Varios representantes políticos manifestaron su discrepancia con el proyecto de ley que establece que todos los candidatos a la presidencia de forma obligatoria participen en debates públicos televisados, en la previa a las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo 27 de octubre.
El principal cuestionamiento sobre la iniciativa presentada por Amado y consensuada con la bancada frenteamplista, surgió desde que se dio a conocer que la grilla de debates sea formada a partir de los resultados de las elecciones nacionales de 2014, en primera instancia, y después según los resultados de las pasadas elecciones internas. Dicho acuerdo parlamentario establecía que Daniel Martínez (FA) tuviera que debatir con Luis Lacalle Pou (PN), Ernesto Talvi (Partido Colorado) con Pablo Mieres (Partido Independiente) y luego debería realizarse un debate de a tres oradores, entre Gonzalo Abella (Unidad Popular), César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente) y Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores). Según esa lista preestablecida, los otros debates deberían ser entre Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Edgardo Novick (Partido de la Gente) y Daniel Goldman (Partido Digital) con Gustavo Salle (Partido Verde Animalista).
Ante esta reglamentación, el economista Ernesto Talvi escribió en su cuenta de Twitter que el proyecto de ley de debates obligatorios “es pésimo” y además es “un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, que optarán por Netflix” ironizó el candidato colorado. Sobre estos dichos el dirigente independiente, Daniel Radío, le contestó a Talvi en la misma red social: “¿Entendí mal, o Ernesto Talvi entiende que debatir con Pablo Mieres es un insulto a la inteligencia? Ojalá sea un mal entendido”. El propio Talvi no demoró en contestarle a Radío, que lo que para él es un insulto a la inteligencia es “el procedimiento de seleccionar quien debate contra quien, sobre la base de los resultados de la elección del 2014. Así como está planteada esta ley es un verdadero engendro” finalizó. El hilo fue continuado por el abogado Gustavo Salle que invitó a debatir a Talvi; “Estoy seguro que es la misma lógica que utiliza usted, de lo contrario debata conmigo”, acusó Salle.
Uno de los primeros en manifestarse en contra del proyecto fue el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que en diálogo con Montevideo Portal planteó ciertas objeciones de fondo a la propuesta legislativa. Goñi dijo rechazar la propuesta “no solo por la inoportunidad por estar inmersos en tiempo electoral, sino también porque afecta nada menos que a la libertad electoral”. Además, agregó que “sin ánimo de dramatizar, no se puede soslayar que la regulación propuesta arriesga innecesariamente censuras a los candidatos electos”. También mostró su desacuerdo “con el criterio que establece quién debate con quién” y argumentó que “se está censurando a candidatos que pueden estar en otras posiciones”. Goñi se mostró a favor de que se realicen este tipo de instancias ya que “la enorme mayoría de la población quiere que haya debates” pero mencionó que si “todos los candidatos han comprometido su voluntad de debatir ¿para qué vamos a hacer una ley?”.
El que también cuestionó la fórmula propuesta en el texto que define los cruces de debates fue el diputado colorado Ope Pasquet. En diálogo con Radio Uruguay dijo que esta es “una manera de establecer de antemano que hay debates más importantes que otros”. Pasquet también puso en tela de juicio las sanciones para quienes no participen en el debate. Las mismas establecen que los partidos políticos que se nieguen a participar no percibirán la contribución del Estado para los gastos de la elección nacional. Las observaciones de Pasquet y las objeciones de Goñi fueron determinantes para que la votación que estaba prevista en la Comisión de Legislación, Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes postergue la discusión por pedido expreso del PN.
Previo al aplazamiento de la votación que se iba a desarrollar el pasado miércoles en Diputados, el presidente de la comisión, José Carlos Mahía, advirtió que el oficialismo tiene la intención de que esta medida quede vigente para las elecciones de octubre. Para el legislador frenteamplista la norma intenta promover un “escenario democrático de acceso a la información, de confrontación de ideas, programas y propuestas, sin generar previamente ningún tipo de concesiones a partido político alguno”. El proyecto también prevé que se realicen debates entre los candidatos a intendentes en los diecinueve departamentos, que será por lo menos entre dos postulantes de diferentes partidos.
Otras polémicas sobre la mesa de debate
La celebración de los debates será en el período dispuesto por la ley, coincidente con el período en el que los partidos políticos estén habilitados a realizar publicidad electoral y hasta una semana antes de desarrollarse las elecciones. Por otra parte, estos encuentros serán difundidos en vivo por Cadena Nacional de Radio y Televisión en horario central.
Los debates serán organizados por la Corte Electoral, organismo neutral a los intereses de los partidos políticos, y a instancia de una lista de periodistas “de prestigio profesional y de reconocida trayectoria” elaborada por la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), la Corte seleccionará a los moderadores considerando criterios de paridad de género.
Sobre este aspecto, la diputada frenteamplista por la lista 711, Susana Andrade, cuestionó que el texto del proyecto “es de carácter machista” y no lo votará si no se corrige advirtió. La discordia de Andrade es por la continua referencia en el documento a “candidatos” y “moderadores”, por lo que propone que se refiera a “personas” para ser más inclusivo.
A la interrogante de cómo se pondrá de acuerdo la APU para confeccionar una lista que dejé contentos a todos los periodistas que trabajan en el país, se suma la duda que planteó el diputado suplente del PN, Pablo Díaz Angüilla, sobre cómo se comercializará la publicidad, ya que en ningún ítem del proyecto lo aclara. Sobre este punto en cuestión, Mahía manifestó: “sinceramente, no tengo la respuesta a esa pregunta”.
