El SIEE, de estrecho vínculo y confianza política con la Presidencia de la República, es la que debe formular el Plan Nacional de Inteligencia para cada contingencia, según los lineamientos estratégicos del Poder Ejecutivo.
El presidente electo, Luis Lacalle Pou, designó como director de la SIEE a quien fuera su asesor de seguridad durante la campaña electoral, Álvaro Garcé, el cual deberá ser confirmado por tres quintos del próximo cuerpo senatorial.
A su vez, la normativa prevé la creación de una Comisión Bicameral en el Parlamento Nacional, encargada de supervisar todas las actividades que desarrollen los órganos del Sistema de Inteligencia. Anualmente, la SIEE debe presentar a la Asamblea General del Parlamento, un informe que detalle todas las actividades de inteligencia y contra-inteligencia llevadas a cabo el año anterior.
Aprobación de la Ley 19.696 y los objetivos del Sistema de Inteligencia
El proyecto fue aprobado por unanimidad de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia e informado por el diputado frenteamplista, José Carlos Mahía.
Mahía remarcó que el objetivo era crear un “sistema de inteligencia en el cual las distintas áreas del Estado que se dedican a esa actividad, pero lo hacen en forma separada e incluso aislada, lo realicen en forma centralizada y sistematizada”. Para ese cometido se creó el cargo de “director general”, que oficia de coordinador de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Estado, propuesto a instancias del presidente y sus ministros, y designado con venia del Senado.
El diputado también explicó que la norma establece garantías en cuanto a que las líneas de investigación “no pueden traspasar los límites de la información personal o privada”; ya que la misma fija “sanciones a quienes eventualmente puedan divulgar información clasificada, estableciendo como conductas indignas de la representación”. Además, la ley hace referencia a que “para avanzar en determinadas prácticas tiene que existir la anuencia del Poder Judicial”. A su vez, comprende determinadas normativas para aquellos funcionarios que deban tener una identidad oculta o actuar como agentes encubiertos.
Para Mahía “se trata de un proyecto que otorga derechos y garantías” a los ciudadanos en cuanto a “la seguridad que el Estado tiene que brindar”; y también “es estratégico desde el punto de vista político, porque le da a Inteligencia un rango sistémico, legal y pone al Parlamento a controlar cualquier tipo de exceso”.
Mahía explicó que la norma establece garantías en cuanto a que las líneas de investigación “no pueden traspasar los límites de la información personal o privada”
Los principales lineamientos de la nueva secretaría de inteligencia
En una entrevista, realizada a mediados de diciembre del año pasado, en el programa En Perspectiva, Garcé, indicó que la SIEE será una “oficina estratégica cercana al presidente y llamada a desempeñar un papel fundamental en el próximo gobierno”. Además, dijo que el cargo que ocupará requiere mantener un “perfil bajo” y una “exposición mínima frente a los medios, como corresponde a cualquier jerarca de servicios de inteligencia, actividad en la cual se requiere discreción”.
Sobre la impronta que tendrá la SIEE bajo su dirección, manifestó que la seguridad pública será una de las prioridades del órgano, porque entiende que actualmente hay “una crisis en seguridad que ha llevado al delito a niveles inéditos” por lo que se “requiere una respuesta muy firme del Estado en el menor plazo posible”. También indicó que el rediseño de la SIEE será en el “fortalecimiento y eficacia, para conseguir los mayores resultados que sirvan en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas”; labor que se desarrollará “con transparencia” actuando siempre “dentro de los límites constitucionales”.
Al mismo tiempo, Garcé, mencionó que su gestión apuntará a “superar definitivamente los minifundios” que existían previo al comienzo de la coordinación de las tareas de inteligencia -2010-, “que han tenido un grado de independencia demasiado amplio y que han sido muy perjudiciales” afirmó.
Quien se desempeñó como Comisionado Parlamentario Penitenciario entre 2005 y 2014, indicó que una “tarea muy sensible son las cárceles”, desde donde se articulan “redes de narcotráfico, extorsión y otras actividades” del crimen organizado “que hoy disfrutan y capitalizan facilidades que nunca habían tenido” porque “no se han tomado las medidas necesarias de prevención y regularización de las comunicaciones para encausarlas por la vía de la legalidad”. Garcé, advirtió que “el sistema de seguridad penitenciaria está claramente debilitado, resultado de decisiones equivocadas que concluyeron en una pérdida del control”.
El abogado remarcó que el combate al crimen organizado es un “aspecto central” para la SIEE y se trabajará en “coordinación y articulación” con el Ministerio Interior y Defensa Nacional para ese objetivo. Pero “no es el único” cometido afirmó, otros de los desafíos concretos que señaló tienen que ver con la custodia de fronteras, la prevención de posibles ataques terroristas y de ciberataques.
Garcé mencionó que su gestión se enfocará también en “recuperar el dominio de todo el territorio nacional, que implica el interior profundo, zona liberada para el abigeato, el contrabando y otras actividades ilícitas”.
En cuanto a la capital del país, señaló la importancia de volver a controlar los barrios considerados como zonas rojas “donde no entran las ambulancias y la policía es agredida”.
Otra “asignatura pendiente” a la cual apuntó Garcé es el combate al narcotráfico transnacional. Para esa tarea entiende que su oficina deberá tener una “participación muy activa”, para “fortalecer los controles” aduaneros y fronterizos. Dijo además que se trabajará en conjunto con Aduanas y la Dirección Nacional Impositiva en la prevención y el combate a la corrupción dentro del Estado.
El combate al crimen organizado es un “aspecto central” para la SIEE y se trabajará en “coordinación y articulación” con el Ministerio Interior y Defensa Nacional
Sobre la transición de la SIEE, Garcé indicó que esta se desarrolla de buena manera debido a su estrecha relación con el actual director de inteligencia, el General Washington Martínez. Ambos entienden necesario que la secretaría, -hasta ahora financiada con recursos de Presidencia-, a partir del próximo presupuesto, sea dotada de tecnología y capacitación, sobre todo para los asuntos económicos, industriales, tecnológicos y de seguridad informática.
Antecedentes de los sistemas de inteligencia en Uruguay
El “Servicio de Inteligencia y Enlace”, creado en 1947, bajo la órbita de la Jefatura de Policía de Montevideo, fue la primera oficina de inteligencia que funcionó en Uruguay. Sus principales competencias eran investigar delitos contra la soberanía del Estado, contra los Estados extranjeros, sus jefes o representantes; delitos contra el orden político interno del Estado; delitos contra la paz pública; delitos contra la seguridad pública; conflictos obreros y actividades antinacionales.
Con los mismos cometidos que la anterior, en 1967 se creó la Dirección de Información e Inteligencia (DII); y en 1971, tras la aprobación de la Ley Orgánica Policial, se creó la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), como un servicio policial especializado, cuya finalidad esencial era prevenir y reprimir los hechos que tiendan a subvertir o destruir la organización institucional democrático-republicana de la Nación. Desde mayo 1978, mediante un Decreto del Poder Ejecutivo, la DNII se institucionalizó estructuralmente como un Servicio Nacional, dependiendo directamente del Ministerio del Interior.
En la dictadura cívico-militar (1973-1985), la DNII fue un eslabón de los servicios de inteligencia enlazados con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), la Compañía de Contra-Información y el Servicio de Información y Defensa del Ejército (SIDE); la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Naval (DIPRE – Marina) y el Servicio de Información de Defensa (SID).
En 2005, Tabaré Vázquez creó la Oficina de Coordinación de los Servicios de Inteligencia del Estado, pero el primer coordinador fue el ex tupamaro, Augusto Gregori, designado por José Mujica en 2010; el que terminó renunciando a su cargo en 2013, por internas políticas y diferencias con los propios sistemas de inteligencia. Gregori fue sustituido por el General del Aire (R), José Bonilla.
Luego de varios años de discusión política, en octubre de 2018, el Parlamento Nacional aprobó finalmente el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE), a partir de un texto elaborado por la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado, creada en 2011; la que recogió algunos cometidos estipulados en la Ley Orgánica Policial de 2015.
