El gobierno pretende acelerar la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como un medio para llevar adelante diferentes propuestas relacionadas con su programa de transformación en políticas de seguridad. La idea es que esté incluido en la Ley de Presupuesto y que funcione plenamente en 2026. Al incluirse en esta ley, la principal del gobierno, se le podrán asignar los fondos necesarios para los próximos cuatro años. La base para este ministerio estaría inspirada en el Ministerio de Justicia de Reino Unido.
Días atrás, regresaron de un viaje a Londres el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y el ministro del Interior, Carlos Negro. La embajada británica en Montevideo anunció que el viaje tuvo como objetivo conocer la experiencia del proceso de creación del Ministerio de Justicia británico en 2007. “El objetivo es contribuir a la planificación que el gobierno uruguayo está llevando adelante para la creación de su Ministerio de Justicia, así como intercambiar experiencias sobre una prioridad para ambos países, como es la seguridad”, indicó el embajador británico en Montevideo, Mal Green.
Una de las reuniones que mantuvieron fue con el subsecretario de Justicia, Lord Ponsonby. Sí, este Ponsonby es familiar de John Brabazon Ponsonby, quien actuó como mediador entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil, proponiendo como solución definitiva la independencia de la Provincia Oriental, que dio lugar a la creación del Estado Oriental del Uruguay en 1828 mediante la Convención Preliminar de Paz. También fueron recibidos en el Parlamento británico.
Carlos Negro había recibido críticas por parte del exministro del Interior, Nicolás Martinelli, por este viaje. “Necesitamos un ministro del Interior, no un ministro de Relaciones Exteriores que esté viajando. Lo precisamos aquí”, dijo Martinelli y agregó que Negro tenía “poco recorrido en las jefaturas y en el territorio, y mucho trabajo de oficina. En Montevideo ha recorrido una sola comisaría, y al interior solo ha ido a un departamento, que fue Durazno”.
Negro desestimó estos comentarios y afirmó: “Este viaje era particularmente importante porque trataba fundamentalmente de dos aspectos prioritarios para nosotros y el gobierno: la creación del Ministerio de Justicia y la preocupación por el auge de la cibercriminalidad. Queríamos conocer un modelo como el del Reino Unido en ambas cuestiones”. Sobre el Ministerio de Justicia británico, Negro, quien fuera fiscal, manifestó: “Todos sabemos lo que significa el Reino Unido en materia de desarrollo jurídico. Es un espejo en el que vale la pena mirarse”.
La historia del ministerio
El Ministerio de Justicia de Reino Unido, creado en 2007, nació como respuesta a la necesidad urgente de modernizar y centralizar un entramado de instituciones que habían funcionado de manera dispersa durante más de mil años. Cuando abrió sus puertas, heredó responsabilidades como supervisar el sistema de tribunales, administrar las prisiones, gestionar la libertad condicional y garantizar el acceso a la asistencia jurídica.
Otros ministerios de Justicia en diferentes países también comparten funciones básicas, como la gestión del sistema penitenciario, la promoción de derechos humanos y la coordinación con el sistema judicial.
En Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene competencias amplias que incluyen la política criminal, el sistema penitenciario federal, los registros públicos, la promoción de derechos humanos y la coordinación con el Poder Judicial. Dependen de él organismos como el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y el Instituto Nacional contra la Discriminación. También coordina las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el Judicial.
En Brasil, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública combina justicia y seguridad bajo una misma cartera. Sus funciones abarcan la política nacional de seguridad pública, el sistema penitenciario, la Policía Federal, la Policía Caminera Federal, los derechos humanos y la clasificación indicativa de espectáculos. También gestiona el registro de extranjeros y las políticas de refugio y migración. Es un ministerio con gran peso político debido a su control sobre las fuerzas policiales federales.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile se enfoca principalmente en la modernización del sistema judicial, la promoción del acceso a la justicia y las políticas de derechos humanos. Supervisa la Gendarmería de Chile (sistema penitenciario), el Registro Civil, la Defensoría Penal Pública y programas de resolución alternativa de conflictos. No tiene injerencia directa en la administración de los tribunales, que mantienen su independencia.
A nivel europeo, en España el Ministerio de Justicia se encarga de la administración de justicia, el régimen penitenciario, los registros civiles, la cooperación jurídica internacional y las relaciones con las confesiones religiosas. Gestiona la carrera judicial y fiscal, aunque los jueces mantienen su independencia. También supervisa las prisiones estatales y coordina con las comunidades autónomas que han asumido competencias en justicia.
El Ministerio de Justicia de Francia tiene competencias sobre la administración judicial, el sistema penitenciario, la protección judicial de la juventud y la política penal. Una característica distintiva es que el ministro de Justicia es también el Garde des Sceaux (guardián de los sellos), una función histórica que le otorga un rol ceremonial especial. El ministerio gestiona tanto la administración de los tribunales como las prisiones y tiene un papel importante en la elaboración de la política criminal del gobierno.
En Uruguay, los antecedentes del Ministerio de Justicia se remontan a 1976, cuando, en plena dictadura, el Acto Institucional Número 3 lo creó, asignándole “de acuerdo con las normas constitucionales y legales pertinentes, el orden de relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y demás entidades jurisdiccionales, excepto la militar”. Desapareció en 1985 con el retorno de la democracia, y sus tareas volvieron a ser administradas por la Suprema Corte de Justicia.
Propuestas partidarias
En las elecciones de 2024, varios partidos presentaron su intención de crear este nuevo ministerio, con pequeños matices. Por ello, desde el gobierno se considera que se obtendrán fácilmente las mayorías para aprobarlo.
El Partido Nacional incluyó en su programa electoral la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de centralizar y coordinar las políticas públicas en estas áreas estratégicas del Estado. La propuesta buscaba concentrar las funciones relacionadas con la Justicia y los derechos humanos bajo una sola cartera ministerial, lo que, según la colectividad política, permitiría “mejorar la eficiencia y efectividad del sistema” vigente. La iniciativa también apuntaba a reforzar el compromiso de Uruguay con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y justicia, consolidando el rol del país en el ámbito regional e internacional.
Entre los aspectos destacados se encontraba la incorporación de fiscalías especializadas y otras entidades que permitirían “una respuesta más eficaz y dirigida” a problemáticas específicas, como el lavado de activos y los homicidios. El proyecto contemplaba promover una mayor interconexión entre diferentes entidades estatales para optimizar el uso de recursos y esfuerzos en el sistema de Justicia. Asimismo, la propuesta incluía otorgar autonomía al Instituto Nacional de Rehabilitación, con un enfoque específico en la reinserción social sostenible, buscando mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.
El Frente Amplio también tenía en su plataforma electoral la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coincidiendo con la propuesta del Partido Nacional, pero con enfoques y alcances diferenciados.
La coalición de izquierda planteaba impulsar esta nueva cartera ministerial “con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI”, con el objetivo de fortalecer la especificidad de los poderes del Estado. La propuesta frenteamplista buscaba dotar de un mejor diseño institucional a diversas competencias que consideraba “dispersas y deficientemente articuladas”, incluyendo derechos humanos, prisiones, registros públicos, coordinación con servicios descentralizados ante órganos jurisdiccionales y políticas antilavado de activos, entre otras.
Un aspecto central de la iniciativa era el compromiso de llevar adelante políticas que aseguraran “condiciones de vida dignas y acordes a los derechos humanos” para mejorar la atención integral de las personas privadas de libertad. Una diferencia significativa con otras propuestas era el plan de retirar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la órbita del Ministerio del Interior para que pasara a depender del nuevo ministerio. Esta medida representaba un cambio estructural importante en la gestión del sistema penitenciario uruguayo, separándolo de las funciones policiales y de seguridad para integrarlo bajo una perspectiva más centrada en la rehabilitación y los derechos humanos. El Frente Amplio planteaba que el ministerio podría racionalizar la estructura de la administración, “incorporando bajo su órbita a los registros públicos y al sistema de cooperación internacional en materia de justicia, hoy dependientes del Ministerio de Educación”, y que tendría una “Dirección de Abogacía del Estado, que concentrará todos los procesos judiciales de los que el Estado uruguayo es parte”.
Por su parte, el Partido Colorado también incluyó en su programa electoral la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sumándose a las propuestas de los otros partidos principales, pero con un enfoque particular en el fortalecimiento del sistema republicano.
La propuesta colorada planteaba que esta nueva cartera ministerial no solo estaría a cargo de las políticas penitenciarias y la promoción de los derechos humanos, sino que también velaría “por el correcto funcionamiento del sistema republicano de gobierno” y la debida coordinación entre sus poderes. Dentro del Partido Colorado, el actual senador Pedro Bordaberry se opuso a la creación de este ministerio.
En el espectro político existe un apoyo más o menos generalizado para la creación de este ministerio, especialmente para centralizar actividades como las que lleva adelante el Instituto Nacional de Rehabilitación, a cargo de las cárceles. Sin embargo, algunos consideran si no se convertirá en una cartera diseñada a medida para el actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, por lo cual esperan conocer los detalles “finos” de la propuesta.
