La problemática que enfrenta la población sorda en Uruguay, estimada en 30.000 personas, es muy importante incluso dentro de la realización de trámites en oficinas del Estado. Por esta razón, el diputado suplente de Cabildo Abierto, Jamil Murad, anunció la presentación de un proyecto de ley, a principios de octubre, para modificar el artículo 5 de la ley 17.378. La misma es del año 2001 y estableció que la Lengua de Señas Uruguaya pasaba a ser la lengua natural de las personas sordas.
En su artículo 5 se indica que “el Estado asegurará a todas las personas sordas e hipoacústicas que lo necesiten el acceso a los servicios de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya en cualquier instancia en que no puedan quedar dudas de contenido en la comunicación que deba establecerse”. Lo que Murad pretende es ampliar este punto, agregando al referido artículo que “a tales fines, todo establecimiento, dependencia del Estado y los municipios y en particular los servicios de emergencia, deberán contar con intérpretes de lengua de señas uruguaya en forma presencial o a través de videollamada”.
En diálogo con La Mañana, el legislador explicó que ha establecido contactos con diferentes asociaciones para conocer la realidad de quienes padecen todo tipo de problemas por la sordera.
Dentro de esos contactos ya se han efectuado reuniones con integrantes de la Asociación Uruguaya de Sordos del Uruguay (Asur) y la Asociación de Sordociegos del Uruguay (Ascuy).
“La idea de nuestro proyecto, que tiene un fuerte apoyo de la agrupación Revolución Oriental de Cabildo Abierto, es contemplar esta falta de comunicación que tienen los sordos en Uruguay y que el Estado no está sabiendo contemplar hoy en día. Con la tecnología que tenemos sucede que una persona sorda llega a una oficina cualquiera del Estado y no se lo puede atender como a cualquier otro ciudadano”, sostuvo.
La idea central es crear un centro nacional que pueda recibir desde cualquier dependencia, ya sea pública o privada, una videollamada y que un intérprete de señas haga de nexo entre quien realiza el trámite o la consulta y quién lo está atendiendo.
Según Murad, existen innumerables impedimentos para las personas sordas o hipoacústicas. “Se trata de un tema de inclusión social. Es incluir a toda esta gente que está apartada del sistema. Muchos de ellos cuando hacen un trámite tienen que ir con un pariente o un vecino que los acompañe, para hacerse entender frente a quien los atiende. Pero hay otras personas que no tienen quien los acompañe”, acotó.
Con esta iniciativa, mediante un teléfono celular se puede efectuar una llamada mediante un sistema de mensajería como WhatsApp a un centro específico, donde un especialista en lenguaje de señas puede hacer de “traductor” entre ambas partes.
Mención especial tienen las emergencias canalizadas a través del 911. Si bien se creó hace una década una aplicación para que los sordos pudieran comunicarse con el servicio, la misma tiene fallas. En el caso del call center propuesto, también serviría para atender estas emergencias.
No es obligatorio
La ley no obliga a que las empresas públicas tengan un servicio para atender a personas sordas durante su horario de funcionamiento. Algunos ministerios como el Mides, el MTOP o el de Vivienda llevan adelante programas que contemplan esta realidad.
Si bien el legislador entiende que en esta materia hay mucho para hacer, prefirió presentar un proyecto simple para que tenga un rápido tratamiento en el legislativo. “Para evitar un proyecto muy abarcativo, pero muy complejo, queremos ir ganando batallas. La batalla principal hoy en día y a lo que estamos apuntando, es a que una persona sorda pueda llegar a una empresa pública, a una oficina pública, o pueda ir al médico, y que quien lo atiende tenga a disposición un call center de videollamada a cargo del Estado, con intérpretes de lenguaje de señas”, señaló el legislador. De esta manera, con un intérprete de por medio, se puede atender a la persona sorda.
Pero Jamil Murad también explica que esto es solo el comienzo de lo que tendría que ser una política de Estado. Existen muchos sordos que no saben lenguaje de señas, e inclusive eso les impidió aprender a leer o escribir. Generalmente, estas personas, que son de una edad adulta, se guían por la lectura de labios.
“Las personas sordas son uruguayos, como todos nosotros, pero están bastante aislados de la sociedad. Queremos que se sientan incluidos y que puedan ir a hacer cualquier trámite igual que el resto de la población. ¿A dónde queremos llegar? A que todos los sordos tengan la oportunidad de aprender lenguaje de señas e inclusive en un futuro incluir en escuelas y liceos que se enseñe de una manera básica lenguaje de señas a todos los alumnos”, señaló. Acotó que otros de los grandes problemas para la mayoría de esta población es la posibilidad de acceder a un trabajo.
En el Palacio
Si bien el tema de las oficinas públicas y su falta de intérpretes de señas es un problema, eso no escapa a la órbita legislativa. Rodrigo Couto es un joven sordo que presentó una denuncia ante la Institución de Derechos Humanos (Inddhh), ya que no pudo realizar un trámite en el Banco Hipotecario por falta de un intérprete de lengua de señas. En su descargo el BHU señaló que, precisamente, por la ley 17.378 en sus artículos 5 y 7, “no está obligado a contar con intérprete de lengua de señas, por lo que no estaría incumpliendo la normativa”.
Murad dijo que quería recibir en su despacho al joven, ya que estaba trabajando en el proyecto de ley al cual hacemos referencia. Pero se encontró con el obstáculo que el Poder Legislativo no tiene una persona que interprete el lenguaje de señas de manera permanente en sus instalaciones. Si algún legislador o una Comisión quiere recibir a alguien sordo, se debe solicitar a la Presidencia de la Cámara para que esta inicie los trámites y así disponer de un intérprete.
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