Era una de las metas del oficialismo para este año, y finalmente lo consiguió. Con los votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Independiente, el Senado aprobó la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (FFAA) el pasado martes 16.
Sin embargo, desde el Partido Nacional (PN) y otros partidos opositores indicaron que con esta ley que elaboró el Poder Ejecutivo se pierden derechos. Uno de los legisladores más críticos al respecto fue el senador blanco Javier García, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta.
Entrevistado por La Mañana, el nacionalista lamentó la decisión del FA de no haber construido una norma basada en un acuerdo de todos los partidos. Además, aseguró que la fuerza política optó por sancionar una ley partidaria y monopólica, que es fruto de una negociación interna donde lo importante era obtener el botín electoral de reducir las FFAA o de establecer criterios sin tener en cuenta cuáles son las FFAA que el país necesita en estos momentos.
Lejos de empezar por el principio, que según García debió haber sido definir las necesidades de los oficiales en base a sus misiones, el FA comenzó fijando números “arbitrarios” sin explicitar para qué, puntualizó. En la misma línea, dijo que “terminó siendo una ley con una visión ideológica, en buena medida empapada de la mirada que tiene el partido de gobierno de los enfrentamientos de hace 50 o 60 años”.
Es por esto que a la oposición le parece injusto que se hayan afectado derechos que tiene el personal subalterno. De hecho, los soldados son los funcionarios públicos más pobres de la administración y los que han sido siempre más postergados. Una vez más, tras la aprobación de esta normativa, vuelven a verse perjudicados, señaló García.
Agregó que el impacto directo sobre los derechos se debe, entre otros motivos, a la disminución de la protección social, la eventualidad de dejar sin efecto las llamadas cantinas militares –que son las que proveen de canastas básicas subsidiadas, medicación y vestimenta-, la posibilidad de que se cierren los liceos militares, la eliminación de las rehabilitaciones médicas y de la atención a la familia en caso de fallecimiento.
“Todo eso es fruto de una visión en muchos sectores negativa con respecto a las FFAA, sin pensar en el servicio que le brindan al país y en las veces que el propio FA ha recurrido a ellas en situaciones críticas como el tema climático, las inundaciones y otras emergencias”, subrayó.
Para el PN fue absolutamente inoportuno haber discutido el tema en este año electoral y con tan poco tiempo de debate. “Nosotros hubiéramos preferido tener una buena ley, estable, sólida, pero el FA quiso emitir una señal para la interna de su partido político; lo que le interesó fue el aplauso de su tribuna”, criticó García, y remarcó que si los blancos son gobierno revisarán esta reforma.
Legislar “desde el rencor”
Desde Cabildo Abierto también plantearon sus reparos con respecto a este asunto. El candidato a la Presidencia por ese partido, Guido Manini Ríos, opinó que la ley “es perjudicial” y quita derechos, dado que “deja afuera de mucha cosa a los familiares de los militares cuando se establece, por ejemplo, la sanidad militar solo para los titulares o se deja abierta esa posibilidad”, así como “en el tema tutela social y servicio fúnebre”.
En diálogo con Informativo Carve, el excomandante en Jefe del Ejército sostuvo que la normativa fue “hecha desde la revancha, desde el rencor” y “con prejuicios”. De la misma forma que García, adelantó que en caso de que la fuerza política que lidera tenga la oportunidad de derogarla, lo hará, para poder dar lugar a una ley “que obedezca una verdadera política de Estado en la cual participen todos los partidos y que no sea el capricho de un solo partido en el gobierno”.
Versiones cruzadas
Luego de la sanción del texto legal, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) emitió un comunicado el pasado miércoles 17, donde aclaró en 10 puntos los supuestos cambios que se dice que conllevaría la nueva ley.
Con respecto al servicio de tutela social y de vivienda de las FFAA, la cartera aseguró que continuará brindándose al personal del MDN y a sus familias con las mismas prestaciones que se ofrecen en la actualidad, entre ellos, vivienda, minoridad, ancianidad, apoyo en lentes y audífonos.
Además indican que la prestación del servicio fúnebre se mantendrá vigente, a diferencia de lo que se compartió en redes sociales, expresando que se había eliminado y que es falso que la nueva ley contemple la desaparición de la Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA y el Hospital Militar. En cuanto al servicio de cantinas militares, seguirá funcionando con normalidad.
Según el MDN tampoco se eliminará el Liceo Militar o la institucionalidad que representa, ni se suprimirán las materias de instrucción específica que allí se imparten. Sostienen que la cantidad de personal subalterno no se verá alterada, sino que solamente se afectará el número de personal de alto rango, es decir, generales y coroneles. A su vez, el ministerio señaló que al personal militar subalterno con 10 años de servicios efectivos, se le renovará automáticamente el contrato de servicio militar y solamente podrá ser dado de baja previo procedimiento disciplinario, con todas las garantías del caso.
En relación a las licencias, el documento indica que todos los funcionarios de las FFAA tendrán derecho a gozar de licencia por enfermedad; estudio; maternidad; lactancia; paternidad; adopción; donación de sangre, órganos y tejidos; exámenes genitales, mamarios, prostáticos y urológicos; duelo; matrimonio; trámites de retiro o jubilación; custodia de urnas; licencia sin goce de sueldo de hasta un año. Además, aseguran que no se modificará el derecho a la protección especial de la funcionaria militar en los períodos de embarazo, descanso posterior y lactancia, ni se derogará el derecho a la formación y capacitación para el personal subalterno, debiéndose estimular y otorgar las debidas facilidades para ello.
Sin embargo, según consta en un escrito que circula entre militares y al que accedió La Mañana, el comunicado del ministerio no guarda relación con la verdad. Inclusive, se encargaron de aclarar cada punto.
Sobre la eliminación del servicio de tutela social y de viviendas de las FFAA, dijeron que todos esos derechos, a partir de ahora, serán exclusivos del militar y no de su familia. De hecho, indicaron que si el FA vuelve a ser gobierno, basados en su programa es posible que cuando regulen normativamente al MDN y sus órganos dependientes decidan que sanidad militar pase al Sistema Nacional Integrado de Salud, y que tutela social pase al Banco de Previsión Social.
Con respecto a la supuesta falsedad de que se elimine el servicio fúnebre, explicaron que quitaron este derecho para la familia de los efectivos dado que no queda determinada su continuación en la nueva ley.
En cuanto a la posible desaparición del Hospital Militar, argumentaron que puede llegar a concretarse porque así está establecido en el programa de gobierno que presentó el oficialismo, a través del pasaje de sanidad militar al Sistema Integrado de Salud.
Relativo al tema de las cantinas militares, expresaron que la versión del ministerio “es una verdad a medias”, puesto que “les colocaron el carácter de excepcional a las actividades que realizan las FFAA para satisfacer las necesidades básicas del personal”. Por este concepto estarían en riesgo otros beneficios sociales como guarderías, viviendas, ticket y boletos metropolitanos, sanidad militar, apoyo por minoridad a través del Fondo de Tutela Social de las FFAA para hijos declarados judicialmente incapaces, casas de salud para retirados y pensionistas mayores a 65 años no autoválidos, apoyos por inundación o incendios, servicio fúnebre, recreación, colonia de vacaciones para hijos de personal subalterno y canasta de materiales no reembolsables a través del MDN (Plan Vivienda Adecuada).
Acerca de la presunta eliminación del Liceo Militar, advirtieron que sí se elimina la instrucción premilitar, por lo que es una posibilidad su concreción.
En lo que respecta a la reducción del personal subalterno, la explicación descrita refiere al mandato legal de establecer una estructura de carácter piramidal conforme a la cantidad de oficiales generales y superiores, por lo cual será necesario ajustar los números de personal subalterno debido a esa disminución.
En referencia a los derechos y el estatuto del personal militar, aclararon que en realidad la estabilidad funcional que plantea el FA para las FFAA implica la posibilidad de dar de baja al personal por no alcanzar determinado nivel educativo en los años correspondientes que dispone la ley.
Finalmente, en el escrito criticaron que esta nueva normativa es un estatuto del personal militar encubierto, ya que no responde a las FFAA que necesita el país.
La reforma en números
Según la nueva ley, el número máximo de oficiales de alto rango del Ejército Nacional será de 12, el máximo de oficiales generales de la Armada Nacional, siete, y los de la Fuerza Aérea, seis. Al mismo tiempo, los efectivos de oficiales superiores del Ejército Nacional serán 130, de la Armada Nacional 76, y de la Fuerza Aérea 45.
