Se realizó el seminario internacional “Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y convocado por la Presidencia de la República. El evento reunió a destacados expertos internacionales para debatir la posible creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el país.
El Ministerio de Justicia que planea crear el gobierno ha recibido críticas desde la oposición, y el presidente Yamandú Orsi indicó que solo se podría llevar adelante si existe un amplio consenso. Hay que destacar que, en los programas del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, estaba la propuesta de crear un ministerio de estas características que, básicamente, atendiera la administración de las cárceles y otros aspectos, como la defensa del país frente a demandas internacionales.
Durante su intervención, Orsi destacó la necesidad de fortalecer el acceso a la Justicia, superar el conservadurismo institucional y construir un consenso político para avanzar en esta iniciativa. Comenzó reconociendo que aunque algunas ideas puedan parecer obvias no siempre lo son para la opinión pública. “Vivimos momentos donde lo obvio quizá no sea tan obvio”, dijo. Señaló que, durante la campaña electoral, al hablar de seguridad y justicia, percibió que la ciudadanía no siempre tiene claro el concepto de acceso a la Justicia. Sobre este punto, sostuvo “decir que queremos una Justicia que funcione bien y que la gente tenga acceso a la Justicia es bien recibido, pero me llama la atención cómo a veces eso no está en el radar”. En este sentido, subrayó que los problemas de seguridad no se resuelven únicamente a través del Ministerio del Interior y la Policía, ya que “es obvio que el acceso a la Justicia es una condición fundamental. Es obvio que una Justicia que funcione bien resuelve bastante mejor nuestros temas de convivencia”.
El presidente destacó que los principales partidos políticos del país incluyeron en sus programas la intención de avanzar hacia la creación de un Ministerio de Justicia, lo que considera un “buen punto de arranque”. Sin embargo, advirtió sobre el peso del conservadurismo uruguayo y la mala fama del concepto de Ministerio de Justicia debido a su asociación con la dictadura. “Somos conservadores, si hacemos alguna transformación, que no se note mucho”, indicó. A pesar de esto, abogó por un enfoque audaz para que “el conservadurismo que tenemos no nos impida pensar con audacia”.
Orsi enfatizó que la creación de un ministerio requiere un consenso político sólido para evitar que el proyecto se estanque. “En un tema como este, no me parece correcto que se envíe un proyecto, se levanten las manos, se consiga la mayoría o no, y se cree. Se precisa un consenso mínimo”, señaló, y añadió “llegaremos hasta donde llegaremos”. Criticó la sobrecarga de funciones en el Ministerio del Interior, que asume responsabilidades que exceden su ámbito, ya que “hemos hiperdimensionado los roles del Ministerio del Interior. Sería hasta un abuso”. También mencionó que otras carteras, como el Ministerio de Educación y Cultura, tienen relación con el tema de la Justicia, lo que refuerza la necesidad de una institución específica.
El presidente abordó desafíos estructurales del sistema judicial, como las condiciones precarias en las que trabajan algunos funcionarios. También hizo referencia a la situación carcelaria. “Nuestras cárceles están llenas de jóvenes adictos y pobres”, manifestó. En este contexto, llamó a reconocer los problemas y a no ignorar realidades como el crimen organizado, que, aunque históricamente percibido como ajeno, afecta a Uruguay: “Nos cuesta entender que el problema está aquí, y eso, que es un tema macro, se vincula con lo micro de manera dramática”.
Sin embargo, el senador nacionalista Javier García había señalado horas antes que el Ministerio de Justicia “significa que se termina con la independencia del Poder Judicial. Sería absolutamente contrario a la independencia del Poder Judicial, a la separación de poderes. Una fiscalía que tiene un centro de operaciones políticas y una Justicia politizada por el Poder Ejecutivo es la antítesis de la democracia”. Dentro de la oposición, una de las mayores preocupaciones es que el ministro designado sea el actual prosecretario de la Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, quien ha sido fuertemente criticado en los últimos meses. En el seminario estaba presente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, quien, al comentar la iniciativa de crear un Ministerio de Justicia, dijo “por ahora no hay ninguna postura. Hay que ver qué proyecto hay, mientras no se meta con nuestra competencia, no hay ningún problema”.
“Sorprendidos” por el debate
En el seminario fueron conferencistas Pilar Llop (España), Ana Linda Solano (Colombia) y Germán Garavano (Argentina), quienes exploraron experiencias comparadas, desafíos institucionales y la relevancia de esta iniciativa para fortalecer el Estado de derecho y enfrentar problemáticas locales y transnacionales.
Pilar Llop, abogada por la Universidad Complutense de Madrid, expresidenta del Senado español (2019-2021) y exministra de Justicia (2021-2023), expresó su sorpresa ante el debate en Uruguay. “Me sorprendí muchísimo, porque daba por hecho que no debía haber una discusión sobre una institución que, en mi país, en España, está consolidada desde el siglo XVII”. Explicó que el Ministerio de Justicia español, con raíces históricas en la Secretaría de Estado de las Indias, gestiona competencias clave como el acceso a la Justicia, concebido como un derecho humano. “La Justicia no es solo una facultad exclusiva de los jueces, sino también permitir que las personas puedan acceder a un abogado, a un defensor público, a un abogado de oficio”, afirmó. Llop destacó el trabajo de la Abogacía del Estado, que defiende los intereses del Estado en pleitos nacionales e internacionales “y hace un trabajo extraordinario y, económicamente, resulta muy rentable porque ahorra millones en arbitrajes complejos”. También resaltó la gestión penitenciaria en España, que, aunque depende del Ministerio del Interior, podría integrarse en un Ministerio de Justicia. “Prácticamente ocho de cada diez personas que salen en libertad condicional no reinciden, gracias a programas reeducativos y de rehabilitación”, señaló. Además, subrayó la importancia de abordar la cohesión social y territorial, especialmente en áreas despobladas con poblaciones vulnerables, como personas mayores o víctimas de delitos violentos, que enfrentan barreras para acceder a recursos judiciales.
La Justicia restaurativa
Ana Linda Solano, máster en ciencias jurídicas de Colombia, excoordinadora de la estrategia antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos y exdirectora de policías judiciales especializadas en la Fiscalía General de la Nación, centró su exposición en los desafíos de la criminalidad transnacional. “En el siglo XXI, no podemos obviar que las organizaciones criminales tienen la gobernanza de las personas en lo local, pero esto tiene una trascendencia global”, afirmó. Explicó que las economías ilícitas, facilitadas por redes de corrupción y plataformas financieras, se valen del comercio lícito e ilícito para el lavado de activos, siendo esto una de las formas más relevantes de criminalidad. Solano destacó cómo las organizaciones criminales aprovechan a poblaciones vulnerables, especialmente mujeres, que son cooptadas como “mulas” en el narcotráfico. “Los sistemas de justicia las ven como criminales, pero más del 80% de la población carcelaria femenina está asociada a delitos de narcotráfico”, señaló, subrayando que estas personas son “fungibles” para el crimen organizado. Propuso que un Ministerio de Justicia podría “hacer coherente la oferta del Estado en materia de Justicia” y promover enfoques como la Justicia restaurativa, inspirada en modelos como el de Canadá, donde “la sociedad se hace responsable de su criminalidad como fenómeno social”. Solano también destacó el caso de Medellín, donde alianzas entre la sociedad y las autoridades han permitido pasar de un enfoque de seguridad a uno de convivencia, reduciendo la influencia de las bandas criminales.
Uruguay y su falta de representatividad
Germán Garavano, abogado por la Universidad Católica Argentina, ex fiscal general de Buenos Aires (2007-2014) y exministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina (2015-2019), instó a Uruguay a mirar hacia el futuro. “Generalmente miramos las cosas con un espejo retrovisor, pero acá se discute el Ministerio de Justicia que estuvo en la dictadura y, en realidad, tenemos que mirar el futuro”, dijo el experto. Explicó que, en Argentina, el Ministerio de Justicia, consolidado en los años 90, actúa como un “puente de diálogo” entre la Justicia y la política, gestionando la Procuración del Tesoro, que se ocupa de litigios estratégicos e internacionales. “Cuando hemos tenido buenos equipos de abogados, hemos logrado ahorrar cientos o miles de millones de dólares”, afirmó. Garavano también destacó la importancia de los registros, como el de antecedentes criminales, que facilita la interconexión con el sistema judicial. En el ámbito internacional, señaló que Uruguay enfrenta limitaciones al no contar con un ministro de Justicia en foros como las reuniones de ministros de Justicia de las Américas o del Mercosur. A este respecto sostuvo que “Uruguay no está representado al más alto nivel porque no tiene un ministro de Justicia”. Además, en tratados de cooperación y extradición, como el acuerdo entre Argentina y Uruguay sobre alimentos en casos de familia, “la autoridad central en Argentina es el Ministerio de Justicia, mientras que en Uruguay es la Cancillería”. Garavano resaltó que un Ministerio de Justicia podría superar la fragmentación institucional actual, que representa “una de las grandes barreras que tiene el Estado para ayudar a la población en situaciones muy complicadas”.
TE PUEDE INTERESAR:
