El acuerdo se llegó tras intensas negociaciones entre legisladores de todos los partidos, los ministerios de Salud Pública, Economía y Trabajo, y los prestadores de salud que absorberán a trabajadores y socios de la institución. El proyecto remitido por el Ejecutivo fue aprobado con modificaciones por mayoría en ambas cámaras.
En sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, llevada a cabo el martes 8 de febrero, se trató como grave y urgente el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que lo faculta a estipular soluciones por el cierre de Casa de Galicia. En la tarde fue aprobado en la Cámara de Diputados por 59 votos afirmativos en 60.
La sociedad civil, fundada en 1917 por un grupo de inmigrantes gallegos se había presentado a concurso de acreedores –por pedido de sus accionistas– el pasado 15 de octubre. En tanto, el 26 de ese mes la misma fue intervenida por el gobierno y el 23 de diciembre la Justicia determinó su cierre, aunque con una apelación en suspenso.
La resolución del juez letrado de Concurso de 1º Turno, Leonardo Méndez, fue apelada por la empresa. En un primer momento Méndez rechazó el pedido por entender que la decisión era “inapelable”, por lo que decidió “desestimar de plano el recurso de reposición, y declarar inadmisible el recurso de apelación”. El juez argumentó tal decisión debido a “la gravísima situación económico-financiera” que sufría la institución Casa de Galicia, lo que “hacía inviable cualquier salida que implicara una hipótesis de continuidad empresarial, ya que con los fondos disponibles la concursada no podía hacer frente a los más básicos costos operativos”; por lo que aseveró que cerrar el establecimiento fue “la solución adecuada a la gravísima crisis asistencial que se estaba verificando” respecto de los usuarios y los trabajadores.
No obstante, la empresa interpuso un recurso de queja por la denegación de la apelación, y el pasado miércoles 2 de febrero, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno entendió que “estuvo mal rechazada” y le pidió el juez que “le dé trámite”.
Penadés destacó “voluntad de diálogo”
La negociación fue el principal motivo de la dilatación del comienzo de la sesión que estaba prevista que se inicie a las 9:30, y finalmente comenzó cuatro horas después. Asimismo, senadores oficialistas y opositores afinaron algunos detalles del articulado que habían negociado previamente, aunque en plena sesión se hicieron otros cambios.
El senador nacionalista Gustavo Penadés fue el primero en tomar la palabra y sostuvo que el proyecto de ley que fue elevado por el Poder Ejecutivo “está sustanciado en la necesidad de proceder –lo antes posible– a regularizar la situación que se ha generado producto de la sentencia” del juez Méndez, que decretó el cese de las actividades de la Sociedad Civil Casa de Galicia; y como consecuencia de esa decisión, “los usuarios de dicho prestador de salud han quedado en una situación de vulnerabilidad”, señaló.
Penadés destacó la “voluntad de diálogo” de todos los actores involucrados, lo que permitió llegar a un acuerdo, tras una “dificultosa” y “delicada” negociación. Asimismo, el senador reconoció el rol de la coalición y en especial de la oposición, con quienes se logró un acuerdo político para llegar a una solución que contó con un “consenso muy amplio” y el “aporte” de todas las bancadas parlamentarias. Además, Penadés subrayó la “creatividad encontrada” para que los prestadores de salud pudieran absorber proporcionalmente a usuarios y trabajadores de Casa de Galicia.
Si bien el legislador indicó que el texto es “perfectible”, sostuvo que se ha podido alcanzar “un muy buen acuerdo que garantiza a los usuarios la posibilidad de la atención de la salud y a los trabajadores la posibilidad de mantener sus fuentes laborales”.
Respecto a la situación judicial -pendiente- el senador manifestó que el proyecto “no pretende intervenir en absolutamente nada el trabajo del Poder Judicial en relación a estos temas”, pero sí busca “enfrentar una realidad que fue la que permanentemente ha sido puesta de manifiesto por el gobierno y el Ministerio de Salud Pública: garantizar a los usuarios la mejor calidad en la prestación médica, no pudiendo hacer peligrar, por ninguna circunstancia, la salud y hasta la propia vida de los usuarios”.
Olesker valoró el activo sanitario para el SNIS
Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Olesker subrayó que se haya podido transformar el proyecto original que contaba con un único artículo y que a su entender era “muy poco”, ya que no se brindaba garantías para la situación de los trabajadores.
Olesker destacó el proyecto de ley logrado tras el acuerdo, dado que este contempló “tres objetivos” que la oposición planteó durante el proceso: “la permanencia de la infraestructura como activo sanitario del Sistema Nacional Integrado de Salud; la atención a los usuarios; y la estabilidad de las condiciones de los trabajadores. En ese sentido, el parlamentario recordó que el proyecto original solo hacía referencia a los trabajadores dependientes, por lo que valoró que el nuevo proyecto de ley acordado contemple –en la distribución a otras mutualistas– a cualquiera que haya trabajado en Casa de Galicia de forma permanente, sin importar la forma jurídica.
También destacó la existencia de un sistema estatal de salud “sólido”, que permite que los usuarios puedan optar por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y que, a su vez, ASSE pueda presentarse en el proceso concursal para poder adquirir la infraestructura sanitaria de Casa de Galicia.
En lo laboral, Olesker valoró que el proyecto propone “llevar la discusión sobre las condiciones finales de ingreso y redistribuciones al Grupo 15 del Consejo de Salarios” y, en materia de usuarios, reconoció que se haya aceptado el planteo del FA respecto a que los “criterios de asignación a las mutualistas sean lo más respetuosos de la estructura del sistema”. Sostuvo que es una buena solución que las mutualistas designadas por el Poder Ejecutivo “no tengan una gran población de mayores de 65 años” para mantener el equilibrio etario, al mismo tiempo que entendió pertinente “equilibrar y evitar concentración” a la hora del reparto de socios en las mutualistas.
Para Domenech la solución es “razonable”
En tanto, el senador cabildante Guillermo Domenech remarcó que este proyecto de ley “aporta una solución razonable al problema de los usuarios y los trabajadores”. Señaló que “tenemos que ser conscientes de que acá esté en juego la salud pública”. Si bien lamentó la situación de la mutualista, advirtió que esta “no se ha podido recuperar de las dificultades financieras”, a pesar de continuas ayudas del Estado.
Expresó que su partido apoyará el proyecto “con la más absoluta convicción –y con todo respeto a la historia de esta institución española– de que” se está “salvaguardando la salud de 40 mil personas y el trabajo de aproximadamente de dos mil trabajadores”.
Respecto de la situación jurídica de la institución, propuso acompañar modificaciones los que finalmente se realizaron en el desarrollo de la sesión y se incorporaron al texto. Domenech sugirió “que sea la propia ley que disponga la liquidación de Casa de Galicia”, a efectos de no estar sujeto a un recurso de apelación.
Botana sostuvo que reestructura es viable
Por su parte el nacionalista Sergio Botana fue uno de los dos senadores que no acompañó el proyecto. Señaló el “riesgo” que representa “desde el punto de vista jurídico” y se preguntó “cuál es la razón por lo cual antes de que el difunto esté muerto nos vamos a empezar a repartir sus pilchas”, argumentando que se está “frente ante una decisión del Tribunal de Apelaciones que habilita la defensa de Casa de Galicia”.
Botana cuestionó que la dada por el proyecto sea la solución más sabia. Expresó que una reestructura es “viable” y que eso “al Estado le va a costar diez veces menos”. Dijo estar “convencido de que Uruguay debe hacer el máximo esfuerzo por preservar esta institución”, como lo ha hecho durante la pandemia con muchas otras empresas.
El proyecto de ley aprobado
El mismo consta de ocho artículos, uno más que el texto que ingresó a la Cámara.
El 1° faculta al Poder Ejecutivo a “determinar los prestadores de asistencia integral de salud a los cuales se destinarán los afiliados” de Casa de Galicia. La determinación de prestadores “se realizará entre aquellas instituciones elegibles de conformidad a la nómina y criterios regulados en el artículo 2°, a los efectos de garantizar la cobertura universal, la accesibilidad y sustentabilidad de los servicios de salud, la eficacia en términos económicos y sociales, y el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y la capacidad sanitaria instalada y a instalarse”.
El art. 2 estipula los criterios para la ejecución de lo referido en el primer artículo. El padrón de usuarios “no podrá exceder de los 100 mil; no podrá estar compuesto por más del 20% de su totalidad, de personas mayores de 65 años” y “el incremento de la cantidad de usuarios no podrá superar el 15% del padrón total a la fecha de la vigencia de la Ley”. Los prestadores de asistencia integral de salud que, cumpliendo con los requisitos dispuestos anteriores, “deberán tener su sede principal o secundaria en las ciudades de Montevideo, La Paz y Las Piedras”. En tanto, se ponderará “la cantidad de camas de cuidados moderados y de centros de terapia intensiva (CTI) respecto al número total de usuarios; y la situación de endeudamiento y resultados operativos”.
El art. 3 determina un plazo de 30 días para que los usuarios cambien de prestador. El art. 4 se refiere a los criterios para la distribución de “trabajadores dependientes”, para lo cual está previsto que se presente una “base de datos” en el Consejo de Salarios. El art. 5 prevé una solución similar (a la prevista en el art 4.) para los “trabajadores profesionales universitarios y técnicos especialistas, en ejercicio libre de su profesión, que se encontraran prestando servicio de manera efectiva y regular al 31 de diciembre de 2021, así como trabajadores que sean titulares de empresas unipersonales o formen parte de cooperativas de trabajo o empresas regularmente constituidas”.
El art. 6 (que fue adherido en la Cámara) estipula que “la entrada en vigencia de la presente ley habilita a disponer la apertura de la etapa de liquidación de Casa de Galicia en los términos del art. 168 de la Ley N° 18.387 (2008)”, y “se declara aplicable a ese proceso de liquidación, lo dispuesto por el art. 171” de la misma norma citada, “de manera de asegurar el destino sanatorial del principal activo de Casa de Galicia”.
En tanto, el art. 7 faculta a ASSE a poder “presentarse en los procedimientos de ventas de bienes muebles, inmuebles o intangibles, propiedad de la institución Casa de Galicia”; y el art. 8 habilita al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente ley.
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