscalía competente y el funcionariado también cumplirá las órdenes impartidas por los jueces”. También se indica que “cuando la normativa así lo exija, el Oficial a cargo podrá solicitar que se le exhiba la documentación correspondiente para dar cumplimiento a las diligencias que se le ordenen”.
En diálogo con La Mañana, Rivera Elgue recordó que el Ejército patrulla la zona de frontera seca, mientras que la Armada, a través de la Prefectura Nacional Naval, efectúa el trabajo de auxiliar de la Justicia en la zona costera y también de la Policía Aérea Nacional en las áreas de aeropuertos.
La ley de fronteras se aplica desde 2020, a pesar de que estaba aprobada ya en 2018. La ejecución de la normativa implica que las Fuerzas Armadas controlen el tráfico en la frontera seca hasta veinte kilómetros dentro del territorio nacional. “Como estamos en frontera y parte de ese delito, sobre todo de tráfico, se puede efectuar en esas áreas, se entendió que era necesario establecer un protocolo de actuación de las fuerzas acorde al marco legal que tiene el país”, acotó el subsecretario.
Consultado sobre si las Fuerzas Armadas ya han detectado casos de trata de personas, Elgue señaló que “durante la pandemia, en particular cuando estaba el cierre de fronteras, se detectó el ingreso irregular de personas. Eso demostró que en nuestras fronteras se puede estar llevando a cabo ese tipo delito, que no es aislado. O sea, es parte de los delitos del crimen organizado y el crimen organizado es una de las amenazas que estableció la política de defensa. Quienes hacen la trata de personas también están en el tráfico de narcóticos, armas y contrabando. No son delitos aislados”.
Nuevo equipamiento
Rivera Elgue también fue consultado sobre las recientes incorporaciones de equipamiento para la Armada. Se incorporaron tres guardacostas Clase Protector Cutter 87” construidas entre 1999 y 2009 en astilleros de la Coast Guard. Asimismo, se van a recibir la donación de Corea de una lancha patrullera Chamsuri. A esto se va a agregar un buque científico que va a reemplazar al ROU Vanguardia y se está en el proceso de la compra de patrulleras oceánicas. Por otra parte, días atrás, en la Base Naval de La Paloma CC Ernesto Motto, se efectuó el embanderamiento de un nuevo buque de búsqueda y rescate, el ROU 053 Isla Farallón, procedente de Alemania.
Ante la pregunta de cuáles las principales preocupaciones en materia de defensa nacional con vistas a futuro, Elgue señala que a medidas tales como el protocolo de trata de personas, “hay que agregar capacitación. Nosotros tenemos previsto el año que viene capacitación al personal sobre este protocolo, actuando por ejemplo con Interpol y con el Instituto Nacional de la Mujer. Esto se debe complementar con el acceso de equipamiento y tecnología. Esas serían las tres patas necesarias, a medida que se le van a agregando tareas a las Fuerzas Armadas. No es lo mismo cumplir las tareas en un paso de frontera sin ninguna tecnología, que si tuviéramos, por ejemplo, escáneres que nos permitan ser mucho más efectivos, o la asistencia de un sistema de radares para controlar la costa o el espacio aéreo”. En suma, considera que esos son los grandes desafíos que tiene la defensa nacional desde el punto de vista de la jurisdicción.
A esto agrega que en la política de defensa se estableció, el crimen organizado “como una de las grandes amenazas”. Al respecto, Elgue acota que “el combate al crimen organizado no es una misión de defensa nacional, pero sí cuando afecta directamente o cuando interactúa en nuestras áreas de responsabilidad. Estoy hablando de donde estén la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. En esas áreas, al crimen organizado lo debemos enfrentar como a una amenaza a la seguridad nacional”.
Objetivos para 2024
Para 2024, dentro de los objetivos del Ministerio de Defensa figura continuar con el equipamiento de las diversas fuerzas. Pero en cuanto al personal, una de las grandes metas es seguir trabajando en el tema de la vivienda, en especial para el personal subalterno. Elgue sostuvo que la creación del fondo de vivienda “va a permitir trabajar en especial para el personal subalterno, en actividad o en retiro. La intención es trabajar con el Ministerio de Vivienda, con quien firmamos un convenio para la implementación de distintos planes de vivienda en todo el país”.
Se esperan poner en marcha también las denominadas “viviendas de servicio”, que son del Estado y en las que personal en actividad y retirado puede vivir durante un tiempo. En el caso de los retirados, sería en usufructo, de manera similar a como se entregan viviendas a jubilados del BPS.
Rivera Elgue sostuvo que mediante este programa de vivienda también se pretende retener al personal “ya que cuanto más los capacitamos más difícil es retenerlos. Es por eso por lo que estos esfuerzos en vivienda, salarios y en sanidad militar los vamos a seguir profundizando el año que viene”.
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