Cabildo Abierto fue el único sector político que no apoyó prorrogar la actuación de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes y votar el proyecto de ley de ciberdelitos que esta tiene bajo estudio.
La solicitud no tuvo andamiento y con los votos del Frente Amplio y de los demás socios de la coalición, se prorrogó hasta el año que viene el tratamiento del proyecto.
El diputado Sebastián Cal (CA) puso en duda que el proyecto, del cual es autor, fuera a ser aprobado en esta legislatura, ya que una vez que pase por Diputados se deberá enviar al Senado.
La argumentación de votar en contra del pasaje al plenario y extender su tratamiento en comisión, es con el argumento de que se precisa más tiempo para estudiarlo. No obstante, para Cal quienes votaron que siguiera en comisión “lo hicieron porque desean demorar esta iniciativa”.
Entre los puntos en que el Frente Amplio y algunos legisladores de la coalición plantean dudas es la tipificación de los delitos. En diálogo con La Mañana, Cal dijo: “El director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, Germán Aller, se expresó en contra del proyecto. Él siempre ha estado en contra de tipificar los ciberdelitos porque entiende que ya estarían dentro del Código Penal. Pero esto claramente no es así. Hay muchísimos expertos en el tema que tienen una opinión contraria. Además, para adherir a los convenios de cooperación internacional tenemos que estar con una tipificación específica de ciberdelitos, que hoy no tenemos”.
“El Frente Amplio se respalda en la teoría de Aller”, agregó. “Entregaron una nueva propuesta que tira por la borda un trabajo que realizaron técnicos de todos los partidos, incluidos del Frente Amplio, durante estos dos años de tratamiento”.
“Tenemos una coalición de gobierno que permite en temas tan delicados como este seguir cogobernando al Frente Amplio”, señaló el legislador.
Para Cal, uno de los culpables de la situación del aumento de ciberdelitos es el Frente Amplio “porque fue de los principales promotores de la inclusión financiera. Se metió la gente en una bancarización obligatoria sin darle los parámetros mínimos que tenía que tener para proteger sus cuentas”.
El legislador indicó que aprobar una ley de este tipo le permitirá al país adherir al Convenio de Budapest, el primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet. Otro de los cambios del proyecto es que da herramientas a las instituciones financieras para frenar transacciones no consentidas, ya que en la actualidad para hacerlo se debe tener autorización del Banco Central.
También se plantea en la iniciativa una campaña nacional de educación, la creación de un registro nacional de ciberdelincuentes y se crean delitos nuevos relacionados con el ciberdelito, porque muchos de ellos no están tipificados en el Código Penal.
Ciberdelincuentes “más creativos”
La economista Barbara Mainzer, es experta en finanzas y asumirá el 1 de enero como directora ejecutiva de la Asociación de Bancos.
Dijo que los ciberdelitos se han incrementado “muchísimo” en los últimos años, impulsados por la pandemia que llevó a que las transacciones online crecieran de manera importante. En diálogo con La Mañana aseguró que “los ciberdelincuentes son ahora muchos más creativos”.
Afortunadamente, la mayoría de los intentos se frustran; son muy pocos los casos en los que los delincuentes logran su objetivo.
“Los sistemas de los bancos son tremendamente robustos. El problema es que los ciberdelincuentes engañan al usuario y obtienen sus datos y contraseñas. Por ejemplo, se recibe un email dónde se busca conocer la contraseña de la cuenta haciéndose pasar por el banco. Pero los bancos jamás solicitan las contraseñas. Básicamente, lo que ha pasado es que los usuarios, de una forma u otra, dieron sus claves, entonces los delincuentes, se hacen pasar por el usuario, hacen transferencias y retiran dinero o hacen préstamos. La vulnerabilidad entonces está del lado del cliente” manifestó.
Para Mainzer es “muy relevante” la aprobación del proyecto parlamentario de ciberdelito “que le dará herramientas a los bancos para proteger a los clientes”. Dijo que si bien en Uruguay no hay suficiente educación financiera, “la gente está cada vez más alerta gracias a las campañas realizadas por los bancos y Agesic, entre otros”.
Agregó que “es fundamental que se apruebe la ley de ciberdelitos y se puede complementar con más educación financiera. El riesgo de que las cuentas sean vulneradas es un riesgo con un impacto potencial muy elevado (me pueden sustraer todo mi dinero), pero, a su vez, es un riesgo que puede ser evitando. Para ello es fundamental estar alertas e informados”.
1.200 denuncias en un año
Mariela Espino, gerente general del Banco República dijo: “La institución tiene sus sistemas informáticos contra eventos de ciberseguridad. Tiene instalado equipamiento de primer nivel internacional. Cuando se escucha determinadas denuncias de clientes que han sufrido eventos, en ninguna de esas situaciones esto se ha debido a fallas de vulnerabilidad de los sistemas del banco. Siempre eso ha sucedido a partir de los equipos de los clientes, nunca del lado del sistema del banco”.
Consultada por La Mañana sobre si se han incrementado las denuncias por parte de clientes, Espino aclaró: “Los intentos de fraude a los clientes se han incrementado a nivel mundial y en todo el sistema financiero uruguayo. Si comparamos los últimos ejercicios, hemos tenido un incremento en lo que son las denuncias de este tipo de eventos. En denuncias (que no significa que se configuró el delito o robo de los fondos) hemos estado en 1.200. De esas, la mitad no logrado cristalizarse”, sostuvo.
La gerente general del BROU destacó que la celeridad de los clientes en hacer las denuncias “ha logrado que la operación en alguno de esos momentos se pueda frenar y que no termine concretándose y sustrayéndoles el dinero”.
En los otros casos, “quizás los clientes no lo detectaron de forma inmediata o porque los delincuentes fueron más ágiles y lo que queda es el reclamo a nivel de la justicia”.
Señaló que el BROU tiene 1,5 millones de clientes por lo cual los afectados son “una cifra mínima, pero a quien le toque una situación de este tipo es el 100% del problema”.
Las recomendaciones desde el BROU para evitar este tipo de fraudes es nunca abrir archivos, ya sea mails o whatsapp que provienen de fuentes no seguras, es decir de direcciones desconocidas. Nunca incluir datos personales o contraseñas en links que están incluidos en esos archivos. Espino recordó que “nunca los bancos van a preguntar información personal o información confidencial de claves o contraseñas ni por mail, ni por WhatsApp ni por teléfono” agregando que no se deben descargar archivos de fuentes no confiables, porque puedan instalar virus en las computadoras.
“En caso de haber cometido alguno de esos errores, lo primero que hay que hacer es apagar la máquina y no continuar proporcionando información a los delincuentes”, explicó. “Lo segundo, en el caso de que detecten operaciones no realizadas, es hacer la denuncia policial y ante el banco. La celeridad es muy importante, porque cuanto más rápido se actúe, mayores posibilidades tenemos de interceptar esa operación”.
Finalmente, manifestó que “se debe continuar con todo lo que son las actividades de educación a los clientes. El BROU las hace de forma individual y otras en conjunto con el resto de los bancos y con el Banco Central. Es clave continuar profundizando e insistiendo en todo lo que la educación y las advertencias a los clientes”.
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