El economista y director de UTE, Enrique Pees Boz, respondió las recientes críticas del exdirector de Energía, Ramón Méndez, y aseguró que hubo una “privatización elocuente” en el período 2010-2020, que determina que hoy la empresa pública produzca dos tercios de la potencia disponible y deba pagar a privados cientos de millones de dólares anuales por “contratos inexplicables”.
¿Cuáles son las grandes definiciones estratégicas que está tomando UTE en este período con respecto al anterior?
No solo es UTE, sino también el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Luego de aquella generación del cambio de la matriz eléctrica que arrancó por el 2010, y que yo he cuestionado bastante por los excedentes que provoca, en este período se ha puesto el énfasis en la segunda generación, es decir, en tratar de ver cómo utilizamos esos excedentes. Allí se encuentran temas como el hidrógeno verde y la movilidad eléctrica.
Las decisiones erróneas del período 2010-2020 generaron excedentes que yo cuantifico en más de US$ 200-300 millones anuales. No fue una buena herencia la que recibimos, pero estamos tratando de corregirla, buscando alternativas para utilizar esa energía que tenemos y que si no colocamos es una pérdida implícita.
Por otro lado, te agrego la energía en el ámbito rural, que avanza muy bien.
¿Cuáles fueron esas decisiones erróneas?
El límite que se había establecido era 300 kWh y a lo largo de ese período se llegó a 1500 en contratos inexplicables en algunos casos, como parques fotovoltaicos que se contrataron por 20 y 30 años comprometiendo a UTE a pagar US$ 129 el MW, lo que hoy no cuesta más de US$ 20. Esos disparates y despilfarros que se cometieron, por 15-20 años más lo va a seguir pagando el pueblo a través de las tarifas.
Estamos tratando de darle solución a eso; es muy difícil porque son convenios que de ser violados comprometen la reputación del país, entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Estos contratos solo pueden cambiarse de común acuerdo, cosa que es complicada. Recibir US$ 129 por algo que hoy cuesta US$ 20 es un gran negocio.
¿Qué implicancias tienen para UTE los compromisos que asumió el país en la COP26?
Concretamente, ¿cuáles?
Por ejemplo, dejar de utilizar los combustibles fósiles, lograr mayor sustentabilidad, trabajar en el cambio climático.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con el cambio de la matriz eléctrica que fomenta las energías renovables. Parecería como una contradicción de mi parte, pero no es así, porque yo coincido con el cambio y la incorporación de energías renovables, con lo que no estoy de acuerdo es con la forma en la que se hizo, comprometiendo a la sociedad a pagar precios abusivos.
Nosotros ya tenemos un porcentaje elevado de energía eólica, fotovoltaica y biomasa, que además es muy superior a los países europeos. El tema es la manera en la que se hizo. De la potencia disponible de UTE hay un 33% o más que se privatizó, o sea, hoy UTE es la empresa pública que produce dos tercios de la potencia disponible, por lo cual hubo una privatización elocuente en el período 2010-2020.
Recién mencionaba el hidrógeno verde, que es algo que suena novedoso, pero, ¿cuál es el costo que puede tener un proyecto de ese tipo para el país?
Por ahora lo que hay son manifestaciones de interés por parte de algunas empresas internacionales privadas. Esto es un tema del MIEM y nosotros hemos participado, de hecho, el vicepresidente de UTE (Julio Luis Sanguinetti) acompañó a la delegación que fue a Europa. También acá acordamos participar en un proyecto piloto muy pequeñito para movilizar 10 camiones en el territorio nacional, que lo que trata de probar es si somos capaces de producir el hidrógeno a nivel comercial, entonces, vamos a aportar energía eléctrica.
Hay empresas privadas interesadas en utilizar nuestra energía y ahí viene el problema, porque como te decía, se ha generado un mercado imperfecto, y ahora empresas vinculadas a los contratos PPA están iniciando inversiones. Hay una en Salto que fue apoyada por el intendente (Andrés) Lima, que está buscando instalarse no solo para darles energía a empresas privadas que se dediquen a producir hidrógeno, sino también para tratar de llevarse a los grandes consumidores que tiene UTE, que son el 20%. Por lo tanto, es muy difícil competir con aquellos que trabajan en el margen, es decir, que no tienen que hacer frente a pagar por 15-20 años US$ 129 cuando ellos se pueden instalar a US$ 20. Es muy fácil convencer a cualquier gran consumidor de irse con ellos.
Para UTE se presenta un panorama muy difícil en el sentido de que tenemos que competir con empresas sin mochila, cuando nosotros tenemos una mochila muy pesada. Estamos trabajando para salir adelante, por un lado, tratando de bajar los costos de estos contratos, negociando, y por otro lado tratando de que esos grandes consumidores no se vayan.
Considerando que un país de ingresos medios como este se está embarcando en un plan de energías renovables llevado adelante por los países ricos, ¿cree que Uruguay puede darse el lujo de hacer punta en esto, o sería más conveniente ir más despacio y dedicar los escasos recursos fiscales a otras prioridades?
Yo no volvería a repetir el nefasto ejemplo de Gas Sayago, trataría de que sean los capitales privados los que asuman el riesgo. Yo no cargaría en las arcas del Estado con una aventura, porque cuando tú produces para un ámbito geográfico como Uruguay, es una cosa, pero Gas Sayago no era un negocio para el mercado uruguayo, sino para venderle el gas a Argentina. La realidad demostró que no puedes hacer un macroproyecto, invertir dinero del Estado para algo que está jugado a que Argentina, como ocurrió, te diga “no les compramos”. Ese fue el principio del fin, por más de que después se trató de salvarlo durante muchos años. Yo quisiera que con esto no pase lo mismo, que no hagamos una aventura con fondos fiscales invirtiendo más allá de este proyecto piloto hasta que realmente exista el mercado.
El exdirector de Energía, Ramón Méndez, dijo a Búsqueda que la política energética no tiene “rumbo” y el gobierno “no sabe cómo” bajar las tarifas para cumplir su promesa electoral. ¿Qué opinión le merece?
Méndez tuvo desde la Dirección de Energía del MIEM de 2010 en adelante, prioritaria actuación en Gas Sayago y en la primera generación del cambio de la matriz energética. El directorio de UTE de entonces concretó los factores causales de las tarifas más caras de la región que el Uruguay presenta: la firma de contratos PPA por los que UTE se comprometió a 20 y 30 años a comprar todo lo que los generadores privados producen, a precios irracionales, como decía anteriormente.
Además, no es cierto lo que Méndez dijo sobre que “las tarifas de UTE no bajaron”. En los 12 meses transcurridos hasta el 30 de abril, se han reducido en términos reales un 5,87%, sin perjuicio de las bonificaciones que durante la pandemia aún en curso se otorgaron por más de U$S 30 millones. Por otra parte, cabe preguntarse si el Dr. Méndez considera incorrecto que una empresa pública contribuya con el Estado en la atención de las necesidades generadas durante este período de gobierno.
Sus propuestas condujeron al despilfarro de fondos públicos en la regasificadora y a que se quintuplicaran contratos PPA que hoy y por 15 o 20 años más condicionarán el nivel de las tarifas de UTE, cargando con la mochila de US$ 500 millones anuales por los pagos de energía comprada a privados. La segunda generación en marcha busca colocar inexplicables excedentes que en su administración contrataron, por cifras anuales de más de U$S 200 millones.
TE PUEDE INTERESAR
