En conferencia de prensa dijo que la decisión la tomó a fines de 2020 y que en las últimas horas se la comunicó al presidente Luis Lacalle. El Dr. Juan Gómez ocupará el cargo hasta que se nombre un sucesor, o en su defecto podrá seguir hasta 2025.
Este martes 5 de octubre el Dr. Jorge Díaz renunció como fiscal de Corte y procurador general de la Nación. Ante la prensa dijo que la decisión no es de ahora, sino que la tomó a fines de 2020, y aclaró que si no lo hizo entonces fue porque ese acto hubiera constituido “un acto de deslealtad institucional porque no había fiscal adjunto”.
Pero “hoy está mi querido Juan Gómez, pronto para la transición”, valoró, e insistió: El Dr. Gómez “está preparado” mientras se define quién será sucesor.
Cabe señalar que por ley el fiscal de Corte y procurador general de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo y debe contar con la venia del Senado con tres quintos de votos, y en caso de no haber acuerdo el Dr. Gómez podrá continuar hasta 2025.
“El objetivo más importante”
Durante la conferencia de prensa Díaz repasó su actuación en el cargo que ocupa desde abril de 2012. “El objetivo más importante fue la reforma procesal penal e instalar en Uruguay un proceso acusatorio, adversarial, oral y público; un sistema mucho más eficaz y garantista que el anterior en el que se obtienen mejores resultados en la investigación y persecución penal, y concomitantemente se cumplen con todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales ratificados por el país”, dijo.
“Ese fue el objetivo central y el leimotiv de mi asunción como fiscal de Corte y procurador general de la Nación”, agregó.
En menos de cuatro años de vigencia de esa reforma, los que se cumplen en noviembre, “creció el número de denuncias aclaradas, el número de personas imputadas, el número de imputaciones realizadas, la cantidad de condenas obtenidas, se mejoró el porcentaje de delitos aclarados sobre los denunciados, se aumentó el número de personas privadas de libertad con condenas ejecutoriadas y correlativamente se disminuyó el porcentaje de personas privadas de libertad sometidas a medidas cautelares”, relató.
Añadió que cuando comenzó la reforma “había 11.000 personas privadas de libertad y sólo el 30% tenía sentencia condenatoria, mientras que el 70% estaba presa cumpliendo medidas cautelares. Hoy el 74% de los privados de libertad tienen sentencia de condena ejecutoriada y sólo el 16% están cumpliendo medidas cautelares”.
Esa evolución se dio con el aumento de personas privadas de libertad que actualmente son 13.900, precisó. “Los hechos, porfiados ellos, destruyeron el relato que se instaló por parte de algunos sectores de que éste era un código prodelincuentes que ataba de manos a la Policía y fomentaba la inseguridad”.
Por tanto, “las tareas asignadas han sido cumplidas”, y “se cumplió con la palabra empeñada”, subrayó.
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